Desde este miércoles, de acuerdo con la ley electoral, ningún medio de comunicación puede informar sobre las tendencias electorales, resultados de encuestas o cualquier otra noticia o análisis que, a juicio de los savonarolas de Tlalpan, incurra en un delito que tiene como castigo extremo, la cárcel. De esta forma, el espejo de la sociedad, que son los medios, tiene que opacarse para evitar ser presa de sus hogueras, ante una legislación que no regula ni establece parámetros, sino que censura a la prensa y le quita al electorado la posibilidad de tener información suficiente antes de hacer su elección en la urna.
Los savonarolas no están realmente encarnados en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, como muchos suponen, sino en los partidos políticos. Los consejeros electorales no son fanáticos naturales, sino responden a lo que les marca la ley electoral. Bajo su doctrina predican la equidad electoral y acaban con quienes consideran atentan contra sus principios. Pero esa ley, que no es de ellos, cancela la posibilidad de mayor conocimiento de la mayoría de los electores. La ley, para efectos prácticos, sólo regula a quienes menos intereses tienen en juego en una elección. Los artículos clave son el 209, sobre la propaganda electoral, y el 213 y el 251, sobre encuestas y estudios de opinión, que impiden la difusión de noticias y mediciones.
Los partidos decidieron después de la elección de 2012, tener un sistema electoral más regulado, supervisado y fiscalizado, impulsados porque esos artículos, más el 32, el 104, el 220 y el 222, fueron utilizados como argumento para invalidar la elección presidencial. Es decir, para evitar que unos políticos se montaran en esas leyes para derrotar en tribunales lo que no pudieron en las urnas, construyeron un andamiaje jurídico más complejo para evitar que, en efecto, no los derrotaran en tribunales, porque de las urnas se encargaban sus estructuras territoriales.
El resultado ha sido este sistema deforme que lastima a los ciudadanos de carne y hueso, al impedir a los medios publicar la información que tienen todos los actores con intereses políticos y económicos en una elección. Ellos sí pueden ver cómo van las encuestas –que no dejan de levantarse-, y los tracking polls, las encuestas diarias que miden estrategias y ayudan a modificarlas casi en tiempo real, sobre lo cual van tomando decisiones hasta el último momento que puedan afectar la conclusión de una votación. Es decir, usan sus recursos para manipular al electorado en vísperas de la elección y durante la propia jornada electoral. De hecho, en estos días de silencio es cuando más trabajan los partidos con sus clientelas electorales.
Todos aquellos con interés directo en las elecciones, saben perfectamente cómo se va comportando una elección. Los políticos no son los únicos que tienen sus mediciones en tiempo real; también hay empresarios que contratan ese tipo de encuestas para ver, conforme avanza una jornada electoral, si cambian sus apoyos y le prometen recursos y apoyos a un candidato que ven que se perfila a la victoria. Ellos pueden cambiar de bando en cualquier momento y los partidos olvidarse de sus cartas perdedoras y reforzar aquellas donde tienen las posibilidades de ganar. Todo esto se hace sin que aquellos que hacen que ganen o pierdan, sepan que hay todo un entramado invisible para sus ojos que se mueve sin que puedan advertirlo.
La regulación de encuestas y sondeos de opinión, señalaron los investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Julia Isabel Flores y Daniel Hernández en una ponencia en el INE, obedece a que han llegado a dominar el discurso político y la cobertura de los medios. “Ello hace –apuntaron- que se planteen cuestionamientos y serias dudas sobre los beneficios de estas técnicas para la consolidación y crecimiento de las democracias”. Los savonarolas en los partidos, temerosos de otro Andrés Manuel López Obrador en el futuro político-electoral mexicano, optaron por la sobre regulación de un instrumento que, como dijeron Flores y Hernández, “contribuyó a dar una mayor apertura y legitimidad a los resultados electorales”.
Pero tantos controles se convirtieron en un Frankenstein para los propios partidos, que decidieron echar tierra a la democracia. En el actual proceso electoral han pervertido las encuestas y llevado con ellos a varios medios, que a cambio de una inyección de recursos, publican lo que les piden que difundan. Hay medios que han dado a conocer encuestas viejas como si fueran recientes, y algunos que han repetido la publicación de una encuesta difundida semanas antes. Hay quien difunde estudios empíricos como si fueran científicos y paga por mediciones que le favorezcan.
Encuestas serias son manipuladas para consumo popular y al electorado lo tienen engañado. Las campañas, sin embargo, conocen los resultados reales y la adulteración de ellas, es para alterar el resultado de la elección.
Algunas veces tienen éxito; otras no. Pero todo esto que sucede la política real, no es explícito en el electorado, siempre presa de las marrullerías de los políticos. Las prohibiciones a la difusión de información que permita ver las tendencias electorales, coloca escalones adicionales en el puente que cada día aleja más a los electores de sus representantes y, por consiguiente, del proceso democrático. Pero ¿a quién le interesa la democracia en México? A unos cuantos y a muchos redactores de discursos para políticos, que siguen utilizando esa bandera como coartada para sus desvergüenzas.
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