Si en este momento se aprobara en el Congreso la Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado que propuso el presidente Enrique Peña Nieto, 40 municipios en todo el país serían puestos en estado de excepción y el gobierno federal asumiría el control total de la administración. Si en este momento se aprobara la Ley de Competencias, también propuesta por el Presidente, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, tendría que resolver el dilema que lo persigue para descabezar la Fiscalía General del Estado e iniciar una investigación contra varios de sus mandos por presuntos vínculos con el narcotráfico. O sea, si alguien no entendió que el discurso de Peña Nieto incluye destinatarios específicos, el cambio de metabolismo presidencial lo destruirá.
El Presidente dijo que este lunes propondrá la ley contra la infiltración criminal en municipios, que le permitiría al gobierno federal, con sólo “indicios” de esa penetración, asumir el control total del ayuntamiento. La propuesta se venía preparando mucho tiempo antes de que narcopolicías desaparecieran a 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, el municipio donde paradójicamente, era laboratorio de pruebas de lo que hoy es la iniciativa presidencial. Ese crimen interrumpió también la averiguación de la PGR contra el ex alcalde José Luis Abarca, a quien no podían encontrar un vínculo directo con la banda Guerreros Unidos, pero querían procesar, junto con esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, por enriquecimiento inexplicable, que los vincularía a la delincuencia organizada.
Iguala era para el gobierno federal el microcosmos de la penetración criminal en las instituciones, pero el estado de infiltración en los municipios de Guerrero, rebasaba por mucho a ese ayuntamiento. El CISEN, con información de la Fiscalía del estado, elaboró un informe donde involucraban con el crimen organizado a 12 alcaldes, de los cuales siete tienen averiguaciones abiertas, y dos diputados locales. Entre los políticos investigados están el perredista Bernardo Ortega Jiménez, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, a quien se le relaciona con la banda de Los Ardillos, una escisión del viejo cártel de los hermanos Beltrán Leyva, dedicados al secuestro y la extorsión.
Los Ardillos están enfrentados con otra banda en conflicto, Los Rojos, en cuya zona de influencia, Chilapa de Álvarez, aparecieron 16 cuerpos decapitados e incinerados en una semana. El alcalde, uno de los cinco más grandes del estado, es Francisco Javier García González, del PRI, también señalado por las autoridades por sus vínculos con Los Rojos. La documentación gubernamental muestra que los cárteles de la droga y las bandas criminales encontraron en las alcaldías y las secretarías de Seguridad Pública en Guerrero sus mejores aliados. En el Congreso, además de Ortega Jiménez, otro diputado es señalado por sus vínculos con Los Rojos, Olaguer Hernández Flores, secuestrado en mayo por Guerreros Unidos, presumiblemente porque los había traicionado.
Pero la infiltración del crimen organizado en Guerrero, según funcionarios federales, suma una cuarta parte de todos los municipios donde tienen más que indicios del control delincuencial. En diferente categoría, pero no menos relevante, se encuentra Jalisco, al que el presidente Peña Nieto ha enviado varias señales de que es uno de los focos rojos de mayor penetración criminal en el país. No fue la excepción el jueves pasado, cuando lo metió en los próximos “operativos especiales”. Si el gobernador Sandoval lo escuchó con cuidado, debe atender urgentemente la advertencia. El Presidente no parece tener ni el humor ni el tiempo para seguir esperando a que el gobernador actúe.
Sandoval tiene dos problemas centrales, que el decálogo presidencial aborda. Uno es el la corrupción y la transparencia. Las críticas y denuncias crecientes en Jalisco señalan directamente a su padre, el juez Leonel Sandoval, quien enfrenta un juicio político por proselitismo electoral a favor de la candidatura presidencial de su hijo para 2018, y a quien acusan de ser el conducto para que las cosas se hagan en Jalisco.
El otro problema que le atañe es el de la vinculación de funcionarios públicos con el crimen organizado. La PGR está investigando al fiscal general Luis Carlos Nájera, denunciado en los medios de comunicación de tener vínculos con el crimen organizado. Durante el gobierno de Sandoval y la procuración de justicia de Nájera, el Cártel Jalisco Nueva Generación, derivación del Cártel del Pacífico (antes Sinaloa), se ha expandido significativamente y realizado asesinatos de alto impacto, como el del diputado federal Gabriel Gómez este año, y su presunto nexo con criminales ha sido tema en el Congreso local. No ha pasado más allá, aunque Nájera, no ha desmentido nada. Sandoval menos.
El gobernador no ha querido escuchar las palabras del Presidente desde hace meses. Lo mismo pasa con decenas de presidentes municipales, algunos de ellos señalados abiertamente por autoridades y medios, que no han hecho nada para contrarrestar las imputaciones, salvo algunas negaciones por parte de los menos.
Las leyes que pedirá el Presidente al Congreso van a ser una prueba para los partidos y las cámaras, donde se podrán ver las resistencias sospechosas y los bloqueos legislativos; o sea, las relaciones culposas de las que se acusan a miembros de la clase política. Pero si le dan las herramientas que dice necesitar para resolver parte de la crisis que vive, Peña Nieto no tendrá segunda oportunidad. Menos aún, aquellos políticos que se cruzaron al lado criminal.
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