Redacción EjeCentral.com.mx

Tamaulipas se ha vuelto un estado disfuncional. En una cadena de eventos sucesivos en escasa semana y media, la delincuencia organizada asesinó a 72 migrantes indocumentados porque no quisieron trabajar para narcotraficantes, un presidente municipal fue asesinado y un exitoso político priista, con apellido ícono en la televisión mexicana, fue secuestrado.

El gobernador Eugenio Hernández se mantiene callado. Su gobierno, rebasado. Funcionarios del PRI que lo han visto recientemente lo han notado desencajado, sin reponerse del asesinato del candidato a gobernador Rodolfo Torre Cantú en junio pasado, aunque contra la decisión del partido, él mismo violentó los estatutos para imponer como sucesor al hermano del político abatido, Égido Torre Cantú.

La violencia que azota Tamaulipas desde principio de año, después de cinco de relativa tranquilidad, llegó intempestivamente tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, con lo que el cártel que encabezaba colapsó y en el desmoronamiento se dio la fractura del Cártel del Golfo y su brazo armado de Los Zetas. Estos dos grupos que tenían su asiento en Tamaulipas, comenzaron a pelear por el estado.

La espiral de violencia que arrastró la frontera tamaulipeca se extendió rápidamente al resto del estado y contaminó al norte de Veracruz y a Nuevo León, estado que se encuentra sumido en la misma dinámica de confrontación. La violencia acompañó todo el proceso electoral en Tamaulipas, que se empañó en sus principios con el asesinato de un candidato a presidente municipal de Valle Hermoso, y con la decisión del PAN de congelar a un precandidato por sus presuntas relaciones con el narcotráfico y decidir todas las candidaturas locales desde la ciudad de México.

Pero lo que desencadenó la violencia contra políticos, fue la desaparición de un contenedor del Puerto de Altamira, supuestamente que pertenecía a Los Zetas, tras lo cual, unas cuantas semanas después, asesinaron a Torre Cantú.

La violencia no dejó de crecer.