Desde la primera vez que llamaron a declarar a Celina Oseguera tras la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán en julio del año pasado, se sabía hasta dónde iba a llegar la investigación para determinar las responsabilidades por la evasión. Oseguera, en ese entonces coordinadora de penales federales, sería lo más alto en la cadena de funcionarios. Si había responsabilidad, complicidad o culpabilidad, por omisión o comisión, no iría más arriba. El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto lavaría en ese nivel sus culpas y esperar que el tiempo y el olvido disiparan la exigencia de una investigación seria. La última tuerca la apretó la semana pasada el Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, al anunciar la inhabilitación de Oseguera y otros seis funcionarios por la evasión.
No se sabe en qué se basó Andrade para inhabilitarlos 10 años por faltas de orden administrativo –no haber cumplido con responsabilidades que facilitaron la fuga-, pero como lo ha hecho en anteriores ocasiones polémicas, revolvió la gimnasia con la magnesia. Por ejemplo, en el caso de Oseguera, donde justificó la inhabilitación porque no asignó el presupuesto para la actualización de los sistemas de seguridad internos y la optimización de acciones al interior del penal. Pero los presupuestos no los asignaba ella, sino el comisionado de penales federales, a quien no se ha tocado, aunque tampoco dependía finalmente de él, sino del comisionado nacional de Seguridad y de la Oficialía Mayor de reclusorios.
Los presupuestos de 2013 y 2015 fueron cambiando los porcentajes de recursos en los penales contra gasto administrativo, de 50% en 2011, a 80% administrativo en el último año. Quien maneja los presupuestos de los penales pertenece al grupo político del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y cuáles fueron las razones de ese cambio permanece en un misterio. Andrade dijo que Oseguera tampoco llevó a cabo las acciones para optimizar los sistemas de operación interna y autorizó la entrega de un televisor a Guzmán. Una vez más, cerró los ojos ante documentación que prueba lo contrario.
Andrade omitió las decenas de oficios y tarjetas que entregaron Oseguera y otros funcionarios del penal al área de Inteligencia de la Policía Federal, de quien dependían formalmente para estos fines, solicitando el restablecimiento de los sistemas de seguridad que habían dejado de funcionar por falta de mantenimiento y la no renovación de los contratos por decisión u omisión de los comisionados Manuel Mondragón y Monte Alejandro Rubido, cuyas faltas facilitaron la evasión. Tampoco tomó en cuenta las peticiones de cambio de celda y de penal que solicitaron las autoridades penitenciarias. El televisor no lo autorizó ningún funcionario: lo ganó Guzmán en un amparo que le concedió un juez.
Entre los inhabilitados incluyó a Valentín Lerma, el director del penal, porque, dijo Andrade, omitió establecer la coordinación de las fuerzas de seguridad federales al momento de conocerse la evasión, por no activar a tiempo el código rojo de alerta para responder, y porque había problemas con la visualización del monitor de la celda de Guzmán. El sábado en que se fugó El Chapo, Lerma estaba de descanso fuera del penal. De cualquier forma tampoco podía haber activado el código rojo porque los monitores de vigilancia no los tenía él, sino el área de Inteligencia de la Policía Federal y el CISEN. El código rojo, aunque en forma le correspondía a él, en el fondo estaba al margen de la información para activarlo. Por la misma razón es controvertida la inhabilitación de la ex directora jurídica del penal, Leonor García, quien esa noche sustituía a Lerma.
Cuando los monitoristas del CISEN –que tenían la vigilancia personalizada de Guzmán- y de la Policía Federal ya no tenían al interno en sus pantallas, pidieron a los custodios que revisaran la celda, que les reportaron que ya no se encontraba Guzmán en ella. Nunca le informaron de la desaparición a García, menos a Lerma. Ella se enteró por el escándalo y la desesperación de los agentes federales porque se les desapareció en sus narices de sus ojos a quienes estaban en el penal y a quienes, desde los sistemas de redundancia en la Policía Federal y el CISEN lo vigilaban.
Andrade inhabilitó también al personal de seguridad y custodios porque no respondieron al teléfono para atender la emergencia, aunque la razón por la que no estaban al tanto del teléfono es porque los habían enviado a revisar la celda. Las deficiencias de los monitores de la Policía Federal se debió a los cambios que hizo el comisionado Mondragón, que redujo la vigilancia sobre los internos de máxima seguridad aduciendo sus derechos humanos, y contraviniendo el mandato constitucional que permite medidas excepcionales contra ellos. Pero ni él ni nadie más, dijo el Secretario, están siendo investigados. Oseguera es la más alta en la cadena.
La inhabilitación es un paso más en el encubrimiento oficial contra altos funcionarios que son responsables por la evasión. Sigue siendo incomprensible el porqué Peña Nieto y Osorio Chong se niegan a admitir que se equivocaron con algunos de sus colaboradores, y permitir que los investiguen para determinar si hubo incompetencias, descuidos o complicidades. En el caso extremo, el Secretario de Gobernación prohibió que se llamara a declarar al Director del CISEN, Eugenio Imaz, obstruyendo, se puede argumentar, a la justicia. De Andrade poco se puede añadir. Hace tiempo se resignó a satisfacer las necesidades de sus jefes, aún a costa de la ignominia.
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