La Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, documento que este viernes fue firmado por 35 países de América, incluido México, contempla una “operación encubierta” multilateral para desmantelar las redes de tráfico de personas en todo el hemisferio.
Presentado en la clausura de la IX Cumbre de las Américas, el operativo es considerado por la Casa Blanca como “la primera campaña de este tipo, sin precedentes en escala, para interrumpir y desmantelar las redes de contrabando en América Latina”, muchas de las cuales corren por territorio mexicano y centroamericano.
La operación encubierta multilateral en la región será encabezada por el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés).
La institución buscará ampliar los esfuerzos con otros gobiernos de la región para mejorar el intercambio de información, desarrollar capacidades y avanzar en las investigaciones criminales.
Abusos y explotación
El fenómeno de los migrantes que son víctimas de abusos y delitos como son el tráfico ilegal de personas con fines de explotación laboral y sexual, las extorsiones, secuestros, lesiones y hasta homicidios se trata de un problema creciente en el que se involucran tanto organizaciones criminales transnacionales, como la omisión e incluso participación de las autoridades.
Una cifra histórica en el número de detenciones de migrantes en la frontera sur de México —que en 2021 superó los 307 mil migrantes capturados por agentes migratorios, con apoyo de fuerzas federales como el Ejército y la Guardia Nacional— prendió las alertas de organizaciones como Human Rights Watch que ha documentado los abusos y violaciones a derechos humanos de los que son blanco tanto personas migrantes, como los solicitantes de refugio en el país, cuya mayor concentración se registra en Tapachula, Chiapas, con más del 70 por ciento.
En el caso de la frontera norte de México, el foco con la mayor cantidad de abusos y delitos cometidos contra las personas migrantes se ubica en la ciudad de Tijuana, Baja California, donde al igual que en Chiapas y otras entidades del país como Tabasco, Oaxaca, así como Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas, organizaciones civiles y el relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes han denunciado el alza de abusos debido a la participación de fuerzas castrenses como parte de la actual política migratoria en ambas fronteras.
Aunque precisamente en 2021 el gobierno de Estados Unidos consideró que “México no cumple plenamente las normas mínimas para la erradicación de la trata de personas”, sí reconoció su empeño por querer afrontar ese fenómeno; no obstante, llamó a intensificar las investigaciones y el enjuiciamiento de los involucrados en delitos como la trata y la explotación laboral tanto a nivel federal como estatal, sin embargo, mantuvo al país en el nivel 2 de su reporte sobre trata de personas.
Acciones contra traficantes
En los últimos dos meses, la DHS ha desplegado a más de mil 300 empleados en toda la región e invertido más de 50 millones de dólares para realizar actividades secretas contra traficantes de personas.
“Hasta fines de mayo, los esfuerzos han producido aproximadamente 20 mil acciones de interrupción total que incluyen arrestos y enjuiciamientos, incautaciones de propiedades como casas y vehículos utilizados para esconder y contrabandear personas e investigaciones criminales”, refiere un reporte de la Casa Blanca.
La DHS estima que estas acciones han llevado a que 900 migrantes menos lleguen a la frontera suroeste de Estados Unidos cada día.
