Académicos del IFC-UNAM rechazan la Ley de Ciencia

A más de un mes de la publicación de la Ley de Ciencia (Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación), académicos del Instituto de Fisiología Celular (IFC) de la UNAM mostraron su inconformidad ante “irregularidades” en el proceso de su aprobación, así como por acciones del Conacyt.

73 académicas y académicos de la UNAM, entre los que destacan los eméritos Federico Bermúdez Rattoni, J. Adolfo García Sainz, Victoria Chagoya de Sánchez y Antonio Peña Díaz, mostraron su profunda preocupación por la aprobación de la ley, pues señalan que “limita la libertad de hacer investigación y entorpece el progreso científico”.

“Hemos tomado la decisión de unirnos a otros institutos y grupos académicos y hacer pública nuestra desaprobación, así como la profunda preocupación que nos embarga debido al rumbo que podría tomar la ciencia en nuestro país”, manifestaron.

De acuerdo con el Colegio del Personal Académico del IFC-UNAM, la nueva Ley de Ciencia excluye la representatividad en un Consejo Directivo, priorizando la participación de representantes de las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina (Semar).

Señalan que se limita el financiamiento a muchas áreas de investigación importantes, pues se otorgará de acuerdo con una Agenda Nacional de investigación que atienda los problemas prioritarios o urgentes del país, mismos que serán definidos por el gobierno.

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También, acusan que permite la ausencia de una fiscalización y/o rendición de cuentas ya que el órgano Interno Consultativo será contralado por el Consejo.

Recordamos que la ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 8 de mayo, y entró en vigor un día más tarde.

En ella se refiere que durante un año continuarán vigentes las disposiciones reglamentarias y administrativas del Conacyt; tiempo en el que el nuevo Consejo General tendrá que expedir nuevas.

Falta de análisis exhaustivo

Los académicos también indicaron que la ley elimina la meta de inversión pública del 1% del PIB a la investigación, dejando la asignación del “incremento al del año anterior” a decisión del Poder Ejecutivo.

Además, pone en riesgo la formación de nuevos investigadores. “No solo es posible que se redefinan los criterios para otorgar becas a estudiantes de posgrado, sino también para respaldar los posgrados de calidad internacional”, advirtieron.

El Colegio también aseguró que se discriminará a colegas y estudiantes de instituciones de educación superior privadas, violando preceptos constitucionales, entre otras cosas.

Ante ello, afirmaron que le ley no recibió un debate adecuado por parte de las comunidades académicas, además de acusar a los representantes de emitir voto sin examinar la propuesta, “traicionando la confianza de aquellos que los eligieron”.

“Nos preocupa que no se haya sometido a un análisis exhaustivo en los siete foros parlamentarios abiertos originalmente propuestos en la Cámara de Diputados, los cuales habrían permitido la participación y el intercambio de opiniones obligatorias”, agregaron.

El Colegio también resaltó que el número de proyectos apoyados en la convocatoria 2022-2023 fue reducido, al igual que los recursos que originalmente fueron planteados. RM

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