NUEVA YORK.—El Presidente Enrique Peña Nieto viajará esta semana a Washington para una reunión de 56 jefes de líderes convocada por el Presidente Barack Obama para hablar sobre terrorismo nuclear. Es la cuarta que se realiza y la primera después del acuerdo nuclear con Irán. Sin embargo, es mucho más que eso. En el trasfondo está otra amenaza más letal por inmediata, el Estado Islámico y su campaña de terrorismo contra Occidente. Los líderes analizarán las secuelas de los atentados en Bruselas que pudieron ser evitados de haber actuado sus cuerpos de seguridad e inteligencia con eficacia. Peña Nieto será uno de los que menos puede aportar, pero entre quienes más puede aprender para revertir la negligencia e irresponsabilidad que ha tolerado en su gabinete de seguridad.
Los atentados en Bruselas mostraron las debilidades de los sistemas de seguridad en Bélgica, que fueron engañados por el gran golpe de enero del año pasado cuando descubrieron una casa donde había documentación que les ayudó a evitar un atentado terrorista. Pero como dicen los expertos, esa victoria fue una máscara que no dejó ver los yerros subsecuentes. Durante el resto del año, las autoridades fueron construyendo inadvertidamente las condiciones para que su aeropuerto y metro fueran atacados por su mala administración de la información.
En junio pasado el Gobierno turco detuvo a Ibrahim El Bakroui, acusado de robo armado e informaron al belga. En Bruselas no actuaron para recibirlo y los turcos lo deportaron a Holanda, donde desapareció en julio hasta que resurgió la semana pasada como uno de los terroristas suicidas. En diciembre los belgas recibieron una denuncia anónima sobre la ubicación del arquitecto de los atentados en París en noviembre, Salah Abdesalem en Bruselas, pero nunca se informó al alto mando de la policía. Antes fue detenido en la frontera austro-húngara con documentos falsos, pero puesto en libertad. La policía belga lo detuvo finalmente hace 10 días, pero no lo interrogó hasta después de los atentados en Bruselas. La policía había recibido reportes de un vecino de la casa donde se armaron las bombas, pero para cuando finalmente ubicaron ahí la residencia de El Bakroui, los actos terroristas estaban consumados.
El mismo día de los atentados, los ministros de Interior y Justicia renunciaron, como responsables de las fallas de sus dependencias. El ministro de Interior –equivalente a Secretario de Gobernación-, dijo que las deficiencias eran “inexcusables” y que había habido negligencia. El Primer Ministro no las aceptó, pero el Parlamento lo llamó a explicar cómo pudieron darse tantas fallas, de manera tan sistemática. El Ministro del Interior acudió al Parlamento mientras seguían las investigaciones, en lugar de dedicar su tiempo a las relaciones públicas y tender cortinas de humo para ocultar sus deficiencias.
Las fallas en los sistemas de seguridad belgas han sido cuestionados en el mundo. El Gobierno ha dado la cara, aunque sea para que la golpeen por incapaz. La discusión internacional sobre lo que hicieron y no hicieron los belgas es de lo que podría abrevar el Presidente Peña Nieto, que poco tiene que aportar en términos de sustancia a esa conversación entre líderes, y mucho que escuchar para aprender y aplicar. A México le falta que su Presidente entienda que la seguridad no es un asunto de propaganda y relaciones públicas, sino de eficacia, responsabilidades y rendición de cuentas.
Bajo estándares internacionales, el ex Comisionado Federal para Michoacán, Alfredo Castillo, tendría que haber sido sometido a un proceso legal por haber creado grupos paramilitares con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destituido por permitir la atrocidad legal en la que involucró a las fuerzas federales. El ex Procurador, Jesús Murillo Karam, tendría que haber sido sujeto a un proceso por omisión en su responsabilidad –el delito implica cárcel de ocho a 10 años-, mientras que al primer Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, lo tendrían que haber cesado en los primeros meses del Gobierno por haber dejado de combatir a delincuentes. La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, cuyas fallas, omisiones e irresponsabilidades de las autoridades federales se han detallado en este espacio durante meses, tendría que haber sido la segunda llamada de atención para Peña Nieto a fin de que actuara y sacudiera de raíz a su gabinete civil en el campo de la seguridad, para el que sólo ha habido, contradictoriamente, elogios y encubrimientos.
Peña Nieto fue invitado por Obama por razones geoestratégicas, no porque Washington piense que el Presidente mexicano tiene mucho que aportar. Al contrario. La desconfianza sobre su gestión es creciente, pero al compartir una frontera de tres mil 200 kilómetros, no es una nación que pueda estar fuera de la consideración inmediata estadounidense. Si Peña Nieto acude con la visión de Estado que mostró durante el proceso de las reformas económicas, será bueno para él pero sobre todo para México. Si mantiene la visión cortoplacista que ha venido desplegando en el campo de la seguridad, sería bueno que empezara a contratar abogados para su séptimo y octavo año de Gobierno, porque la cruda que tendrá por lo que su gabinete hizo y no hizo, muy probablemente se traslade a las cortes internacionales para enjuiciarlo a él, no a su gabinete, por haber pactado con criminales y tapizar de violaciones el Derecho Internacional, en un país que tiene etiquetas icónicas: Ayotzinapa, Tanhuato, Tierra Caliente. Ese horizonte probable no lo puede soslayar.
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