En 2015, el gobierno federal contrató deuda por dos mil 948 millones 074 mil pesos, de los cuales sólo 13% van a proyectos productivos
Francisco Pazos
La deuda del sector público federal ha crecido hasta límites que ponen en riesgo su sostenibilidad y que podrían llevarla hasta casi 60% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2020.
La Auditoría Superior de la Federación detectó que, durante 2015, el sector público federal contrató deuda por dos mil 948 millones 74 mil pesos, de los que 72.9% se destinó a su amortización, otro 13.8% al pago del servicio de la deuda y sólo 13.3% a financiar proyectos de inversión.
Esto significó que, durante ese año, sólo 13.3 de cada 100 pesos de la deuda contraída se destinó a fondear actividades productivas, mientras que 86.7 pesos fueron utilizados para amortizar la deuda y pagar su costo financiero.
En los últimos 15 años y a lo largo de tres administraciones, dos del PAN y una del PRI, la deuda neta del sector público federal creció de 19.8 a 43.2% para ubicarse en ocho mil 160 millones 589 mil 900 pesos, 14.6% respecto al ejercicio fiscal de 2014.
El crecimiento del endeudamiento interno y externo supone riesgos en su manejo para el gobierno federal, de acuerdo con el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, en el que alerta que “la evolución de la deuda pública plantea riesgos para su sostenibilidad y está cerca del límite de los criterios prudenciales que recomiendan organismos internacionales”.
En su análisis, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) apuntó que, de acuerdo con el umbral de manejo de deuda definido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos para países emergentes como México, sus índices de endeudamiento no deberán rebasar los 50 puntos porcentuales. Límite que se alcanzó en 2016.
Aunque la ASF no detectó irregularidades legales en la contratación de deuda para el ejercicio fiscal 2015, sí señaló en la Auditoría de Desempeño 15-0-06100-07-0040, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no acreditó las necesidades financieras de las entidades que promovieron los financiamientos o que revisara su capacidad de pago.
El órgano fiscalizador también señaló que el gobierno federal tampoco evaluó los beneficios sociales de los más de dos mil millones de pesos que engrosaron la deuda pública neta y que tampoco se “identificó el destino de los ingresos derivados del endeudamiento”.
Finalmente, en su dictamen, la ASF reconoció que la deuda contratada durante 2015 por el sector público federal atendió las necesidades de gasto y contribuyó a la estabilidad macroeconómica del país; sin embargo, apuntó que “continuó la capacidad de pago para reducir el saldo”.
“El saldo de la deuda bruta del sector público federal representó el 46.5% del PIB, siendo mayor en 97.5% a los ingresos presupuestarios disponibles (…) lo que significa que la deuda sigue creciendo, ya que se recurre al endeudamiento interno y externo” para pagar su saldo acumulado y su costo financiero.
