Debido de las restricciones que aún existen para que las mujeres y personas gestantes puedan tener acceso a un aborto seguro en muchos países de América Latina, las redes de acompañamiento para garantizar este proceso no sólo se han fortalecido en toda la región durante los últimos años, también se han extendido para brindar estos servicios a las comunidades más remotas y vulnerables, así lo señala el último reporte del grupo feminista Balance.
Este primer reporte, elaborado por colectivas feministas de todo el continente, incluye las respuestas de 542 activistas que forman parte de diversas redes de acompañamiento para garantizar un aborto seguro, algo que según diversos estudios mejora los resultados fisicos, emocionales y mentales de este proceso, especialmente en momentos de crisis como los que se vivieron durante la etapa aguda de la pandemia por coronavirus.
Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que los servicios de salud para mujeres y niñas tuvieron un recorte de hasta 44% durante la pandemia, mientras que los procedimientos de aborto y atención posterior a este servicio cayeron un 26% durante el mismo periodo, una cifra que podría haberse duplicado sin la intervención de estas redes de acompañamiento.
Además, en algunos países como México, este derecho también se ve interrumpido por falta de acceso a métodos de planificación familiar, costumbres religiosas estrictas y el aislamiento de comunidades vulnerables, en donde el trabajo de estas redes ha logrado una mayor penetración que las campañas de distintos niveles de gobierno.
Los resultados señalan que dos de cada 10 colectivas entrevistadas en el continente deben limitar su trabajo debido a las condiciones de persecución y criminalización que aún persisten en el país, pero que la situación no es muy diferente en aquellos gobiernos con legislaturas más abiertas, especialmente porque esta práctica es estigmatizada por una parte importante de la sociedad.
El reporte apunta que la objeción de conciencia es uno de los principales obstáculos para tener un aborto seguro en países donde esta permitido, especialmente porque 63% del personal de salud en la región se considera en este rubro, lo que les permite negar este servicio debido a creencias personales.
El reporte muestra que las personas activistas por el derecho al aborto en América Latina tienen 33 años en promedio, han cursado estudios superiores y dedican cerca del 40% de su tiempo a actividades relacionadas con los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes en todo el continente.
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