Un grupo de académicos y especialistas en derecho y seguridad pública advirtieron que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional y va en contra del Derecho Internacional de los derechos humanos. En un pronunciamiento firmado por más de 50 académicos y expertos de diversas instituciones, se presentan una decena de conclusiones que argumentan como la aprobación de dicha ley podría derivar en el aumento a las violaciones a los derechos humanos. Tras un estudio, los expertos afirmaron que La Ley de Seguridad Interior no representa la solución frente a la grave crisis de derechos humanos que enfrenta el país; además de que podría prolongar el estado de violencia. Ante esta situación, exhortaron al Senado a frenar la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior, con el fin de que continúe la discusión pública, incluyente y reflexiva. En los últimos años, especialistas en derecho constitucional, derechos humanos, derecho penal y seguridad pública de diversas universidades han realizado diversos foros con el fin de discutir las iniciativas de seguridad interior; el último de ellos llevado a cabo el pasado mes de febrero. Derivado de dicho estudio y la discusión técnica de la Ley de Seguridad Interior, los académicos presentaron diez conclusiones contundentes por las cuales su aprobación es inconstitucional, pues viola los artículos 1°, 6°, 21, 29, 73 y 129; además de ser contraria al Derecho Internacional de los derechos humanos. De acuerdo con su análisis, la Ley de Seguridad es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado mexicano, contraria al desarrollo jurisprudencial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como a diversas recomendaciones de organismos internacionales emitidas en el marco de la intervención de las fuerzas armadas. Los expertos también argumentaron que la Constitución no faculta al Congreso de la Unión para legislar sobre seguridad interior ni a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo las tareas de seguridad que realizan actualmente. Aseguraron que la iniciativa permitiría la intervención del gobierno federal para la implementación de acciones en el territorio de cualquier estado, por decisión del Poder Ejecutivo para proteger la seguridad interior, atentando contra el Federalismo. También denunciaron que la definición de Seguridad Interior es vaga e imprecisa, por lo que podría permitir calificar un conjunto muy amplio de conductas como riesgosas a la misma. Advirtieron que la información derivada de la aplicación de la Ley de Seguridad será reservada y clasificada; sin embargo, las autoridades y órganos autónomos quedarán obligadas a proporcionar cualquier información que les requieran las autoridades facultadas por la Ley (Foto: Archivo Cuartoscuro). MR
20 de Diciembre de 2024
