Marcelo Ebrard se fue de México por una temporada indefinida. Se le ha ubicado en París y en Nueva York, pero según autoridades federales, hasta hace unos días, estaba en Houston arropado por su íntimo amigo, el contratista mexiquense Enrique Gómez y Orozco. Parte de su familia también está fuera del país. Debían haber sabido que los estaban investigando porque en vísperas de su salida fue detenido un chofer cercano a la familia Ebrard que era “propietario” de más de 10 empresas. Era un hombre de paja. La forma como llegaron a él las autoridades federales, no se sabe aún, pero la realidad es el manejo del dinero de los Ebrard y su familia fue monárquico; es decir, descuidado.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda estaba tras la pista de Ebrard después que brincara en el sistema bancario un patrón de pagos en efectivo a las tarjetas de crédito de Mariagna Prats, segunda esposa del ex jefe de gobierno del Distrito Federal. Los pagos, que no justificaban los ingresos de la señora Prats y las primeras declaraciones del chofer, llevaron al congelamiento de cuentas de ella y de tres constructoras donde están vinculados los Ebrard, la Constructora Enalser, Círculo Promocional Gráfico y Grupo Caebr, como reveló la prensa la semana pasada, con la presunción del delito de lavado de dinero.
Sergio Fuentes Calderón, de Constructora Enalser, propietaria de la casa donde vive Ebrard en la ciudad de México, es socio de su hermano Enrique Ebrard desde 2006 en la empresa inmobiliaria Residencial Mexicali, de la cual también es accionista Ernesto Castro García, quien en 2008 compró una propiedad de 12 millones de pesos en las Lomas de Chapultepec, donde vive actualmente –aunque está fuera de México-, la primera esposa Marcelo Ebrard, Francesca Ramos Morgan. La investigación es sobre bienes y beneficios inmobiliarios, pero sus raíces tienen que ver con obra pública en la administración de Ebrard en el Distrito Federal. Círculo Promocional Gráfico es de Castro García.
La investigación tiene que ver con el desarrollo urbano detonado por la construcción de “los puentes de los poetas” –se llaman “Octavio Paz”, “Carlos Pellicer” y “Juan Sabines”-, inaugurados en septiembre de 2004 por el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, que conectaron el poniente con el sur de la ciudad de México hasta entonces cercenado por barrancas, y transformó la vida de la capital a partir del proceso de urbanización en 2009, cuando Ebrard modificó usos de suelo para que se levantaran conjuntos residenciales de alto ingreso.
La investigación presume que en el gobierno de López Obrador, al no tener los recursos para esa obra, vendió los terrenos a varias empresas a valor del momento, con la condición de que invirtieran en la construcción de los “puentes de los poetas”. Su pago sería la comercialización de los terrenos con una plusvalía significativamente mayor. Los detalles de la obra concesionada a Constructora Atco e Inmobiliaria Copri, fueron reservados por López Obrador y no se podrán conocer cuando menos hasta 2025. Constructora Atco e Inmobiliaria Copri, que iniciaron ese desarrollo, recibieron un apoyo adicional de Ebrard, al formar junto con OHL la Controladora Vía Rápida Poetas, que opera la Supervía Poniente, una concesión por 30 años para administrarla libremente.
Los investigadores están checando la relación de Enrique Ebrard y al menos otros dos hermanos, en varias de las empresas que resultaron altamente beneficiadas por la plusvalía inmobiliaria, o si formaron empresas que fueron subcontratadas por el consorcio. De probarse este vínculo, el ex jefe de gobierno estaría metido hasta el fondo del problema y podría demostrarse el delito de lavado de dinero, configurado por ingresos de origen desconocido. Por ahora, la señora Prats se encuentra bajo escrutinio público, pero se piensa que es de las menores responsables de este probable esquema delincuencial.
Desde hace varios años se han publicado en la prensa señalamientos a Ebrard como benefactor de empresas que, a cambio de ello, recibió beneficios económicos. Hasta ahora no había pasado nada a nivel oficial, pese a las afirmaciones directas sobre los privilegios a la Constructora Atco y la Inmobiliaria Copri, que fue la desarrolladora de Cumbres de Santa Fe, uno de los conjuntos habitacionales de lujo que se encuentran dentro de la investigación federal. Las autoridades sospechan que en el caso de ellas, se repita el modelo de la Constructora Enalser y la inmobiliaria Residencial Mexicali, donde hay nexos con Enrique Ebrard que beneficiaron al ex jefe de gobierno y a su familia, mediante operaciones ilegales para adjudicarse propiedades del Distrito Federal.
Ebrard ha enmarcado estas acusaciones –como también en la Línea 12 del Metro, donde pese a la insistencia del entonces director del proyecto, Enrique Horcasitas, de cambiar el trazo por lo pantanoso del terreno que provocaba mayores costos y aventuraba problemas futuros, se negó tajantemente a ello- dentro de un contexto político, y una persecución por las imputaciones públicas que él entregó la documentación de la casa blanca del presidente Enrique Peña Nieto. En Los Pinos, sin embargo, existe la convicción de que él no es el autor intelectual de la investigación de la casa blanca, y que no hay venganzas políticas en el horizonte. Hay presunción de lavado de dinero y corrupción, de acuerdo con lo que tiene en las manos el gobierno federal. Nada más, que no obstante, es mucho.
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