Redacción EjeCentral.com.mx

Las modificaciones al actual régimen de consolidación fiscal propuestas por el Gobierno federal e incluidas en el paquete que actualmente se discute en el Senado, han suscitado una cascada de críticas de parte de los empresarios en contra de la Administración de Felipe Calderón.

El Presidente ha enfatizado en los últimos dos días que los empresarios deben pagar sus impuestos y dejar de utilizar este régimen de excepción para aportar menos al fisco. Inmediatamente, se topó con una férrea oposición.

"Lo que me parece inaceptable es que haya grandes corporativos que le exigen al Gobierno que recorte su gasto y el gobierno lo recorta; que le exigen al Gobierno que ponga impuestos sobre alimentos y medicinas de la gente más pobre", acusó el jueves Calderón en un hotel de la zona de Polanco.

“A la hora de ver sus cifras en promedio pagan el 1.7% de impuestos durante varios años. Esto ya no puede ser", dijo.

Después, ordenó a las empresas cumplir con sus obligaciones fiscales, aunque también realicen otras actividades para deducir impuestos. 

"Está bien que tengan actividades filantrópicas y que patrocinen eventos deportivos y culturales y que nos regalen equipos médicos pero que también paguen aunque sea una parte de los impuestos que necesitan los mexicanos", remató.

El miércoles, además,  criticó a las empresas “que más ganan y que rara vez pagan impuestos”.

Sus declaraciones le han creado el problema mas fuerte con los empresarios en lo que va del sexenio.

La posición más reacia ha venido Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y su presidente Armando Paredes, quien dijo que la aseveración que los empresarios no pagan todos los impuestos que debieran es incorrecta.

"No compartimos la opinión de que las grandes empresas no están contribuyendo, sí están contribuyendo y están dentro de un marco legal, siguen las reglas del juego", señaló.

Según el titular del CCE, los datos que el Gobierno tomó para emitir la declaración probablemente no contemplan las deducciones fiscales que se hacen cuando se realizan inversiones para acrecentar el nivel de producción.

El propio Paredes, sin embargo, aceptó que algunas empresas abusan de este esquema y que es responsabilidad del Gobierno “aplicar la ley” a los que intentan pagar menos impuestos de los que deben.

El empresario se lanzó directamente en contra del gasto del Gobierno: aseguró que aún hay margen para reducir el gasto público y no recurrir al incremento de impuestos. Sin embargo, “los partidos quieren seguir gastando”.

La constructora ICA fue una de las empresas que advirtió ayer que frenará proyectos de inversión en México si la miscelánea fiscal se aprueba por el Senado de la República en los términos que los diputados la avalaron.

Otro grupo de 22 poderosos empresarios que se reunió el jueves con los senadores expuso el mismo sentimiento: si se aprueba la medida, dejaran de invertir por la reestructuración a la que se verían obligadas.

Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, declaró por su cuenta que el Gobierno debe recortar el 8 por ciento de sus gastos y no cobrar más impuestos y “dorar la píldora” diciendo que son para los más pobres. “Jamás en el sector público se habla de un ajuste a su gasto”, dijo ayer.

El presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Claudio X. González, pidió una reforma fiscal de fondo, y no “un parche” para el 2010.

Ayer mismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público explicó que los grandes corporativos que eluden el pago de impuestos lo hacen por defectos en las leyes fiscales, los cuales se buscan corregir.

Agustín Carstens precisó que este defecto de la ley es “lo que está permitiendo el bajo pago de impuestos”.

El miércoles, el Secretario dijo que los grandes contribuyentes en México pagaron en promedio en 2008 y 2007 una taza efectiva de impuesto de 1.8 por ciento de sus ingresos acumulables, según datos del Servicio de Administración Tributaria.

La nueva circunstancia, dijo, obliga a pagar el Impuesto Sobre la Renta diferido, es decir, los impuestos que ya se deben y cierra el paso a la evasión fiscal.

Para suavizar el golpe, el funcionario explicó que los cambios a dicho régimen no son retroactivos, debido a que la propuesta precisa el momento de pago del impuesto que fue diferido y no afecta a las empresas en el periodo en que están obligadas a permanecer en el régimen de consolidación.

Bajo al actual régimen de consolidación fiscal, un consorcio puede combinar pérdidas de unas empresas con ganancias de otras y así presentar utilidades disminuidas, o diferir su pago.

Al analizar este tema, la iniciativa del Gobierno señala que el esquema actual no prevé una fecha determinada para el pago del ISR diferido, “lo que representa un sacrificio para el erario público”.

“El esquema actual del régimen de consolidación fiscal”, añade la valoración del Gobierno federal, “permite que las sociedades controladas empleen estrategias como la deducción inmediata, para generar pérdidas, o bien opten por incorporar empresas perdedoras al grupo, y así prorrogar el pago del impuesto diferido por largos periodos de tiempo".

En el esquema del paquete fiscal que se debate actualmente en el Senado, enviado por los diputados, se establece que el próximo año las empresas cubran el 40 por ciento de los pagos aplazados y el resto se haga en cuatro pagos de 15 por ciento cada año. El modelo propuesto es retroactivo y susceptible de amparo, como ya han aludido algunos empresarios.

Sin embargo, se prevé que los senadores finalmente cambien la redacción de los diputados y las modificaciones al régimen de consolidación fiscal no sean retroactivas, sino que las empresas cubran el 25 por ciento el primer año, 20 por ciento en cada uno de los tres siguientes y el resto en el quinto. La propuesta, hasta el momento, tiene el aval de Carstens.

Ayer por la tarde, el CCE manifestó en un comunicado que "no es momento de discordias, sino de llegar a acuerdos... para evitar que México siga en el estancamiento y la mediocridad".