Más de la mitad de los fiscales de Estados Unidos, encabezados por el fiscal general Jason Miyares, pidieron al presidente Joe Biden y al secretario de Estado Antony Blinken que designen a los cárteles mexicanos como “Organizaciones Terroristas Extranjeras”, lo que significa que puedan aplicarse una jurisdicción extraterritorial en su contra.
Y no sólo eso, los estados y el fiscal federal, podrán juzgarlos por un abanico mayor de delitos, más severos y con mayor flexibilidad en el proceso.
En la carta enviada al presidente estadounidense, la petición no es sólo porque han provocado en su territorio una crisis de salud pública y de seguridad nacional “de una magnitud sin precedentes”, sino porque “durante la última década los cárteles mexicanos han desarrollado fuerzas armadas bien organizadas” y esto sumado a “la incapacidad del gobierno mexicano para controlarlas representan una amenaza para nuestra seguridad nacional mucho mayor que una empresa típica de narcotráfico”.
Lo que se agrava, sostienen, porque tienen vínculos con terroristas como Hezbolá.
PUEDES LEER: La Portada | México, la crisis por el fentanilo
Y en el documento acusan: “Los cárteles mexicanos de la droga esencialmente están llevando a cabo una guerra química contra los estadounidenses comunes que afectan a todas las comunidades, pueblos y ciudades de nuestra nación. Es hora de responder”.
La postura de los fiscales se suma a más de una decena de iniciativas presentada por los republicanos apenas en enero que, entre otras cosas, autorizan la fuerza letal y la aplicación extraterritorial de sus leyes contra estos grupos criminales, como publicó ejecentral en su edición semanal.
Si bien esta no es la primera vez que en Estados Unidos se plantea la posibilidad de que los grupos criminales mexicanos sean catalogados como terroristas, sí es la primera ocasión que más de la mitad de los fiscales, unidos en una coalición, lo piden al mandatario estadounidense.
Anteriormente, en 2019, lo sugirió el entonces presidente Donald Trump, algunos legisladores republicanos, y algunos gobernadores, como el de Texas. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha respondido que su gobierno no estaba de acuerdo y no lo aceptaría.
PUEDES LEER: La Portada | Estados Unidos a la caza de “terroristas” en México
Pero la situación, después de casi cuatro años cambió. El fentanilo ha sido el factor determinante, pues diariamente mueren, en promedio al día, 300 personas en todo territorio estadounidense a causa de su consumo, y las autoridades identifican a México como el proveedor de por lo menos el 60 % de esa sustancia en distintas drogas.
Y ahora, sostienen, mantienen un “esfuerzo general para intimidar a los rivales y expandir su influencia”.
Si bien esta no es la primera vez que en Estados Unidos se plantea la posibilidad de que los grupos criminales mexicanos sean catalogados como terroristas, sí es la primera ocasión que más de la mitad de los fiscales, unidos en una coalición, lo piden al mandatario estadounidense.
Anteriormente, en 2019, lo sugirió el entonces presidente Donald Trump, algunos legisladores republicanos, y algunos gobernadores, como el de Texas. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha respondido que su gobierno no estaba de acuerdo y no lo aceptaría.
PUEDES LEER: México no coopera, ni con información sobre fentanilo: WP
Pero la situación, después de casi cuatro años cambió. El fentanilo ha sido el factor determinante, pues diariamente mueren, en promedio al día, 300 personas en todo territorio estadounidense a causa de su consumo, y las autoridades identifican a México como el proveedor de por lo menos el 60 % de esa sustancia en distintas drogas.
Y ahora, sostienen, mantienen un “esfuerzo general para intimidar a los rivales y expandir su influencia”.
Es por eso que los fiscales le piden a Biden adopte “medidas rápidas y decisivas para acabar con este flagelo mortal”.
El Fiscal General Miyares es el artífice de esta carta y logró el apoyo de los estados de Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah y Virginia Occidental.
INSURGENCIA ARMADA EN MÉXICO
Y así comienzan la carta enviada por los fiscales a Biden, fechada el 8 de febrero de 2023, dimensionando el problema:
“Las sobredosis de drogas han matado a más de 100 mil estadounidenses durante el último año. El 66 % de esas muertes estuvieron relacionadas con opioides sintéticos como el fentanilo”.
