Al cabo de cuatro años, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha resultado más benéfico para los sectores no pobres del país que para los más marginados, de acuerdo con la más reciente medición multidimensional de la pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
En 2018, último año del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, había 8.7 millones de personas en pobreza extrema, cifra que se elevó a 9.1 millones en 2022. El aumento fue de 400 mil pobres extremos.
Según la metodología de Coneval, se considera pobreza extrema a la situación que viven las personas que tienen un ingreso inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (valor de la canasta alimentaria) y que presentan al menos tres carencias sociales (educación, servicios de salud, seguridad social, espacios y servicios en la vivienda y alimentación).
En cambio, mientras en 2018 había 29.3 millones de personas no pobres y no vulnerables a carencias, para 2022 la cifra se elevó a 34.9 millones de mexicanos. Es decir, el número de no pobres (correspondientes a los deciles con mayores recursos de la población) creció en 5.6 millones de personas.
Una de las mayores regresiones que sufrió la población durante los primeros cuatro años del gobierno de López Obrador es el relacionado con la salud.
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Al cuarto año de la llamada Cuarta Transformación, el número de personas que carecen de servicios de salud alcanzó la cifra récord de 50.4 millones, un aumento de 150% respecto a la situación que había en 2018, último año del sexenio previo, cuando 20.1 millones de mexicanos tenían esa carencia.
En 2022, el número de personas sin atención médica efectiva representaba el 39.1 % de la población, porcentaje muy superior al 16.2 que se registraba en 2018, una situación atribuible a la pandemia de Covid-19, pero también a la cancelación del Seguro Popular y la creación del fallido Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
El Coneval identifica tres “áreas críticas” que el Estado mexicano enfrenta en materia de eliminación de la pobreza. La primera es “mejorar la progresividad de las transferencias públicas y programas sociales y, en particular, asegurar la inclusión de las personas en situación de pobreza extrema, con especial atención a la población sin seguridad social y aquellos de menores ingresos”.
En materia de salud, el organismo urge “avanzar en la organización de un sistema nacional de salud integral que permita la atención de la población y la certeza del acceso sobre su funcionamiento y disponibilidad”.
Otro de los flagelos que el gobierno actual no ha podido combatir es el rezago educativo, es decir, personas que no tienen la educación media superior completa. Entre 2018 y 2022 se elevó de 23.5 a 25.1 millones de personas con esta carencia, lo que equivale a 19.0 y 19.4 % de la población, respectivamente.
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