La barbarie de Iguala está pasando a la fase donde la Secretaría de la Defensa tiene qué responder qué es lo que está haciendo en este país. La desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre está directamente relacionada con el Ejército, cuyo 27º Batallón de Infantería, enterado de lo que estaba sucediendo, en lugar de actuar de inmediato para proteger a la población civil bloqueó los accesos y las salidas de esa ciudad, con lo que contribuyó a una matanza y al secuestro. Pero la historia de ese Batallón no empieza y termina esa noche. La pregunta es qué tanto sabían de la colusión institucional y criminal, qué tanto protegían los militares mismos a la delincuencia organizada o, si la forma como actuaban en la región forma parte de una estrategia de depuración social.
El Batallón 27º de Infantería nació en los 70s, como consecuencia de la respuesta del Estado Mexicano a las guerrillas de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas –que se formaron en la Normal de Ayotzinapa- en la zona de Tierra Caliente. Entre 1968 y 1974 el Ejército desplegó la estrategia de la Guerra de Baja Intensidad para aniquilar a los movimientos armados y sus frentes políticos, y su doctrina está detallada en un reporte secreto del Pentágono de 1986. El Batallón tiene su sede en Iguala, y sus antecedentes de integración e infiltración con la sociedad, hacen imposible pensar que no supieran qué sucedía en su vecindario.
El área militar bajo responsabilidad era el centro de operaciones de Guerreros Unidos que desde 2011, cuando sus líderes terminaron su relación con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, se apropió de la vida cotidiana en esa zona de Tierra Caliente. Este año se descubrieron en su zona de vigilancia fosas clandestinas, primero en Taxco y recientemente en Iguala. ¿Tampoco sabían de ellas? La inteligencia militar en México tiene un despliegue nacional y su característica es que es humana. No hay mejor termómetro social que el militar, por la información directa. Esto permite alegar que el jefe del Batallón, el coronel José Rodríguez Pérez, estaba al tanto de todo lo que sucedía, pero o no actuó, o sus órdenes fueron para proteger a los criminales. En cualquier caso, tiene que responder.
Un testimonio publicado por el periódico El Sur el 15 de octubre pasado, revela que la noche del 26 de septiembre, el Ejército y la Policía Federal acordonaron el área para impedir la presencia de civiles mientras policías y criminales reprimían a los normalistas a dos kilómetros de su base. Los normalistas fueron atacados dos veces a las nueve de la noche, y no respondieron. Tres horas después volvieron a atacarlos y tampoco se presentaron. Ahí fue cuando secuestraron a los 43 que están desaparecidos. Cuando pidieron explicaciones los padres de las víctimas al coronel Rodríguez Pérez, respondió: nos enteramos “al último”.
El coronel es un militar reconocido, y encabezó la parada militar del 16 de septiembre en la Zona Militar en Chilpancingo, lo que sólo se da a los oficiales de confianza y que se busca promover. Su relación con las autoridades de la región era frecuente. También conocía, por las informaciones de prensa –si no se quiere incluir los reportes de inteligencia que debieron pasar por sus manos-, que con quienes convivía tenían vinculaciones con criminales. ¿Por qué no se hizo nada? Su pasividad choca con la certidumbre dentro de los aparatos de inteligencia del Estado Mexicano que la Normal de Ayotzinapa, es una fuente de guerrilleros, acusación rechazada por los sectores sociales y señalada como una estrategia del Estado para criminalizar la protesta civil. La pregunta ahora es si el coronel tuvo la autorización para que mediante la tolerancia a criminales, fueran estos quienes se encargaran de la lucha contra los normalistas.
Esta estrategia no sería novedosa. El Ejército armó y protegió a grupos paramilitares en Michoacán que iniciaron la guerra contra Los Caballeros Templarios, y sin manchar las manos de las instituciones y sin causarle ninguna baja –uno de los objetivos de esta administración-, fueron aniquilando a ese cártel y matando o entregando a sus líderes. En Nuevo León sus unidades han abatido a personas en plena persecución, disparándoles desde el aire. En Tlatlaya, varios oficiales y soldados están acusados de asesinar a un grupo de personas vinculados al crimen organizado. Iguala suena mucho a la Tierra Caliente michoacana y a las zonas rojas de conflicto con criminales. También suena a la Iguala de los 70s. ¿Limpieza de criminales en una zona del país, y uso de criminales en otras regiones para eliminar grupos sociales incómodos?
Las dudas llevan a conclusiones ominosas. Pueden y deben responderse. Próximamente el general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, se reunirá en secreto con la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, para conocer del caso de Ayotzinapa. Es una gran oportunidad para aclarar las dudas o frenar, si el caso de la depuración social es una estrategia, frenarla.
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