El gobernador Ángel Heladio Aguirre es una fiera herida, agresiva y peligrosa. Desde hace dos semanas le han sugerido que solicite licencia al cargo y permita, con la despresurización política que eso significaría –él se ha convertido en un fósforo prendido sobre gasolina-, frenar la escalada de violencia e inestabilidad en el estado. Su respuesta ha sido gobernar en la clandestinidad con actos públicos que no son públicos, difundidos a través de desplegados de prensa en la ciudad de México pagados con carretadas de centenares de miles de pesos para demostrar que está operando normalmente y toma decisiones. Pero su gobierno es un latigazo de fuego que genera creciente ingobernabilidad.
Aguirre está aferrado al poder y no parece importarle lo que piensen sus antiguos patrones. Marcelo Ebrard, quien lo convenció de dejar al PRI y lo llevó al PRD para hacerlo candidato, con el compromiso cumplido de aportarle dinero y legiones de burócratas del gobierno del Distrito Federal para apoyar su campaña, es una figura de sal. El principal responsable del empoderamiento de Aguirre guarda silencio. No importa lo que pase en el estado o en el país, sino saltar del barco antes de que se hunda junto con su protegido y la dirección del PRD, a la que Ebrard y el gobernador les transfirieron recursos para mantener el control del partido y sus necesidades materiales.
El presidente Felipe Calderón, que envió al ex líder del PAN, Luis Felipe Bravo Mena a pedirle al candidato azul al gobierno, Marcos Parra, que declinara a favor de Aguirre para derrotar al PRI, pasó a la historia. Al presidente Enrique Peña Nieto, quien enfrascado en aquél momento en la lucha por la candidatura presidencial con el senador Manlio Fabio Beltrones, se sumó a la propuesta de Ebrard y el respaldo de Calderón porque el candidato priista, Manuel Añorve, pertenecía al establo beltronista, ignora sus llamados al deber ser.
Aguirre tiene a sus pies al Senado, que está imposibilitado en la desaparición de poderes por dos razones: la legal, porque los poderes, bien o mal, siguen funcionando; la política, porque esa medida extrema generaría probablemente mayores vacíos de autoridad e ingobernabilidad, que es lo que se quiere evitar. Tiene de rodillas al Ejecutivo federal. El presidente no puede destituirlo porque se lo impide la ley, y sus operadores políticos en la Secretaría de Gobernación, a quienes les encargó buscar con Aguirre su solicitud de licencia, los ha timado desde que comenzó la crisis con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
La Constitución protege al gobernador, que a partir del andamiaje legal busca afianzarse políticamente. El Senado decidió aplazar el voto sobre la desaparición de poderes –que en términos estrictos iba a ser rechazado-, y enviar una comisión especial a Guerrero para determinar si, en efecto, los poderes estatales trabajan regularmente. Para efectos prácticos, lo que hizo el Senado fue darle dos semanas al gobernador para que reconsidere solicitar licencia al cargo y permitir la rearticulación política en el estado. El impasse que se crea, sin embargo, es altamente peligroso, porque envía un mensaje de lecturas diferentes.
La clase política le da una oportunidad al gobernador para que se vaya por las buenas, o lo echarán –quizás- por las malas, mediante un juicio político en la Cámara de Diputados, donde el PRI –con Beltrones y Añorve en espera de su caso-, sus aliados tácticos y el PAN, tienen la mayoría para lograr su separación del cargo. Pero sus opositores en la calle tienen otra opción táctica. Si el Senado dice que no puede haber desaparición de poderes porque los poderes trabajan, un siguiente paso puede ser bloquear al Tribunal y el Congreso para que no puedan trabajar en sus recintos, y hostigarlos donde sea necesario para demostrar al Senado que sus labores sí están interrumpidas. Esa inutilización puede escalar fácilmente para efectos de imagen. Como hace poco más de una semana en el Palacio de Gobierno, bombas Molotov y fuego en esos recintos públicos, juegan perfectamente para la propaganda opositora.
La ingobernabilidad tiene otras facetas, la que encabezan los grupos armados. En este espacio se ha reportado la intensa actividad de las guerrillas en el caso de Guerrero, y cómo han trasladado totalmente la responsabilidad de la desaparición de los normalistas al Presidente. En términos estratégicos, un secuestro de alto impacto para ahondar la inestabilidad nacional y romper los consensos que puede tener aún el Presidente entre las élites, es un escenario que no se puede omitir. Un político, un empresario, un comunicador del star system de los medios, son los objetivos más atractivos para este propósito.
Si la pasividad de la clase política les impide tener opciones más creativas para solucionar la crisis, la actividad y beligerancia de los crecientes enemigos de Aguirre y Peña Nieto, los puede colocar en una nueva realidad del conflicto. Las herramientas para inyectar temor, incertidumbre y un tiro de gracia a la credibilidad del gobierno federal, no están en Los Pinos ni en la Secretaría de Gobernación. Están en Guerrero, donde mientras el aferramiento de Aguirre a la gubernatura exaspera a la clase política, su tozudez amplia las condiciones para que la crisis política nacional y el descrédito del Presidente, toquen un nuevo fondo por la conducta de Aguirre, una fiera herida con enorme iniciativa.
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