Primero fue uno de los productores ejecutivos del documental “Presunto Culpable”, luego se convirtió en el primer zar anticorrupción del país y debía investigar en Nuevo León al exgobernador, a varios integrantes de su gabinete y frenar la impunidad en este delito. Fracasó. Hace unos días, un juez de la Ciudad de México emitió una orden de aprehensión en su contra por fraude.
Su nombre es Ernesto Canales Santos y junto con su exsocio César Gerardo Francisco García Méndez, están acusados de administración fraudulenta por apropiarse de seis millones de dólares, en agravio de Paula Cusi Presa Matute, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, fundador de Televisa.
El litigante hace tres años, ante legisladores de Nuevo León sostuvo que ese dinero era por “recuperación de costos”.
La orden de aprehensión, cuya copia tiene en su poder ejecentral, fue girada por el Juez Vigésimo Cuarto Penal en la Ciudad de México el pasado 24 de junio y en ella se ordena a la Procuraduría capitalina que instruya a sus elementos a la búsqueda, localización, aprehensión, y posterior ingreso al Reclusorio Oriente de la CDMX de los dos abogados.
Investigado por siete años
La historia del presunto fraude cometido por Ernesto Canales se remonta a un litigio de 2007, cuando el abogado y su colega García Méndez representaban legalmente a Paula Cusi Presa Matute, la tercera y penúltima esposa de Emilio Azcárraga, quien disputaba al menos el 16% de la sucesión testamentaria del magnate fallecido en abril de 1997.
En esa época al litigante se le reconocía una trayectoria en el derecho administrativo y de defensa de derechos humanos como participante en varias fundaciones. Incluso había participado en 2008 como productor en el documental “Presunto Culpable”, que colocó en la agenda de discusión los abusos y corrupción del sistema penal mexicano.
Pero el 26 de marzo de 2012, Cusi Presa denunció ante la Procuraduría General de Justicia capitalina a los dos abogados. Los acusó de haber recibido seis millones de dólares, equivalentes en ese entonces a unos 64 millones de pesos, que Emilio Azcárraga Jean autorizó entregarle como una contraprestación en la transferencia de acciones que disputaba la viuda, pero de ese dinero nunca le informaron Canales y García Méndez.
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“La denuncia contra Canales y García Méndez que presentó la defensa de la señora Cusi el 26 de marzo de 2012 en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, establece que los dos abogados ‘se apoderaron y dispusieron en su beneficio’ de los seis millones de dólares pagados por Televisa, ‘obteniendo un lucro indebido y generado un detrimento patrimonial’ a la cuarta esposa de El Tigre Azcárraga”, documentaba desde el 31 de marzo de 2016 la columna de Estrictamente Personal del periodista Raymundo Riva Palacio, titulada “El fraude del fiscal”.
A pesar de este litigio, Ernesto Canales fue designado en diciembre de 2015 subprocurador anticorrupción, el primero en su tipo y como parte del primer gobierno que encabezaba un candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco.
La columna Estrictamente Personal confirmó que fue hasta el 17 de febrero de 2017 cuando el agente del Ministerio Público capitalino solicitó la orden de aprehensión en contra de César Gerardo Francisco García Méndez, por el delito de administración fraudulenta, pero no lo hizo contra su exsocio, Ernesto Canales. Debieron pasar dos años más, hasta que se solicitar la orden y el juez extendiera la acusación contra ambos juristas. Los dos permanecen prófugos.
Un zar fraudulento
En abril de 2016, en una comparecencia ante el Congreso local de Nuevo León como subprocurador especializado en combate a la corrupción, Canales Santos fue forzado a reconocer públicamente el proceso legal en el que estaba involucrado:
“Así es. En un litigo de casi 10 años, no sólo hay honorarios, hay gastos. Nosotros llevamos el caso a resultados, asumiendo el costo del litigo en toda su vida. Esos 6 millones de dólares, en buena medida, no hay que considerar que son honorarios, sino recuperación de costos”, refirió el abogado cuando los legisladores lo increparon sobre si había recibido la cantidad que reclamaba la quejosa.
No lo despidieron entonces, sino hasta el 11 de marzo de este año, cuando la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León determinó disolver la unidad de transición de la subprocuraduría de Combate a la Corrupción del estado, que dirigía Ernesto Canales, y que se supone sería el puente para la construcción del nuevo sistema anticorrupción local.
La desaparición de su oficina fue producto, en gran medida, de las críticas al trabajo de Canales Santos. El Fiscal Anticorrupción del estado, Javier Garza y Garza aseguró 11 meses antes que de unas 160 carpetas de investigación que recibió su dependencia, 40 de ellas tenían errores que ponían en riesgo los juicios.
Al desaparecer la oficina de Ernesto Canales, la fiscalía absorbió los últimos 13 casos que había dejado pendientes. Garza y Garza sostuvo hace cinco meses que los casos que llevó Ernesto Canales fueron un fracaso y que, de comprobarse que actuó con dolo, podrían existir consecuencias penales en su contra.
Una de las principales encomiendas que tuvo la unidad anticorrupción que encabezó Canales Santos fue investigar y en su caso someter a juicio al exgobernador Rodrigo Medina Mora, por posibles actos de corrupción durante su gestión y que era la promesa de campaña de “El Bronco”. Pero al paso de los años el exmandatario ha ido destruyendo las acusaciones en su contra.
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