El Estado mexicano emitió una disculpa pública por la investigación del asesinato de la licenciada Digna Ochoa y Plácido ocurrida en su despacho de la colonia Roma, Ciudad de México, el 19 de octubre de 2001.
En una ceremonia oficial encabezada por el Subsecretario de Gobernación de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se pidió perdón tras 21 años; y meses después del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que en enero pasado condenó a México por la “deficiente” investigación.
Ofrezco una disculpa pública a Digna y a su familia porque el Estado mexicano no pudo garantizar su seguridad y su integridad personal, y porque tampoco el Estado mexicano garantizó su acceso pleno a la Justicia”, declaró Encinas.
La también defensora de los derechos humanos nació en Misantla, Veracruz, en 1954, fue integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); la cual lleva casos de alto perfil de violaciones de derechos humanos, asesinatos y desapariciones.
Caso viciado
El cuerpo de Digna Ochoa fue encontrada en su oficina con un disparo en la pierna y otro en la cabeza, pero las autoridades afirmaron que su muerte fue un suicidio; lo que inició con una búsqueda por la verdad por parte de su familia.
Al determinarse que había suicidio, el 6 de mayo de 2003 los familiares presentaron a la fiscalía pruebas periciales que apuntaban a lo contrario.
Acreditaron que Digna no tenía intenciones de suicidarse, pero estas pruebas fueron rechazadas o incluidas parcialmente.
En su discurso de disculpa, el subsecretario Encinas reconoció que hubo fallas para investigar su caso, faltas al debido proceso y a las debidas diligencias. Además, reconoció que se estigmatizó su memoria y labor social.
El caso vive un nuevo momento debido a que se reabrió el caso para llegar a la verdad; la investigación está a cargo de una unidad especial de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, tras el fallo de la CorteIDH.
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