En la inauguración del Foro Ciencia y Educación Superior en México: Momento Crítico, en el Senado de la República, Mauricio Merino, director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas de la Universidad de Guadalajara, dijo que en el encuentro habría tres peticiones básicas. La primera: “No permitir que el trabajo académico se juzgue en función de la filiación política de quien lo hace”.
“Que se juzgue lo que se hace, no quién lo hace”, pidió Merino, y enlistó criterios para evaluar el trabajo científico, entre los cuales no debería figurar la “simpatía o antipatía, para decirlo bien y claro, hacia el proyecto político del licenciado Andrés Manuel López Obrador”.
La segunda petición fue: “No acepten que se imponga un sistema de subordinación y control político-ideológico sobre las agendas de investigación, no permitan que haya una agenda única dictada por la obediencia al poder”, y la tercera, “no autoricen que se anule la pluralidad de pensamiento en las instituciones públicas”.
Merino agregó que desde que llegó al poder, “López Obrador ha menospreciado y estigmatizado el trabajo y la actividad académica de México, porque en su opinión respaldó el neolioberalismo y guardó silencio ante la corrupción y el abuso de poder”. Pero “estas afirmaciones son injustas e inexactas y abundan las evidencias que lo contradicen”, agregó.
El Foro se llevó a cabo con miras a la aprobación de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, cuyo anteproyecto de iniciativa, elaborado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ya se encuentra en el portal de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para recibir comentarios.
La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa de Jesús García Gasca, comentó que el anteproyecto “tiene una visión centralizadora y excluyente”. Además, pidió a los legisladores no olvidar “la obligación del Estado de destinar el equivalente del 1% de PIB a la investigación científica y el desarrollo tecnológico, que está en la ley vigente y en la Constitución”, pero no en el anteproyecto. “Si estando, ha sido letra muerta, qué podemos esperar si desaparece”, dijo.
Por su parte, Héctor Vera, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, abordó la precarización del trabajo académico. Hizo referencia a la existencia de los profesores por horas que reciben muy bajos salarios y que pueden ser una buena solución “desde el frío punto de vista de los pesos y centavos, pero educativamente es una pésima decisión… Ahorrar dinero no es el fin de las universidades, dar una buena educación lo es”, dijo el experto.
Agregó que la precarización se da en todos los niveles, pues el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) “es un sistema imperfecto de compensación salarial”, y quienes lo reciben, él incluido, no suelen quejarse porque “somos cerdos en engorda”, que eventualmente van a ser comidos, porque con sus bajos salarios nominales tienen bajas cotizaciones para el retiro.
También mencionó que hay al menos un caso en que el SNI se ha utilizado para recompensar la cercanía con el poder político, el del fiscal Alejandro Gertz Manero, cuyo nivel 3 del Sistema se le dio por una comisión especial no prevista en la normativa y que se le mantuvo “a pesar de que se documentaron los plagios” que hizo.
En la clausura, el historiador Jean Meyer dijo que “autonomía es la palabra clave” para que la investigación, la educación y las ciencias y las humanidades sean de calidad. Agregó que se debe confirmar la autonomía para las universidades que ya la tienen y dársela a los centros públicos de investigación, que sin tenerla formalmente pudieron practicarla por el respeto que les tenía la dirección de Conacyt.
