Los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador hacía el periodista Carlos Loret de Mola no solo violan la ley al publicar información sobre el patrimonio de un ciudadano, también son un abuso de la figura presidencial, los recursos del Estado y representan una falta que puede castigarse por la vía civil, esto según expertos consultados por ejecentral en materia legal, comunicaciones y derechos humanos.
›Ernesto Villanueva, doctor en Derecho e investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas, explicó en entrevista para este periódico que “el Presidente la República carece de atribuciones para divulgar información que podría obtener a través de todo el engranaje que tiene a su disposición” y agregó que “informar cuánto posee un particular es sin duda contrario al artículo 89 constitucional y las leyes que se han aprobado en materia de acceso a la información”.
Un nuevo hilo de señalamientos en contra del periodista Carlos Loret de Mola protagonizaron la conferencia matutina de este miércoles, en donde se aseguró que el comunicador era dueño de 13 departamentos en la Ciudad de México, uno más en una zona exclusiva de Miami, así como de una mansión de ocho hectáreas en Valle de Bravo.
Villanueva señaló que los bienes de un particular solo son relevantes para el interés público cuando son producto de un delito, pero que “no es atribución del Presidente hacer estas investigaciones, ya que se debe llevar a cabo un proceso legal con la Fiscalía General de la República, inteligencias financieras para determinar si en el proceso de adquisición no hubo procedencia ilícita”.
El experto fue muy claro al señalar que “la ley no ampara las actitudes que está llevando a cabo el Presidente de la República, que sin duda no sólo son ilegales e inconstitucionales, además son deplorables y rompen el principio de legalidad establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales”.
Además agregó que las exigencias de López Obrador para conocer el patrimonio de un periodista “no tienen ni pies ni cabeza porque carecen de fundamento legal o constitucional” y calificó como “algo grave” que el área jurídica de presidencia no lo asesore de manera correcta.
Las acusaciones del Presidente podrían tener consecuencias legales de carácter cívico, que no están amparadas por su cargo, ya que constituyen un daño al patrimonio moral de Carlos Loret de Mola; además podría ser sancionado por la Función Pública porque está incumpliendo las atribuciones que la ley le permite de manera expresa.
Para Villanueva estos procesos son necesarios y forman parte de un “litigio estratégico para evitar que esto siga pasando” y agregó “que hay que ponerle límites porque si no lo hace nadie estas conductas se van a normalizar y la gente va a creer que es natural que esto (los ataques de las autoridades a ciudadanos) suceda”.
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