En septiembre de 2010, en un diálogo en el influyente Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, la negociadora estadounidense del Tratado de Libre Comercio, Carla Hill, le preguntó a la invitada, Hillary Clinton, en ese entonces secretaria de Estado, sobre México y el narcotráfico. Clinton hizo una larga respuesta en donde, casi como remate, señaló a manera de advertencia: “Le doy altas calificaciones al presidente (Felipe) Calderón por su coraje y compromiso (a combatirlo). Es realmente un desafío fuerte. Y los cárteles de la droga están mostrando cada vez más y más índices de insurgencia, ya saben, coches-bomba que no había antes. Se está pareciendo cada vez más y más a como estaba Colombia hace 20 años, donde los narcotraficantes controlan ciertas partes del país”.
Clinton recordaba como en un punto de su historia reciente, la guerrilla de las FARC, que recurrieron al narcotráfico para financiar sus actividades, controlaban casi el 40% del territorio colombiano. Se refería en el contexto a los coches-bomba que los enemigos del Cártel de Sinaloa –hoy Pacífico-, les habían colocado en Culiacán en 2008, y el intento de asesinado ese mismo año del entonces gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, por parte de una facción de La Familia Michoacana, en aquél entonces vinculada a Los Zetas, porque decían que “los había traicionado”. Calderón le respondió agriamente en una entrevista que concedió a Univisión, donde utilizó la metáfora del elefante en la sala para explicar que México tenía un problema enorme que no veía aunque estaba enfrente de él.
Calderón sugirió que él no sólo observaba, sino entendía y conocía el origen del fenómeno: Estados Unidos y la venta de armas para los cárteles de la droga. Sin sus armas, le gritó a Clinton, no habría tanta violencia ni muertos en México. El ex presidente tenía una parte de razón, pero no la suficiente para borrar la existencia de bolsones de territorio mexicano donde la ley la marcan los criminales, no las autoridades. En ese sentido, Clinton tenía razón.
El gobierno de Calderón fue combatiendo esos micro estados fallidos: 80 municipios en Michoacán y Tamaulipas, donde inició su guerra contra las drogas; decenas de municipios más en el resto del país. En este gobierno, 23 sólo en Jalisco, donde se anidó el Cártel Jalisco Nueva Generación y controla todo en el sur del estado: la administración de los municipios, sus cuerpos de seguridad, su vida cotidiana. Son tan poderosos que desde el gobierno de Calderón se sabía que para enfrentarlos, había que llevar hasta ambulancias con las fuerzas de seguridad, porque también ellas las manejaban los criminales.
El viernes pasado, el presidente Enrique Peña Nieto vivió el desafío más grande que ha tenido su gobierno contra los cárteles de la droga, que problematizó sus deficiencias y carencias operativas y estratégicas. El “Operativo Jalisco”, diseñado para el 1 de mayo –día de asueto- a las nueve de la mañana, empezó mal antes de iniciar. A las siete de la mañana, en un vuelo para recopilar inteligencia para el operativo, el helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana que llevaba al personal entrenado para esas funciones, fue derribado por un cohete. La acción sin precedente desarticuló las acciones durante varias horas.
Las autoridades federales dejaron correr, por ignorancia o conveniencia, la especie de la utilización inédita de lanza cohetes. No es la primera vez que los utilizaban los cárteles de la droga, aunque, en efecto, nunca antes habían tenido tanta efectividad en su uso. En el caso particular del RPG-27, fue comprado en el mercado negro centroamericano, de donde se estima que los cárteles mexicanos, desde mediados de la década pasado, adquieren cohetes anti-tanque y bazucas. Entró por la frontera sur, de acuerdo con funcionarios federales, probablemente por Guatemala, cuyas fuerzas de seguridad llevan años de estar infiltradas por la organización que encabezaba Joaquín El Chapo Guzmán, de quien el CJNG, es uno de sus subproductos.
Los soldados que llegaron a la zona del derribamiento decomisaron dos RPG-27 y dos lanzacohetes LAW, que significa Arma Ligera Antitanque, comprados también en Centroamérica, remanentes de las guerras en la región en los 80’s, que fueron detectadas por el gobierno mexicano desde 2006, y no han dejado de aparecen en los decomisos a los cárteles. Por ejemplo, la Marina confiscó RPG-7, que también es un lanza misil anti-tanque, en operaciones contra los Zetas en Veracruz y el norte de Coahuila, así como también le encontraron uno a Heriberto Lazcano, el jefe de Los Zetas, cuando fue abatido. El Cártel del Pacífico y el CJNG, han tenido acceso a ese tipo de armas procedentes de China, donde tienen relaciones con las mafias, que se las envían junto con los precursores químicos para las metanfetaminas.
Dinero y armas, terror y cooptación, son los vectores del control territorial. Eso es lo que enfrenta, al final de cuentas, el gobierno federal con la organización criminal que encabeza Nemesio Oseguera, El Mencho. Pero este desafío frontal está lejos de terminar. El CJNG es el reto actual, pero no el único poderoso que existe. Ahí está el del Pacífico, con Ismael El Mayo Zambada, el gran beneficiario de esta pequeña guerra de sus rivales con el Estado Mexicano.
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