Seguimiento y trabajo de inteligencia. Esas son las vertientes por las cuales se logró capturar al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, jefa de plaza de la banda Guerreros Unidos, acusados por la PGR como los autores intelectuales del homicidio de seis personas y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa a finales de septiembre. La detención de la pareja fue confirmada por Twitter a las 4:49 de la mañana del martes por José Ramón Salinas, director de Información de la Policía Federal. El mensaje de 15 palabras no aportó detalles, pero se asumió que la operación se efectuó esta misma madrugada. Sin embargo, pese a la información oficial, no están claros los detalles.
Tres fuentes de inteligencia y dos fuentes políticas dijeron al portal Eje Central el 23 de octubre pasado, que la pareja fue detenida en un hotel de Xalapa, Veracruz, por un comando de la Marina con apoyo de la PGR. Dos diarios nacionales informaron lo mismo en sus sitios, pero por petición de la PGR aceptaron retirar la noticia. Oficialmente, la PGR desmintió esa versión. La información de esa captura mencionaba que la pareja se había quedado con unos amigos en Puebla, que fueron detenidos posteriormente, y cuyas declaraciones permitieron localizar a los Abarca en Xalapa.
Información de policías locales dieron fuerza a la versión rechazada por la PGR. En un fraccionamiento en Angelópolis, la zona más moderna de Puebla, agentes federales catearon un casa a la cual días después, de acuerdo con vecinos, mantenían bajo vigilancia. No se informó de ese operativo. Sin embargo, fuentes policiales dijeron que Abarca había sido visto por agentes locales quienes, al no recibir la confirmación para su captura –por más insólito que parezca, en casos de alto impacto este es un procedimiento de rutina, contrario a lo que procedería de manera natural, que es detener a quien se busca-, se le dejó ir. Cuatro días después de la publicación en Eje Central, uno de los líderes del PRD confirmó que habían sido detenidos en Veracruz. La PGR mantuvo su rechazo a la versión.
Poco se supo en los días posteriores, salvo declaraciones aisladas sobre la certeza de que ni Abarca ni su esposa, habían salido del país. El procurador general Jesús Murillo Karam, dijo que la operación para detener a la pareja comenzó a las dos y media de la mañana. Horas después, fuentes federales dijeron que también participaron el CISEN y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Fuentes de la PGR dijeron a periodistas que la captura fue por una denuncia de unos vecinos, que dieron el nombre del dueño de la modesta casa que rentaban los Abarca, lo que resultó falso. La versión de la PGR dio una dirección en la calle Jalisco en una de las colonias de esa populosa delegación, mientras que en la Policía Federal se insistió que la captura había sido en la calle de Cedros, en otra colonia de esa misma demarcación.
En ambos casos, periodistas que visitaron las dos casas se encontraron con lo mismo: no había señales de nada, pocos vecinos pudieron dar cuenta de una operación policial esa madrugada. Más raro aún, ninguna de las dos casas estaba asegurada por las autoridades, un procedimiento de rutina para recolectar evidencias y realizar los peritajes que se integran a la averiguación previa. Murillo Karam agregó que la casa donde se escondían daba la apariencia de estar abandonada, lo que es altamente extraño, pues nadie que quiere pasar desapercibido se mete en un inmueble donde cualquier movimiento, por menor que sea, despierta curiosidad y atención.
En cualquier caso, la detención de la pareja no deja de ser un golpe que necesita el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en estos momentos de desasosiego, y que le da un poco de oxígeno a sus investigaciones sobre el paradero de los 43 normalistas desaparecidos. No necesariamente las declaraciones del matrimonio permitirán conocer el destino de ellos, a menos que como dijo una fuente de inteligencia hace 15 días, estuvieran secuestrados. No hay información verificable que permita suponer que están con vida, o muertos, secuestrados o escondidos. Lo que es cierto es que 56 declaraciones de policías y delincuentes detenidos por este caso, no han aportado información que permita revelar el misterio de Iguala.
Pero la transparencia sobre la captura es vital para el caso contra de los Abarca. Si la detención fue hace días, el caso en su contra podría encontrar dificultades para procesarlos, ante una posible violación del debido proceso. Pero al mismo tiempo, si la captura fue previamente a este martes y los declararon en su momento, las autoridades podrían tener toda la radiografía criminal y de protección institucional para proceder en contra de todos los responsables.
Vaya paradoja. Ante tan altos niveles de impunidad, arriesgar el debido proceso para llegar al fondo como exigió el Presidente, parecería el mejor camino. Aplicar la ley de manera garantista, puede abrir las puertas a que la impunidad prevalezca, si no en la pareja, en sus protectores y padrinos. Qué desgracia es esta realidad mexicana, donde la incredulidad abreva de las contradicciones de las propias autoridades, que se manejan en un mundo lleno de opacidad y sospecha, ante la falta de un verdadero Estado de Derecho.
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