La recomendación al presidente Enrique Peña Nieto de encapsular la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa al declarar que los hechos en Iguala eran un asunto que debían arreglar los guerrerenses, regaló 15 días a grupos políticos y armados dentro y fuera de la ley, que avizoraron que a través de una causa legítima podían comenzar una rebelión. El mes que discutieron en Los Pinos si convenía o no presionar al gobernador Ángel Heladio Aguirre a pedir licencia, les facilitó el incendio del estado. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, repitió erróneamente que el crimen era del fuero común, sin entender él, ni Aurelio Nuño, el jefe de la Oficina de la Presidencia, que en Iguala no sólo se había cometido un crimen, sino que empezó la contrarreforma nacional. No lo diagnosticaron ellos; no se percató el Presidente.
Actuar como Poncio Pilatos las dos primeras semanas en Guerrero es el mayor error político de Peña Nieto y de su gobierno, que envuelto por la endogamia política de su Presidencia, no le permitió ver a él ni a su equipo que la insurrección social en el corazón de la cuenca del descontento fue alimentado, probablemente en forma inopinada, por el grupo compacto en su entorno. El punto de inflexión para entender lo que se vive en Guerrero fue la captura de la maestra Elba Esther Gordillo en febrero de 2013, con el argumento que eliminarla como líder del magisterio, allanaría al camino de la Reforma Educativa.
Desde el interior del gobierno advirtieron que el análisis era equivocado, y que si creían que meter a la cárcel a la maestra era la solución, no entendían su rol en el magisterio. Como sucede regularmente en la burbuja donde está encerrado el Presidente, descalificaron las opiniones. Cuando fue detenida, le sugirieron a Osorio Chong que en esa coyuntura se capturara también a los jefes de la Coordinadora, un docena de maestros disidentes principalmente en Oaxaca, y con el liderazgo descabezado, iniciar su renovación. Se hizo lo contrario.
Desde la Secretaría de Gobernación, por intermediación del subsecretario del ramo, Luis Miranda -compadre del Presidente-, empoderaron a la Coordinadora magisterial. De cinco entidades donde operaban, Miranda, con el respaldo de Osorio Chong y Nuño, la creció a 23, y obligaron a varios gobernadores a darles interlocución. Les regalaron plazas, contra lo que establece la Reforma Educativa, y más de 12 mil millones de pesos. Poder y dinero, lo que nunca imaginaron antes, por la gracia de Los Pinos y Bucareli. El alegato ante el Presidente era que así tendrían controlada a la oposición magisterial. En Michoacán llevaron la racional al extremo. Por sugerencia del comisionado para la Seguridad y el Desarrollo, Alfredo Castillo –que depende de facto de Nuño-, se designó como subsecretario de Educación Básica a Rafael Mendoza Castillo, ideólogo de la Coordinadora, y que quiere la abrogación de la Reforma Educativa. Esta semana, los maestros disidentes michoacanos iniciaron protestas con el pretexto de la desaparición de los normalistas, sumándose a la rebelión, que públicamente encabeza la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), la que en el mes de indecisiones del gobierno de Peña Nieto, articularon a la oposición social y al frente de masas de los movimientos armados.
¿Sabrá el Presidente que en Guerrero se articularon las fuerzas legales y las guerrillas en torno a la causa legítima para que aparezcan los 43 normalistas de Ayotzinapa, que son las que están causando la violencia en aquél estado? Dentro del gobierno sabían que esto podría suceder. De hecho, un grupo de coordinación para Guerrero, compuesto por más de una veintena de funcionarios, se daba cita los sábados en el CISEN. Encabezado por el director del órgano de inteligencia, Eugenio Imaz, participaban representantes del área política de Gobernación –Imaz tiene como jefe inmediato a Osorio Chong-, del Ejército, la Marina, la PGR, la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal, y el gobierno de Guerrero.
Uno de los documentos -de marzo de 2014- que analizaron, establece en el mapa de riesgos lo que la vinculación entre el magisterio disidente y la guerrilla, que llaman “subversión”, podía generar en el estado. “No hay vínculos orgánicos entre el magisterio disidente de Guerrero y la subversión”, sostiene, pero a través de las relaciones personales, probaba los enlaces y el trabajo coordinado entre sus líderes. Su existencia generaba alerta, y en el documento se anticipan entre los riesgos: 1.- Pueden desviar recursos económicos para las organizaciones subversivas y su frente político (que incluyen organizaciones de derechos humanos y policías comunitarios). 2.- La confluencia del magisterio y subversión en el Movimiento Popular Guerrerense pueden detonar escenarios de confrontación. 3.- Proliferación y escalamiento de conflictos sociales en diversas regiones de la entidad por actores CETEG-subversión.
La información les había llegado de Guerrero, pero no se alertó al Presidente. Por razones desconocidas, dieron carpetazo a todo el trabajo y desde hace más de cuatro meses, no se reúne el grupo. El equipo que hacía seguimiento de los movimientos armados prácticamente se desintegró y se dejaron sueltos los cabos que hoy mueven las manos violentas en el estado. Son públicos, visibles y altamente activos quienes hoy tienen arrinconado al Presidente y al gobierno. Lo sabían en el gobierno pero no hicieron nada entonces, ni parece, ahora.
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