Oaxaca se le incendió en las manos al Gobierno Federal. El discurso represivo del Secretario de Educación, Aurelio Nuño, creó las condiciones. Nuño, que tenía dos años de edad cuando nació la Coordinadora Magisterial como una alternativa política al sindicato de maestros, sumó dos más dos, tomó el tolete y se fue a perseguir maestros. Quien no pasara su examen docente sería removido. Quien no diera clases, sería sancionado. Quien fuera reincidente, sería despedido. Con la ley en la mano ejerció una justicia selectiva. ¿Por qué sólo se cumple la ley con los maestros disidentes ahora, cuando durante tanto tiempo los toleraron? ¿Por qué cerrar las puertas de salida? Lo que se sabía vendría, pasó. Acumuló la presión y golpeó con la captura de los líderes de la Sección 22 de Oaxaca. El manotazo generó el efecto gelatina: el golpe al centro no aplasta, multiplica.
Nuño pensaba, confiaban sus cercanos, que mantener una mano dura contra la disidencia magisterial era el camino. La pérdida de apoyo a sus movilizaciones callejeras era su indicador. Los repliegues que habían hecho, reforzaba su idea de que estaban sometidos. Ni Nuño o su equipo quiso aceptar que el menor problema de la radicalización en la cuenca del descontento en el sur del país eran los maestros. La lucha contra la Reforma Educativa, tampoco escucharon las opiniones, no era laboral ni administrativa, como planteó la reforma, sino ideológica. Los grupos más radicales no se encontraban en la Sección 22, sino afuera de ella, con sus ramificaciones, por supuesto, con el magisterio disidente.
La violencia en Oaxaca este domingo es la derrota política de Nuño, que arrastró al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto con él. Las autoridades federales que han dado la cara se contradicen y muestran los límites de sus capacidades. El Comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, es la voz del desconcierto. Frente a las versiones que policías federales utilizaron armas de fuego contra los maestros y los grupos que los respaldaban en el bloqueo en Nochixtlán, la Comisión Nacional de Seguridad afirmó en un comunicado el domingo a las tres de la tarde, que era falso: ni armas, ni toletes; los federales iban desarmados. Pero en una entrevista en radio el lunes, Galindo dijo que antes de las 11 de la mañana, llegaron federales armados para responder agresiones.
Las líneas de tiempo no se le dan a este gobierno de Peña Nieto. Según Galindo, hacia las 10 y media de la mañana del domingo, el escenario de desalojo cambió en forma “radical”. A partir de esa hora, dijo, un grupo de personas se reagrupó y comenzó a realizar acciones para emboscarlos. Dispararon contra los federales, y les lanzaron bombas Molotov y cohetones. Un número no precisado de policías perdió dedos y sus pies fueron quemados. Varios de esos disparos, según las autoridades, mataron a algunos de los civiles.
La explicación de Galindo es un monumento a la ineficacia. Si hubo grupos que los emboscaron, se debe a que los mandos operativos federales fueron tomados por sorpresa. Si fueron tomados por sorpresa, es que no realizó la Policía Federal un trabajo de inteligencia que les permitiera –para eso tienen drones- saber el emplazamiento de los grupos a los que iba a desalojar, el de los otros grupos que llaman “provocadores” para determinar cómo se estaban reagrupando, en dónde lo estaban haciendo y qué tipo de armas tenían. Si esta es la forma como opera la Policía Federal, lo sorprendente es que no hayan tenido más bajas. Galindo no dice todo lo que sabe. Por ejemplo, emplear policías federales armados vestidos de civil para ayudar en la refriega contra los maestros o esos grupos. Es decir, el uso de halcones para que puedan mezclarse y confundir entre la población civil. Esta era una práctica desterrada desde los 70s, y reavivada el 1 de diciembre de 2012 cuando para enfrentar la protesta en San Lázaro al tomar posesión Peña Nieto como Presidente, sus nuevos responsables de seguridad utilizaron grupos de choque para reprimir civiles, como quedó registrado en diversos videos difundidos a través de YouTube.
Oaxaca es el nuevo naufragio del Gobierno peñista. Más aún, lo que está sucediendo en el Estado se conecta con la cuenca del descontento. La Comisión Nacional de Derechos Humanos lo esbozó al enviar visitadores a Oaxaca y observadores a Chiapas, Guerrero, Michoacán y Tabasco. ¿Qué está diciendo entre líneas? Lo dijo, en negativo positivo, el Gobernador del Estado Gabino Cué: no hubo guerrilla involucrada en los actos del domingo. Pero un reporte de Seguridad Pública que difundió El Universal, menciona varias organizaciones que si bien no están orgánicamente vinculadas con el Ejército Popular Revolucionario, tiene vasos comunicantes con la guerrilla.
¿Se encuentra detrás de todo la guerrilla? Para efectos de argumentación se podría decir que sí, pero que no lo es todo. Oaxaca puede ser, sin embargo, un galvanizador de organizaciones sociales, políticas y clandestinas, como lo fue en 2006. La convicción en el ala dura del gobierno de Peña Nieto que las acciones coercitivas someterían a los maestros, arrojaron combustible a un conflicto social que lleva más de una generación sin solucionarse. Sus émulos diazordacistas no son culpables de la violencia, pero sí son responsables. La política es de miras altas y objetivos largos. No visiones cortoplacistas a partir de la soberbia. rrivapalacio@ejecentral.com.mx twitter: @rivapa
