El pasado 23 de diciembre, Luis Antonio Lagunas presentó una solicitud de matrimonio en el Registro Civil de la ciudad de México, cuya ceremonia se llevaría a cabo en una casa en Cuajimalpa. La solicitud no era una de tantas. Lagunas pretendía desposar a Elba Esther Gordillo, la ex líder del sindicato de maestros presa desde hace tres años por delincuencia organizada, fraude y lavado de dinero. La boda estaba programada el dos de enero de este año, fecha en que estaban seguros estaría en su casa, en prisión domiciliaria, como consecuencia de un amparo que su defensa busca desde enero de 2015 por razones de edad y salud. El amparo no llegó. Pese a las muchas fallas, omisiones y errores de la PGR en la acusación, un juez le dio la razón.
La programada boda es uno de los episodios más extraños en el litigio y que más intriga, por la secrecía con la que la manejó. Personas cercanas a ella aseguran que en ningún momento comunicó a su familia, o a su abogado Marco del Toro, su intención de casarse con Lagunas, quien fue contratado por su defensa cuando la detuvieron para servir de enlace permanente de la maestra con Del Toro. El abogado se convirtió en un gestor eficiente de las necesidades de la maestra y un facilitador de trámites para toda su familia. Lagunas salió del despacho de Del Toro a finales de 2014, pero la maestra lo contrató para seguir atendiéndola.
Lagunas no es un abogado penalista, pero tenía experiencia en asuntos penitenciarios. Conforme pasó el tiempo, Lagunas se convirtió en la persona que más tiempo pasaba con ella, aunque personas cercanas a ella dicen que nunca notaron una relación más allá de la profesional. Sin embargo, de acuerdo con la documentación presentada en el Juzgado Undécimo del Registro Civil de la ciudad de México, Gordillo y Lagunas estaban decididos a casarse. La boda se celebraría el 2 de enero en la casa en Cuajimalpa donde ella, esperaban, estaría confinada en prisión domiciliaria, enfrentando el proceso en su contra.
La solicitud de matrimonio fue acompañada con el acta de nacimiento de la maestra y una copia de su pasaporte, donde se registra su fecha de nacimiento el 6 de febrero de 1945 (tiene 71 años) en Comitán, Chiapas, mientras que él presentó su credencial del IFE y una copia de su acta de nacimiento, donde se lee que nació en Chilapa de Álvarez, Guerrero, el 23 de agosto de 1983 (tiene 32 años). Presentaron también un convenio de separación de bienes, firmado por los dos contrayentes. Las firmas que aparecen en el documento fueron cotejadas con sus firmas en otros documentos y se ven iguales. Lagunas presentó como comprobante de domicilio un recibo de Telmex con la dirección de un departamento en el edificio blanco que se encuentra en Reforma 222, donde la maestra tiene varias propiedades. No se sabe si la dirección del recibo telefónico corresponde a un inmueble propiedad de ella.
La boda no se concretó. La solicitud fue rechazada porque Lagunas nunca presentó la copia certificada del amparo y faltaron las actas de nacimiento originales. La lucha por lograr que enfrente su proceso en su domicilio ha sido tortuosa. El 8 de febrero el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, le concedió a la maestra un amparo para reponer parte del procedimiento por el cual se le negó el beneficio de la prisión domiciliaria. En respuesta, los ministerios públicos federales interpusieron un recurso en contra de esa sentencia para evitar que la resolución sea revocada. Una vez más el amparo regresó al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que había fallado previamente en contra de la maestra.
La defensa de Gordillo alega además de la edad, su salud. Por ley, después de los 70 años puede tener el beneficio de la prisión domiciliaria, a lo que se le añaden dos aneurismas que tiene y un deterioro del único riñón que le queda. Si bien la boda es del ámbito privado, el estado de salud emocional que sugiere la secrecía de la boda de su familia y abogado, al mal estado físico en el que se encuentra, la posibilidad que el ajuste de cuentas político del gobierno, tenga consecuencias funestas, la coloca en el campo del interés público.
El trato contra la maestra ha contrastado con el trato a narcotraficantes. Por ejemplo, la PGR dejó salir en libertad en 2013 a Rafael Caro Quintero, sentenciado a 40 años por narcotráfico y el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena en 1985, con lo que cambió para siempre la relación entre México y Estados Unidos, y que provocó un conflicto político con Washington. En septiembre pasado, un juez federal concedió la prisión domiciliaria a Ernesto Fonseca, de 85 años, acusado por los mismos delitos que Caro Quintero.
Es más fuerte el odio a ella que a los narcotraficantes. La conserjería jurídica de la Presidencia contrató abogados externos para cabildear en los juzgados contra el amparo de la maestra, y sumó a esa presión, sin tener atribución para ello, al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Alberto Bazbaz. La boda frustrada es más que una anécdota en este caso. Con el paso del tiempo se incuba con mayor solidez la percepción que su detención y proceso, es una venganza política.
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