Uno de los párrafos más intrigantes de la entrevista en el periódico inglés The Guardian con Rosa Isela Guzmán Ortiz, que se identificó como hija de Joaquín El Chapo Guzmán, es cuando dice que su padre financió campañas de políticos. La deficiencia técnica del entrevistador dejó sin réplicas las preguntas, por lo que no pudo extraer ni más información, ni entender contextos o motivaciones. The Guardian, periódico respetable y fundamental en la investigación sobre el espionaje global de Estados Unidos, nos quedó a deber mucho del rigor al que nos tiene acostumbrados. Pero más allá de lo anecdótico, lo que la señora Guzmán Ortiz dijo –o asegura el periodista que así fue-, tiene paralelismos intrigantes.
Según señaló, varios políticos mexicanos aceptaron donaciones de Guzmán durante sus campañas, a cambio de cerrar los ojos cuando escapara de prisión. Aunque la declaración choca con el sentido común –si el financiamiento fue antes de su recapturara, ¿por qué pagar para que cerraran los ojos en lugar de pagar por protección para que no lo detuvieran?-, disparó al corazón político del equipo del candidato Enrique Peña Nieto. O sea, al del actual Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, responsable de esos temas en la campaña. Esta queja -sin nombres y apellidos, que tampoco utilizó la señora-, es la misma que hacen en Washington al entorno de Peña Nieto desde la campaña.
La versión en la comunidad de inteligencia estadounidense en 2012, reciclada a través de The Guardian en una entrevista donde las contradicciones en las que se encuentra –fue real o falsa- se revuelca en el marco de la desinformación, corre libre por el imaginario colectivo, y fue recogida acríticamente por una parte de la prensa mexicana y extranjera, que dio por bueno que existía un pacto que fue unilateralmente roto. ¿Hay un acuerdo entre el Gobierno y El Chapo Guzmán? ¿Con el Cártel de Sinaloa? Muchos en México lo creen, pero la información dura dice lo contrario.
Un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, muestra que la primera investigación del Gobierno sobre el entramado financiero y lavado de dinero del Cártel de Sinaloa, se abrió el 4 de abril de 2013. En el documento, actualizado al 3 de febrero de este año, se mencionan análisis financieros a 960 personas relacionadas directa o indirectamente con el Cártel de Sinaloa. En paralelo, la PGR y el CISEN tienen una investigación sobre la red de El Chapo Guzmán desde 2013, de donde, por ejemplo, tienen indicios que empresas de la actriz Kate del Castillo recibieron transferencias bancarias de personas con nexos a esa organización criminal.
Las redes del financiamiento criminal son extensas y muy complejas, por el grado de sofisticación de quienes las construyen. En el caso de El Chapo Guzmán, sólo una pista llevó a la PGR y al CISEN a nueve países en donde están tratando de romper la telaraña criminal. En el caso de la investigación al Cártel de Sinaloa, la Unidad de Inteligencia Financiera reportó que han bloqueado operaciones por cuando menos cinco mil 300 millones de dólares. El combate al lavado de dinero fue una de las grandes deficiencias en la guerra contra las drogas del Presidente Felipe Calderón, pese a las críticas públicas de lo poco que hacía en la materia. Como botón de muestra: los montos de dinero ilegales que congeló la Secretaría de Hacienda entre 2013 y 2015, fueron 242% superiores a los que se inmovilizaron entre 2010 y 2012.
La Unidad de Inteligencia Financiera deja ver en su reporte un incremento significativo en las denuncias contra presuntos lavadores de dinero. Sólo en el caso de Sinaloa, donde el Cártel y Guzmán realizaron alrededor del 45% del total de sus operaciones financieras, hubo 18 denuncias en 2013, 90 en 2014 y 78 el año pasado. Esto produjo que en noviembre de 2014 se desmantelara una de las redes de lavado de dinero en Sinaloa y bloquearan dos mil 500 millones de dólares, y que en enero de 2015 desarticularan una red nacional y congelaran mil 500 millones de dólares. En las operaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera se incluye la disrupción de dos rutas de dinero entre Tijuana y Sinaloa, y una más que pasaba por Tijuana y Mexicali y llegaba a Sinaloa.
Baja California no es, sin embargo, la mejor plaza para el lavado de dinero. Después de Sinaloa, le siguen Sonora, Jalisco y la Ciudad de México. Las operaciones contra el Cártel de Sinaloa en materia de combate al lavado de dinero, se han llevado el 23% del total de los casos; es decir, uno de cada cuatro golpes han sido contra la principal organización criminal mexicana, en tamaño e impacto de distribución de drogas. Un dato no menor por lo que significa en cuanto a tranquilidad y ánimo, es que 42 familiares o muy cercanos a los líderes del Cártel de Sinaloa, han caído en esta operación.
Cuando se habla de pactos institucionales con el Cártel de Sinaloa o El Chapo Guzmán, la realidad choca con la percepción. Mucho dinero les han quitado a los criminales para sus operaciones diarias, lo que contradice en hechos la versión de un arreglo con ellos. Pero una vez más, hay que recordar: la realidad es distinta a la percepción, pero cuando la percepción crece, construye una realidad, la de la opinión pública, que es la que cree en el pacto maldito.
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