Uno de los temas de mayor importancia en el que la actual administración pública ha quedado a deber, a pesar de sus múltiples declaraciones, es el combate a la corrupción en todas sus formas, no sólo la económica. De hecho, según las noticias publicadas, la corrupción no sólo no se ha reducido, sino que al parecer ha crecido, lo cual es comprensible por diversos factores.
Uno de éstos fue la eliminación del servicio civil de carrera y la improvisación de servidores públicos sin experiencia en puestos medios e importantes, seleccionados únicamente por su afinidad con el gobierno en turno, considerando esta coincidencia como un escudo impenetrable contra los actos de corrupción tradicionales en las administraciones públicas.
El precio que se ha pagado con estos improvisados ha sido alto, no sólo por hechos corruptos, sino porque su incapacidad ha costado al erario precios más altos por productos y obras que no sirven o, incluso, no han sido entregados, como ha demostrado la Auditoría Superior de la Federación.
El mejor ejemplo de esta incapacidad quizás ha sido, lamentablemente, la adquisición de medicamentos. Partiendo de la consideración de que el sector estaba inmerso en corrupción, fue desmantelado y, con diversas medidas tomadas —algunas verdaderamente absurdas, como la megafarmacia—, en cinco largos años no se ha logrado crear un sistema mejor al que había.
Tampoco se ha informado sobre cuántos empresarios y funcionarios del pasado han sido denunciados y enjuiciados por la supuesta terrible corrupción que, según se decía, había en el régimen neoliberal anterior, cuya información nunca se ha publicado.
Si se realizara una auditoría sobre lo sucedido con los medicamentos, varios de los actuales servidores públicos deberían haber sido, por lo menos, sancionados e incluso cesados. Recordemos que el desabasto costó vidas innecesariamente.
Otro ejemplo cuyo costo desconocemos es la opacidad en las adquisiciones y las obras públicas asignadas, ya sea sin concurso o mediante concursos limitados que una vez efectuados se protegen con salvedades que impiden conocer los documentos, muchos de ellos con el famoso lema de “seguridad nacional”.
Con este esquema se ha abusado, creyendo quizás que al pasar los años se olvidarán y sepultarán dichos actos, pero en ocasiones, muchas más de lo que se piensa, la verdad sale a la luz.
Un ejemplo reciente de lo que está pasando, debido, entre otras cosas, a haber encargado, sin algún análisis, a las Fuerzas Armadas tareas alejadas de sus funciones principales, lo tenemos en la operación hotelera que supuestamente desarrollará en el área del Tren Maya. Una primera consideración es que la operación turística requiere, como muchas otras, experiencia en la práctica, para ser rentable y no un fracaso económico. No hay alguna planeación sobre el tema que se conozca.
Por ejemplo, hace unos días se publicó en el diario 24 Horas una nota sobre un contrato con una comercializadora de cerca de 260 millones de pesos para equipar los hoteles con colchones, almohadas, edredones, bicicletas de montaña, etc.
Se solicitó información y la respuesta fue que dicha compra está clasificada como confidencial por cinco años por seguridad nacional, debido a que su difusión podría “dañar la estabilidad económica del país”, según menciona el diario textualmente.
¿Era realmente necesario guardar esta información por cinco años? O se está ocultando algo indebido.
Lo que los actuales servidores públicos de todos los niveles deben saber es que cuando la próxima administración empiece a recibir denuncias con datos concretos, aunque pertenezcan al mismo partido, se tendrán que hacer las averiguaciones conducentes. Difícilmente se podrá ocultar la verdad, si está dispuesta a combatir la corrupción.
