Once años después de los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) someterá a juicio al Estado mexicano por el caso de 11 mujeres que denunciaron haber sido violadas por servidores públicos. En aquella ocasión, las autoridades detuvieron a decenas de personas que protestaban por el desalojo de comerciantes; los detenidos denunciaron haber sido golpeados en el trayecto del lugar de la detención al Centro de Prevención y Readaptación Social (Cepreso) Santiaguito, en Almoloya; además, varias mujeres fueron violadas por los agentes. Debido al poco avance registrado en las recomendaciones emitidas al Estado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó este caso en septiembre de 2016 a la Corte IDH, la cual sesionará este jueves y viernes. La sentencia que emita el organismo internacional tendrá carácter vinculatorio. Está previsto que el gobierno mexicano se presente a la audiencia para desahogar el caso y dar seguimiento a las recomendaciones. En el juicio, se podría analizar la cadena de mando y conocer hasta qué nivel jerárquico hubo una responsabilidad por las violaciones a las garantías individuales cometidas a los civiles, uso de la fuerza desproporcionado, detenciones arbitrarias y las agresiones sexuales que sufrieron 11 mujeres. Las víctimas que decidieron llevar su caso hasta la Corte IDH son: Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo. En 2002, durante la administración de Vicente Fox, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se opuso a la construcción de un aeropuerto en tierras que serían expropiadas y consiguió que el proyecto fuera cancelado. Cuatro años después, en 2006, este grupo cobró fuerza por la defensa de los predios y apoyó a un grupo de oricultores que serían reubicados por las autoridades municipales días antes de la fiesta de la Santa Cruz. Los afectados se reunieron con autoridades municipales y estatales el dos de mayo de ese año para llegar a un acuerdo y se les permitiera instalarse para vender en la vía pública; sin embargo, al día siguiente los comerciantes fueron desalojados por autoridades cuando pretendían instalar sus negocios. Los vendedores y la sociedad en general se unieron para impedir que los removieran, lo que provocó una confrontación que desembocó en la detención de 80 personas que se habían resguardado en un domicilio. Las personas retenidas denunciaron que los agentes los golpearon durante el trayecto al penal de Almoloya, además de que varias mujeres fueron violadas. Ante esta situación, otro grupo de personas decidieron cerrar la carretera Lechería-Texcoco para exigir que los detenidos fueran liberados, lo que provocó un nuevo enfrentamiento entre manifestantes y agentes estatales y federales que intentaban liberar la vía. Varios policías fueron retenidos por los civiles. En aquella ocasión, Enrique Peña nieto se desempeñaba como el gobernador del Estado de México, Eduardo Medina Mora era secretario de Seguridad Pública Federal, Wilfrido Robledo, comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, y Humberto Benítez Treviño, secretario de Gobierno de la entidad. Dichos funcionarios sostuvieron una reunión con los inconformes, quienes estaban furiosos debido a los abusos cometidos por los agentes. En el operativo implementado por autoridades para liberar la carretera fueron desplegados alrededor de dos mil 500 policías estatales y federales. Según testimonios de algunos detenidos, aseguran que después de ser detenidos fueron subidos a vehículos, todos apilados, para trasladarlos al penal; fue en este tumulto donde al menos 31 mujeres denunciaron haber sido abusadas y amenazadas de muerte. Tras estos hechos, varios servidores públicos fueron arrestados y se iniciaron las indagatorias correspondientes; sin embargo, no se ha emitido fallo alguno en favor de los civiles; incluso hay 17 policías que sigueron su proceso en libertad. En 2016, la Procuraduría General de la República afirmó que fue el propio Estado quien solicitó a la CIDH remitiera este caso a la Corte Interamericana, con el fin de que estableciera las medidas de reparación idóneas. La Procuraduría afirmó que en 2013 el Estado admitió su responsabilidad por el caso Atenco. Dijo que como resultado de la investigación para sancionar a los responsables y adoptar las medidas de reparación, 30 personas fueron sujetas a proceso (Con información de El Universal. Foto: Archivo Cuartoscuro). MR ES DE INTERÉS | México, a “juicio” ante Corte Interamericana
30 de Diciembre de 2024