“Esta pérdida catastrófica de vidas es inexcusable, pero ha recibido una respuesta anémica por parte del gobierno federal. Para proteger a los estadounidenses de estas organizaciones terroristas, se deben tomar medidas decisivas contra los cárteles de la droga”, se lee en la carta.
Aunque en la misiva se especifica que la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) identifica a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) como los principales importadores de los químicos de China para fabricar los opioides sintéticos “a bajo costo y transportan ilegalmente” a Estados Unidos, la propuesta se deja abierta a todos los grupos criminales mexicanos.
PUEDES LEER: Fentanilo, la guerra real contra China
Pero este planteamiento, como las propuestas de legislaciones y resoluciones que durante enero hicieron los republicanos en la Cámara de Representantes, ya no establece una lucha antidrogas tradicional, sino a una ofensiva militar.
“Los cárteles de la droga mexicanos amenazan nuestra seguridad nacional más allá de la venta de estas drogas mortales. Durante la última década, los cárteles mexicanos de la droga han desarrollado fuerzas armadas bien organizadas para protegerse de sus rivales y del gobierno mexicano. La existencia de tales fuerzas al otro lado de nuestra frontera terrestre suroeste y la incapacidad del gobierno mexicano para controlarlas representan una amenaza para nuestra seguridad nacional mucho mayor que una empresa típica de narcotráfico”, sostiene la coalición de fiscales.
En la carta no sólo sostienen que estos grupos desarrollan “una guerra química” contra Estados Unidos, sino que “están asesinando a rivales y funcionarios del gobierno, emboscando y matando a estadounidenses en la frontera y participando en una insurgencia armada contra el gobierno mexicano”.
“Esta peligrosa actividad terrorista que ocurre en nuestra frontera no disminuirá a menos que intensifiquemos nuestra respuesta. Debido a la grave amenaza que representan estos cárteles para nuestra nación y nuestros Estados, por la presente solicito que el Cártel de Sinaloa, el CJNG y otros cárteles mexicanos de la droga en situaciones similares sean designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras”, plantean en el documento de seis páginas.
DE TRAFICANTES A EMPRESARIOS Y TERRORISTAS
Al momento de ser identificados legalmente como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés), los fiscales no sólo podrán utilizar más recursos legales para acusarlos en los tribunales y perseguir a los cárteles mexicanos, incluso fuera de su territorio, sino que también acceden a fondos públicos especiales.
Por ejemplo, al ser acusados por actividades dentro de Estados Unidos o que afectan a los estadounidenses o los ponen en riesgo, las legislaciones antiterroristas permiten que sean extensivas estas imputaciones a sus socios y aliados en el extranjero, los cuales no necesitarían operar directamente en su territorio. Podrán incautarse activos más allá de sus fronteras
“Los esfuerzos antinarcóticos tradicionales son inadecuados para abordar la amenaza que representan los cárteles mexicanos de la droga”, sostienen los fiscales, y esto porque, aseguran, “los cárteles mexicanos de la droga han diversificado sus operaciones más allá del mero tráfico de narcóticos para incluir empresas aparentemente legítimas como el comercio de aguacates, oleoductos, minas de oro e incluso supermercados”, citando con ello un reportaje de Los Angeles Times.
PUEDES LEER: La Portada | Estados Unidos se lanza contra México
Entre los argumentos que plantean los fiscales para lograr esta clasificación, son los casos en que las fuerzas armadas debieron dejar libre a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y el asesinato de la familia LeBaron. Esto muestra, añaden, que los cárteles mexicanos “están poniendo en peligro intencionalmente la seguridad de una o más personas de muchas maneras. En primer lugar, los cárteles están importando un agente químico, opioides sintéticos como el fentanilo, a los Estados Unidos para poner en peligro la seguridad del pueblo estadounidense…
“Además, desde 2019, los cárteles mexicanos de la droga también han montado una insurgencia cada vez más violenta contra el gobierno mexicano que va desde asesinatos de funcionarios públicos hasta confrontaciones militares a gran escala”, detallan.
Y por eso concluyen: “Ahora que los carteles han hecho un uso generalizado de los asesinatos y la insurgencia armada contra el gobierno mexicano, la designación de FTO es la única forma de interrumpir estas tácticas de carteles cada vez más violentas y debilitar su empresa criminal”.
DATO: La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU decomisó 3.8 toneladas de fentanilo decomisaron, entre octubre de 2021 y junio de 2022.
