Pasaron 26 días para que la esperanza de rescatar a los mineros atrapados en la mina “El Pinabete” desapareciera, o tal vez fue la presión de la que acusan fueron víctimas los familiares por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil.
Fue el miércoles 3 de agosto, cuando 15 mineros ingresaron a los pozos de carbón de la mina en Sabinas, Coahuila. Como siempre, al llegar a lo más profundo iniciaron la excavación, pero esta vez fue lo que esperaban. El agua acumulada en otra mina traspasó las paredes e inundó la zona donde se encontraban.
Cinco de ellos lograron salir. Uno, por suerte, había salido a buscar algo para beber. Los demás, no volvieron a reunirse con sus familias. Desde el día uno, las labores de ayuda y rescate, fueron tardías. La implementación de equipo especializado llegó al tercer día. Las bombas para extracción de agua eran insuficientes. El actuar de las autoridades fue lenta.
Para iniciar las tareas de rescate de los mineros, el agua debía llegar casi a ser extraída en su totalidad. Cuando eso sucedió, iniciarían las acciones de búsqueda. Pero no llegaron, el domingo 14 de agosto, la mina volvió a sufrir una fuerte inundación y el agua llegó casi a los mismos niveles del inicio. Las tareas volvieron a complicarse.
Desecharon apoyo internacional
Desde los primeros días, mineros de Venezuela y Chile, con experiencia previa en casos como este, ofrecieron su ayuda, pero el gobierno de México presumió contar con equipo de primer nivel y rechazó el apoyo, pese a la solicitud insistente de los familiares.
En cambio, el lunes 15, 12 días después del accidente, se detalló un nuevo plan de rescate que estaría a cargo de la empresa Minera del Norte, una subsidiaria de Altos Hornos de México, propiedad de Alonso Ancira, el “rey del acero” acusado de vender a sobreprecio una planta de fertilizantes a Pemex.
Era volver al inicio. La familia insistía en aceptar la ayuda internacional. El gobierno se negaba, hasta el día 13 del accidente. Cuando aceptó el respaldo de expertos de Estados Unidos y Alemania, quienes dieron sólo el visto bueno, según las autoridades, a la estrategia mexicana para el rescate.
La esperanza o resignación
Mientras José Rogelio Moreno Morales, Ramiro Torres Rodríguez, Hugo Tijerina Amaya, José Luis Martínez Valdez, Sergio Gabriel Cruz Gaytán, José Rogelio Moreno Leija, Mario Alberto Cabriales Uresti, José Luis Mireles Arguijo, Margarito Rodríguez Palomares y Jaime Montelongo Pérez, se encontraban atrapados bajo el agua, las autoridades buscaban estrategias, opciones o excusas.
El viernes pasado, Laura Velázquez, la coordinadora Nacional de Protección Civil, no dio su informe diario en las conferencias matutinas. ¿El motivo? Consultaría ante los familiares la nueva estrategia de rescate, que tardaría entre seis y 11 meses en realizarse. Fue rechazada. La otra opción, aceptar una indemnización y que el lugar fuera declarado parque en honor a los 10 mineros. Sus cuerpos quedarían enterrados.
Este lunes, luego de que el Presidente asegurara que existía consenso entre las familias, y a 26 días del accidente, las viudas de los 10 mineros aceptaron detener las labores de rescate, obtener una indemnización y construir un memorial en el lugar.
Pero el acuerdo no a todos agradó. Familiares de las víctimas, aseguraron que fue por presión de Laura Velázquez que las esposas de los mineros aceptaron, pues no existía realmente un consenso entre todas las familias, pero las autoridades decidieron sólo tomar en cuenta la voz de las esposas.
El próximo sábado, cuando se cumpla un mes del accidente, autoridades y las viudas de los mineros firmarán el acuerdo, con el que se daría fin a las labores de rescate. Y aunque la promesa del presidente López Obrador fue nunca más un caso como el de Pasta de Conchos, la historia se volvió a repetir.
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