Ausencia de esfuerzos para definir objetivos y estrategias en los sistemas de justicia penal, tanto federales como estatales; una persecución penal sin enfoque ni criterios claros; deficiencias y omisiones en la protección de víctimas, son algunos de los retrocesos que se suman al “abandono” de la Fiscalía General de la República (FGR) y su “nulo esfuerzo” por fortalecer su independencia y profesionalizar a su personal.
Así lo advierte el informe “Hallazgos 2021. Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México”, que este miércoles presentó la organización civil México Evalúa, como parte de los cinco principales “retrocesos en la operación de justicia penal” que se evidenciaron al cierre del año pasado.
Dentro de las consecuencias de esos retrocesos que señala el estudio, destaca el incremento en el nivel de impunidad debido al abandono y el debilitamiento institucional, pues si bien el 91.8% en el que se ubicó el índice de impunidad en 2021 significó una reducción de tres puntos porcentuales respecto a 2020, en 23 entidades -equivalentes a más del 72% del territorio- presentaron niveles de impunidad superiores al 90% y en 19 se alcanzó o superó la media nacional.
Por tipo de delito, el nivel de impunidad también se muestra diferencia, pero no a la baja. El informe señala, por ejemplo, que el delito de desapariciones alcanza un nivel de impunidad del 99%, en el caso de la violencia, uno de los ilícitos que repuntó con la pandemia, se ubicó en un 97.1%; en los casos de homicidio doloso, violación y feminicidios el índice de impunidad fue de 97, 96.4 y 88.1 por ciento respectivamente.
Precisamente, a partir del “debilitamiento de las instancias y servicios enfocados en la protección de víctimas”, la oenegé identifica que, aunque entre 2020-2021 hubo un incremento de 8.9% en la cantidad de personas atendidas por las Comisiones Ejecutivas Estatales de Atención a Víctimas, no fue posible determinar si esas atenciones cumplieron con el desempeño adecuado.
Además de que la tasa nacional de reparación del daño para esas víctimas que recibieron la asesoría jurídica se ubicó en 5.92 por ciento, lo cual implicó que apenas seis de cada 100 víctimas “asesoradas” consiguieron la reparación del daño. Michoacán, San Luis Potosí, Yucatán y Chiapas fueron las entidades donde más se redujo la atención-asesoría de las víctimas.
FGR en el abandono ¿voluntario?
El análisis de ‘Hallazgos 2021' reitera que desde la transición de la entonces PGR a la actual FGR se mantiene un “nulo esfuerzo por fortalecer la independencia técnica y la profesionalización del personal en la institución que encabeza Alejandro Gertz Manero.
Las deficiencias y omisiones en la operación de la institución provienen desde la Ley Orgánica, en la cual además de limitar las facultades del Consejo Ciudadano, el enfoque de actuación es aislado y no es un contexto de fenómenos y mercados criminales. Parte de esos retrocesos han sido documentados tanto por organizaciones civiles como México Evalúa y los indicadores propios de la Fiscalía.
En mayo de este año, este diario publicó un reportaje sobre los retrocesos, omisiones, deficiencias y la constante opacidad con la que el fiscal general ha conducido la actuación de la institución, con base en documentos e indicadores de la propia FGR, así como el seguimiento y análisis de especialistas como Chrístel Rosales, coordinadora del Programa de Justicia en México Evalúa.
Al respecto, el informe de hoy destaca que dentro de los incumplimientos que arrastra la FGR está la falta de un estatuto para el servicio profesional carrera, el cual debió expedirse desde noviembre de 2021; la carencia de un Plan Estratégico de Procuración de Justicia, que debió publicarse en mayo pasado, que se suman a las evidencias de “la cancelación de los esfuerzos institucionales” para transformar a la institución, señala el estudio.
Lo anterior como un reflejo de la inexistencia de “esfuerzos de planeación sistémicos que definan prioridades claras y objetivos comunes” que la organización detectó en los sistemas de justicia penal tanto federales como locales, cuya atención de aspectos relevantes como su coordinación y evaluación de políticas públicas se ha limitado a la creación de mesas de trabajo, pero sólo en algunas administraciones estatales.
Un mayor uso, o mejor dicho un abuso de la prisión preventiva, en detrimento de la aplicación de otras medidas cautelares que no impliquen la privación de la libertad de las personas, es otro de los aspectos que también considera el análisis dentro de los retrocesos en cuanto a la actuación de jueces de control de los Tribunales Superiores de Justicia.
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