ACNUR exhorta a México a legislar en favor de desplazados internos
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, 12MARZO2018.- A una semana de plantón indefinido, desplazados del ejido Puebla, Chenalhó, quienes se encuentran en las afueras del palacio estatal en la capital chiapaneca, en rueda de prensa exigieron al gobierno la instalación inmediata del Consejo Estatal de Atención Integral de Desplazamiento Interno para dar atención a los desplazados forzados que aún existen en Chiapas y que hasta el momento no son atendidos, estuvieron respaldados por el diputado federal Guillermo Santiago. FOTO. JACOB GARCÍA /CUARTOSCURO.COM
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México carece incluso de un diagnóstico oficial comprehensivo y especializado sobre la situación de las personas internamente desplazadas
Ginebra.- La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Refugiados (ACNUR) exhortó al gobierno de México a implementar leyes similares a la que fue aprobada recientemente en El Salvador para proteger , ayudar y ofrecer soluciones para las víctimas de desplazamiento interno forzado en el país.
El Salvador adoptó por abultada mayoría una legislación para ofrecer soluciones duraderas a los desplazados internos en el país centroamericano y a quienes pudieran estar en riesgo de desplazamiento debido a la violencia del crimen organizado y las bandas criminales.
En este contexto, Elizabeth Throssell, portavoz del ACNUR, dijo a Eje Central que “es muy importante que países como México y otros países de Centroamérica consideren también la problemática del desplazamiento forzado interno y que adopten leyes similares a la legislación de El Salvador’’.
“El desplazamiento forzado interno es un problema que afecta a países como México y otros de la región’’, remarcó.
Según un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) se estima que al menos 338,405 personas han sido internamente desplazadas por la violencia en México de 2006 a la fecha.
Throssell reconoció el esfuerzo y trabajo conjunto de Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá que adoptaron la Declaración de San Pedro Sula en el 2017 y acordaron trabajar de forma conjunta en la implementación del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones para los refugiados conocido como (MIRPS) al que en julio de 2019, se sumó El Salvador.
“Este mecanismo fortalece la coordinación, la colaboración y la búsqueda de soluciones para los refugiados”. Sin embargo, Throssell consideró que el flagelo del desplazamiento interno forzado también debe ser prioridad en los países de la región.
Según ACNUR la legislación, aprobada por una abrumadora mayoría en la Asamblea Nacional de El Salvador el 9 de enero, “abre la puerta a decenas de miles de víctimas del desplazamiento forzado en el país para tener acceso a la asistencia humanitaria, para salvar vidas y para que sus derechos básicos sean restaurados, incluido el acceso efectivo a la justicia”.
La ley salvadoreña “también prevé el establecimiento, por primera vez, de un sistema nacional integral que reúne a una amplia variedad de instituciones del Estado para colaborar en la atención y prevención de desplazamiento forzado”.
Desplazamiento interno forzado incrementa en México
Según la CMDPDH “el desplazamiento interno forzado es una realidad que se incrementa año con año en México”.
Reconoce que tras un largo periodo de invisibilidad, en abril de 2019 el Estado mexicano reconoció oficialmente la presencia del fenómeno en el territorio.
“No obstante, todavía no se han implementado leyes, programas o políticas públicas para atender, proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas, ni para prevenir nuevos desplazamientos”, subraya.
Actualmente México carece incluso de un diagnóstico oficial comprehensivo y especializado sobre la situación de las personas internamente desplazadas.
“Esto significa que se desconoce la real magnitud del fenómeno, de modo que sus víctimas permanecen desatendidas. Ante este escenario, se han generado algunos esfuerzos para cuantificar el fenómeno”, argumenta el último informe de la CMDPDH.
El desplazamiento interno forzado es una violación a los derechos humanos que se presenta cuando personas huyen de su hogar o lugar de residencia hacia otra colonia, otro municipio de su estado o hacia otro estado del país para evitar o después de haber sido víctimas de una situación de violencia de un conflicto armado, de violaciones a los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano.
Según la CMDPDH además de ser una violación autónoma de derechos humanos, el desplazamiento interno forzado representa una violación compleja, debido a la vulneración agravada a múltiples derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales u otros derechos humanos.
Asimismo, “se trata de una violación continua y sostenida, cuya condición de vulnerabilidad de quienes lo sufren perdura hasta que logran una solución duradera, es decir, un retorno o reasentamiento asistido y en condiciones dignas y seguras”, recalca.
