La cara oculta del crimen contra 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala hace un año, es tan pública que nadie la quiere abordar en toda su dimensión. Se trata de la responsabilidad de la dirigencia de Nueva Izquierda, que controla hace más de una década al PRD. La corriente de Los Chuchos quiere fugarse hacia delante por su responsabilidad recibido dinero del narcotráfico en Iguala, a través del entonces alcalde José Luis Abarca, y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, que no sólo colaboraban con el crimen organizado, sino que forman parte orgánica de él. Era público. La Fiscalía General de Guerrero, en el gobierno de Ángel Heladio Aguirre, aliado de ellos, lo sabía y lo había denunciado, y los líderes perredistas prefirieron guardar silencio y recibir recursos con fines, cuando menos, políticos.
El fin de semana, el Congreso Nacional del PRD aprobó un punto de acuerdo para llamar a todos aquellos que apoyaron políticamente a Abarca. Interesante acción. Públicamente reconocen que hubo fallas, pero sólo pagarán un costo moral y de legitimidad, cuyas facturas ya vienen saldando desde hace meses, a sabiendas que legalmente, como ya deslizaron en estos días algunos prominentes perredistas, no tendrán consecuencia alguna. De esta forma, podría interpretarse la decisión del Congreso como un blindaje político para Los Chuchos, que quieren mantener, a través de Agustín Basave, la presidencia del partido, que significa presupuesto, prebendas y poder.
Sin embargo, las cosas son demasiado públicas para que puedan quedarse impunes. Abarca, alcalde de Iguala la noche que se cometió el crimen contra los normalistas, y su esposa, convivían con los criminales de Guerreros Unidos. Dos hermanos de la señora Pineda Villa, sicarios del jefe de todos los jefes del narcotráfico, Arturo Beltrán Leyva, fundaron esa organización. Fueron ejecutados por su jefe por secuestrar niños, pero su familia mantuvo el control de la banda criminal. En 2009, incluso, 19 de sus familiares, incluidos sus padres, fueron capturados en una redada en Cuernavaca por la Policía Federal.
Abarca y Pineda Villa tenían una relación con el poder inexplicable. El entonces secretario de la Defensa, el general Guillermo Galván, les regaló un terreno de 70 mil metros cuadrados sobre el que construyeron Plaza Galería “Tamarindos”, con un costo de 300 millones de pesos que hoy es parte de la investigación de la PGR en su contra por enriquecimiento inexplicable. Entre los asistentes a la ceremonia de la primera piedra de la obra, asistió el senador Lázaro Mazón, quien los metió en la política y los presentó con el gobernador Aguirre, quien respaldó los intentos de Abarca para ser alcalde, junto con Los Chuchos, representados en Guerrero por Sebastián de la Rosa, exdiputado federal.
De la Rosa es el gozne de la política con la narcopolítica en el estado. Su relación con el matrimonio Abarca se consolidó con los años sin importar la biografía de la señora Pineda Villa, ni las acusaciones de la Fiscalía General de Guerrero contra Abarca por asesinato de militantes perredistas ni nexos con el narcotráfico. Los Chuchos se relacionaron con la pareja, pese a su toxicidad. Menos de 72 horas después de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, De la Rosa viajó a Iguala para retratarse junto a Abarca y afirmar que Los Chuchos lo apoyaban totalmente. Abarca viajó a la ciudad de México para platicar con el entonces presidente del PRD, Jesús Zambrano.
Los Chuchos no pudieron saliese del contexto del crimen en Iguala y la dirigencia se colapsó, en medio de contradicciones que provocaron una parte de la derrota electoral. Los Chuchos también se dividieron en Guerrero, después de hacer a De la Rosa diputado local y con el apoyo del saliente líder nacional Carlos Navarrete, coordinador de la bancada perredista en Chilpancingo. Su designación levantó polémica y rupturas. El jefe de Los Chuchos, Jesús Ortega, declaró que dados sus antecedentes, no podía ser coordinador parlamentario. La oposición de sus antiguos patrones y la caída de Navarrete no fue suficiente para impedir su llegada a ese cargo, el de mayor importancia del PRD en el estado ahora que empiece el gobierno del PRI. La razón, de acuerdo con información en el gobierno federal es chantaje: Abarca tiene pruebas de haber dado dos millones de pesos a Zambrano a cambio de que lo hiciera candidato a alcalde.
El tema de los dos millones ha sido señalado previamente en la prensa y Zambrano lo ha desmentido. Dentro del PRD, los opositores a Los Chuchos aseguran que es verdad, así como también la colusión de ese sector con todo lo que representaba Aguirre, De la Rosa y Abarca, a partir de contratos de obra pública multimillonarios para constructoras de familiares de algunos de los dirigentes de esa corriente. La información también la tiene el gobierno federal, pero no ha hecho nada. De la Rosa, mientras tanto, despacha como coordinador parlamentario.
Son cosas inverosímiles de la política mexicana. El protector público de Abarca, es hoy uno de los líderes en el Congreso de Guerrero. Navarrete dice que el PRD no debe dejarse “acribillar” por los hechos en Iguala. Zambrano acusa al gobierno federal de falta de credibilidad por la desaparición de los 43 normalistas. Tres actores centrales en la protección y encumbramiento de Abarca, políticamente impunes y moralmente cínicos. La otra cara de Iguala también está salpicada de la desfachatez. Pero qué se puede esperar de Los Chuchos. Está en su ADN.
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