En la Ciudad de México, el albergue de la Fundación Libera enfrenta serias acusaciones por parte de organizaciones sociales y familiares de víctimas de trata de personas. Estas denuncias señalan, por un lado, que la institución opera bajo el influyentismo de funcionarios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), y, por otro, que mantiene a varias personas en contra de su voluntad.
Por la gravedad del caso, que involucra la seguridad y los derechos de seres humanos vulnerables, es urgente que la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, y la titular del SNDIF, María del Rocío García, intervengan de manera inmediata.
Gisell Mendoza, una joven denunciante, acusa directamente a Paola Patricia Tolsa Muñoz y Daniela Fernanda Tapia Bazán de retener a su hermana en el albergue ubicado en la calle Fresno 17, colonia San Ángel Inn, en la alcaldía Álvaro Obregón. Según Gisell, su hermana no solo está siendo mantenida en contra de su voluntad, sino que se encuentra en condiciones físicas y psicológicas deplorables.
La situación escaló el pasado lunes, cuando Gisell esperaba que le entregaran a su hermana para pasar juntas las fiestas decembrinas. Sin embargo, relata que fue engañada por dos supuestos abogados, quienes la llevaron a la banqueta de un restaurante cercano bajo la falsa promesa de que ahí la atendería Paola Patricia Tolsa Muñoz.
“Estuve esperando varias horas y Paola Patricia nunca llegó. Más tarde supe que funcionarios del DIF realizaron una inspección en el albergue y me alejaron del lugar para evitar que denunciara las irregularidades que existen allí”, explicó Gisell a En Corto.
No es la única irregularidad señalada en torno a la Fundación Libera. Según las carpetas de investigación a las que tuvo acceso este medio, tanto Paola Tolsa como Daniela Tapia enfrentan denuncias penales ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los delitos de administración fraudulenta, robo de documentos y usurpación de funciones.
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De acuerdo con los documentos judiciales, ambas mujeres habrían sustraído información confidencial de una organización anterior para la que trabajaban, de la cual fueron despedidas por malos manejos. Las denuncias incluyen pruebas contundentes que evidencian los fraudes cometidos por las acusadas.
Gisell también denunció que la Fundación Libera no cumple con los requisitos legales ni con los estándares de seguridad establecidos para atender a víctimas de trata de personas. Según su testimonio, en el albergue no se separa a los niños y niñas en espacios diferenciados, una grave violación que pone en riesgo su seguridad y bienestar.
“Es un albergue pirata donde algunos funcionarios corruptos negocian para llevar a niños y niñas, sin importar que estén juntos en los mismos espacios. Esto es inadmisible tratándose de menores que ya han sufrido explotación y violencia extrema”, señaló Gisell.
A esto se suma su preocupación por el estado de salud de su hermana. “Cuando por fin me permitieron verla, tras superar innumerables obstáculos, la encontré en un estado deplorable, tanto física como psicológicamente. Hago responsables a Paola Tolsa Muñoz y Daniela Fernanda Tapia Bazán de cualquier daño que le ocurra a mi hermana”, declaró.
Las primeras investigaciones apuntan a una red de complicidades dentro del SNDIF, cuyos funcionarios habrían facilitado permisos irregulares para que la Fundación Libera operara sin cumplir con la documentación necesaria.
No sería la primera vez que ocurre esto. Hace unos días, el diario Milenio documentó cómo Brayhan Maximino “N” tenía una doble vida: por un lado, trabajaba de manera estrecha con niñas, niños y adolescentes atendidos por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias; por otro, era un presunto integrante de una red nacional e internacional que comparte, almacena y produce videos sexuales con menores de edad.
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Organizaciones sociales que han seguido el caso señalan que el objetivo principal de la fundación parece ser lucrar con la necesidad de las víctimas y con las donaciones de personas que desconocen su verdadera naturaleza.
“Lo único que buscan estas personas es aprovecharse de la buena fe de quienes desean ayudar. Ni es un refugio ni rehabilitan a las víctimas. Solo lucran con su situación”, comentó un representante de una organización preocupada por las condiciones en las que se encuentran los menores en este lugar.
La presidenta Claudia Sheinbaum, conocida por su firme compromiso con la justicia social, seguramente desconoce los detalles de esta situación. Es difícil imaginar que permitiría la revictimización de menores o el tráfico de influencias en un espacio que debería ser seguro y legítimo.
El caso también representa un desafío para la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, quien tendrá que investigar a fondo las irregularidades denunciadas y garantizar que se detenga cualquier abuso de poder.
Habrá que seguir de cerca las acciones del Gobierno de la República para proteger la integridad de las personas afectadas y evitar que este tipo de prácticas sigan ocurriendo en el país. Mientras tanto, la seguridad de los menores en el albergue de la Fundación Libera debe convertirse en una prioridad absoluta para las autoridades competentes.
La presidenta Claudia Sheinbaum llamó ayer a sus funcionarios de primer nivel a no olvidar los principios básicos de su movimiento: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Entonces, ¿qué estará pasando en la Fundación Libera? Es una pregunta directa, de la cual esperamos una respuesta directa de parte de las autoridades.
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En Cortito: Nos cuentan que, a unos días de rendir su Tercer Informe de Gobierno, uno de los grandes logros del Alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, es el pago de deudas millonarias que fueron adquiridas por Administraciones anteriores.
Para el gobierno del edil panista, 2024 fue fundamental, toda vez que lo termina tal como lo inició: saneando las finanzas públicas de la capital de Morelos.
Dichas negociaciones le han permitido al municipio disminuir una deuda que ascendía a los mil 44 millones de pesos para dejarla en 443 millones de pesos.
Lo que hay que resaltar aquí es que el presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado, ha destacado por una forma distinta de gobernar, resaltando con especial énfasis contar con finanzas sanas, para contar con mejores recursos para la implementación de acciones de gobierno en favor de quienes viven en Cuernavaca.
Será quizá esa la razón por la cual fue reelecto para un segundo periodo al frente de la capital de Morelos y, de seguir con tales resultados, sin duda, se ubica como el político más fuerte que tiene la oposición para derrocar al partido Morena en las elecciones intermedias de 2027.
