Ayotzinapa marca un antes y un después, cierto, en términos de justicia y contra la impunidad. Pero deberá serlo para el sistema político, que arrastra décadas de colusión con el crimen organizado sin que hasta ahora, salvo casos aislados, haya freno a la impunidad. Guerrero representa la oportunidad para convertirlo en el paradigma del estado de Derecho, y para el presidente Enrique Peña Nieto, si quiere rescatar algo positivo del crimen colectivo en Iguala que marcó su gobierno. Lo podrido de las cosas en Guerrero, por su penetración criminal y silencio, lo ejemplifica el secuestro del diputado local priista Olaguer Hernández Flores, que hace un excelente estudio de caso de la narcopolítica.
El secuestro sucedió en Chilpancingo, alrededor de las 11 de la noche del 3 de mayo. Hernández Olaguer se encontraba en el centro de apuestas Casino Emotion en la plaza Galerías, cuando un grupo de personas entró y lo sacó con violencia. Tres días después, fue liberado y se trasladó a la ciudad de México. El caso no se cerró. Según el informe público de la procuraduría de Guerrero, las investigaciones llevaron el 16 de mayo a la detención de Carlos Alberto Vázquez Marín, quien declaró pertenecer a la banda criminal Los Rojos. A partir de sus dichos, se tejió la estructura de la banda en Chilpancingo, y sus relaciones políticas.
Vázquez Marín era el chofer de la célula, y durante los interrogatorios señaló a tres personas por sus apodos. Con sus descripciones se elaboraron retratos hablados, que junto con las imágenes de las cámaras de seguridad del Casino Emotion, y las huellas dactilares que dejaron en la casa de juegos y en el vehículo que decomisaron a Vázquez Marín, se pudo identificar a Pedro González Barragán, Conrado Marroquín Gutiérrez y Sócrates Ríos Alonso, detenidos el 3 de junio. González Barragán declaró que tres meses antes del secuestro, conoció a un miembro de Los Rojos, a quien identificó como “Higashi”, quien sabía que “era el brazo derecho” de Leonor Nava Romero, apodado “El Tigre”, líder de esa banda y socio del capo Héctor Beltrán Leyva. Nava Romero, capturado en mayo pasado por fuerzas federales, es ante quien llevaban a los alcaldes de Tierra Caliente para pactar protección y pagos mensuales. Las autoridades federales señalan a “El Tigre” como probable responsable del asesinato de ocho militares en diciembre de 2008 en Chilpancingo, que también es atribuido al ERPI. Los Rojos y el ERPI operan conjuntamente en Tierra Caliente.
“Higashi”, identificado por las autoridades de Guerrero como Jorge Higashi Chávez, apodado “El Japonés”, le ordenó el secuestro a González Barragán, quien testificó que era para aclarar “un mal entendido”. En sus declaraciones, Vázquez Marín precisó que “lo habían levantado por órdenes de… Higashi… ya que tenía que aclarar un mal entendido con el diputado, ya que estaba traicionando… a Los Rojos y estaba jalando con la contra”. La “contra” son Guerreros Unidos, la banda criminal que participó y eliminó a los normalistas de Ayotzinapa.
Oficialmente, la liberación de Hernández Flores obedeció al pago de un rescate. En ninguna parte de la investigación se hace referencia a una petición de rescate. El diputado local tampoco ha hablado de este asunto, cuando menos en público. Barragán, quien recibía órdenes de los jefes de Los Rojos para secuestrar y mantenerlos en casas de seguridad –en una de ellas, en la parte alta de la sierra de Xaltianguis, lo retuvieron-, dijo que fue liberado en una gasolinera de Chilpancingo después de “aclarar el mal entendido”. Este se refería a que no habría traición a la banda criminal a la que respondía, y que era falso que hubiera cambiado de bando.
¿Qué hacía el diputado Hernández Flores para las bandas criminales? En el expediente sobre su secuestro, no está señalado. El diputado local tampoco ha sido llamado a declarar en Guerrero, ni la PGR atrajo el caso. Ni siquiera respondido a las detalladas imputaciones sobre los motivos de su secuestro. Hernández Flores no es alguien alejado del escándalo criminal. Llegó a la diputación local en medio de imputaciones de haber estado ligado al cártel de los Beltrán Leyva desde que fue alcalde de Tlacotepec, por intermediación, según medios guerrerenses, de Jesús Nava Romero, apodado “El Rojo”, que fue jefe de esa plaza hasta que cayó abatido en diciembre de 2009, en el operativo de la Marina donde murió el jefe del cártel, Arturo Beltrán Leyva.
Hernández Flores nunca respondió esas imputaciones, que por el nivel de precisión, al menos tendría que haber sido llamado a declarar por las autoridades federales, por ser un tema del ámbito federal. No lo hicieron y caminó frente a los ojos de todos, como abanderado del PRI, a una diputación local. La historia de Hernández Flores es una de omisión que puede ser también de impunidad. Pero sobretodo es de descuido y negligencia por parte de las autoridades, o de un cerrar de ojos conveniente para no tocar a nadie de la clase política, salvo que sea un acto de flagrancia como la de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala.
Sin embargo, si como plantea el presidente hay que hacer todo para evitar un Ayotzinapa más, la protección de políticos a criminales es lo que hay que combatir en la fuente de la impunidad. Guerrero es la oportunidad para iniciar la cruzada.
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