El gobierno federal plantea que el próximo año se extinga el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi, antes Fideicomiso para del Sistema de Protección Social en Salud), instrumento que fue creado en 2003 para financiar los gastos catastróficos de la población con menos recursos y que no tiene acceso a la seguridad social, sin que se haya explicado cómo será sustituido.
El artículo décimo cuarto transitorio de la iniciativa de Ley de Ingresos para 2023, presentada el pasado 8 de septiembre por la Secretaría de Hacienda, señala que “el Instituto de Salud para el Bienestar instruirá a la institución fiduciaria del Fondo de Salud para el Bienestar para que, durante el primer semestre de 2023, concentre en la Tesorería de la Federación el remenente del patrimonio de ese Fideicomiso”.
El mismo precepto aclara que, “salvo que la Secretaría de Hacienda autorice que el remanente referido permanezca para el cumplimento de los fines de dicho fondo”, los recursos se destinarán a “la adquisición de vacunas y los gastos de operación asociados; para los requerimientos derivados de la atención a la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, así como para el fortalecimiento de los programas en materia de salud”.
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Si bien es encomiable la intención de destinar recursos a la adquisición de vacunas y al combate de la pandemia, la maniobra puede dejar desprotegido a un sector de la población que no cuenta con los recursos para atender enfermedades costosas. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en la actualidad hay 66 millones de mexicanos sin acceso a la seguridad social y, por lo tanto, sin los recursos necesarios para financiar una operación o un tratamiento costoso, lo que los vuelve potenciales beneficiarios del Fonsabi.
El Fideicomiso para del Sistema de Protección Social en Salud (hoy Fonsabi) se creó a la par del Seguro Popular con el objetivo de atender a las personas que no tienen IMSS, ISSSTE o cualquier otro sistema de seguridad social.
El sentido de contar con el fideicomiso fue que el gobierno federal tuviera la solvencia para atender enfermedades altamente costosas, como el cáncer, el VIH/sida o cuidados intensivos neonatales, ya que cuando una persona sin seguridad social tiene que enfrentar este tipo de padecimientos puede verse obligada a tomar decisiones que la condenan a la pobreza, tales como vender su patrimonio o sacar a sus hijos de la escuela, lo que tiene un efecto catastrófico en la economía de las familias y sus descendencia.
Al respecto, durante un foro organizado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) para analizar el paquete económico de 2023, la especialista Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de la organización México Evalúa, dijo que “hace falta una mayor explicación sobre lo que va a pasar con esos recursos, si van a quedar descubiertas o no estas enfermedades”, y exhortó a la Cámara de Diputados a detener la medida, en caso de que no se tenga un plan para financiar los padecimientos catastróficos.
“No debe quedar vulnerable la población sin seguridad social ante esta medida que se está proponiendo”, subrayó.
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