Por tercera ocasión, la audiencia inicial del excandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber recibido presuntamente un soborno por 6.8 millones de pesos de la empresa Odebrecht, se difirió para el próximo año, pero esta vez un juez federal determinó que el panista deberá comparecer personalmente en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
Lo anterior fue determinado por el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, luego de que los abogados de Anaya Cortés, a quien la FGR busca acusar de los delitos de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) solicitaron que la diligencia se volviera de diferir debido a que “no alcanzaron a imponerse la totalidad de las constancias”, por lo que se trató del último diferimiento que el juez otorgó, informó el Consejo de la Judicatura Federal.
La sesión a la que asistió de manera virtual el político panista y su defensa no se prolongó por más de media hora, y ante la petición de sus abogados por diferirla, no hubo objeción por parte de los fiscales, ni de los representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por lo que audiencia fue programada para realizarse el próximo 31 de enero de 2022.
Pero a diferencia de los otros llamados que había hecho el juez en el sentido de que el exlegislador panista debía conectarse a las audiencias por videoconferencia desde el territorio nacional, lo cual no había cumplido el panista, con el diferimiento de la audiencia, el juez determinó que Ricardo Anaya deberá acudir en persona a los juzgados del Reclusorio Norte.
Fue precisamente en el Centro de Justicia Penal Federal de dicho reclusorio en el que el miércoles de la semana pasada un juez federal determinó cambiar la medida cautelar en contra del exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, cuya denuncia derivo en la acusación de la FGR en contra de Anaya Cortés, y resolvió imponerle la prisión preventiva justificada ante la “elevada necesidad de cautela” y las posibilidades económicas y de vínculos familiares para evadirse de la justicia.
Sobre la audiencia de Anaya y la posibilidad de que la Fiscalía solicitara la misma medida cautelar que la semana pasada le impusieron a Lozoya Austin, lo cual ya no ocurrió porque se reprogramó, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado para que su excontrincante electoral regrese al país y responda por las acusaciones en su contra.
“Que (Anaya) regrese, que informe, que aclare su situación. Y, además, la fiscalía o quienes lo acusan, pues tienen que presentar pruebas, no es nada más fabricar delitos; y dar la cara”, señaló el mandatario al asegurar que por parte de su gobierno no hay una persecución como ha acusado el panista.
