La impunidad en México es la marca de sus gobiernos y su clase política. Las leyes están hechas para violarlas, porque siempre existe poder y dinero para cambiar el rumbo de la justicia. No es retórica. El índice 2014 sobre Estado de Derecho del Proyecto Mundial de Justicia, coloca a México en el cabús de la justicia criminal, debajo de Afganistán y todas las naciones africanas y del Medio Oriente, y en el fondo del orden y la seguridad. Lo que sucede con la clase política para lidiar con la crisis general en Guerrero, es sólo la ratificación de la desgracia nacional. Impotencia, complicidades y cinismo en la protección, son la tinta indeleble de la marca. La falta de asombro por nuestra realidad no debe impedir la explosión de indignación.
Guerrero y los horrores en los que ha vivido el estado en los últimos años sólo son diferentes hoy porque se socializaron nacional e internacionalmente. La norma eran asesinatos ordenados por autoridades locales que, a la vez, formaban parte orgánica de organizaciones criminales, cuyas víctimas eran enterradas en fosas clandestinas administradas por las policías municipales –antes de Iguala fue Taxco-. Los alcaldes vinculados con las bandas criminales pagaban a sus patrocinadores por los cargos y la protección política, mientras que el gran administrador del desastre, el gobernador, terminaba su jornada laboral hacia las dos de la tarde para iniciar sus tardes lúdicas y perderse en el alcohol. Todo esto era conocido por el gobierno federal y los líderes del PRD. El primero, mediante la inacción de la PGR, fue omiso de la barbarie; los segundos, cómplices de ella.
La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la forma como las policías de Iguala y Cocula fueron los brazos armados de las bandas criminales para matarlos y secuestrarlos, socializó los bolsones de impunidad e ilegalidad en Guerrero y trasladó la barbarie al conocimiento universal. En diciembre del año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo una recomendación al gobernador Ángel Heladio Aguirre, frente al vacío de las autoridades estatal y municipales, y el abandono del ejercicio de la función de seguridad pública fundamental, que llevó a la violación diaria de los derechos humanos y al riesgo de la ruptura de los valores de convivencia social. Aguirre rechazó la recomendación, y cuando llegó al Senado, ni la leyeron.
En abril pasado, la PGR detuvo al presidente municipal de Cuetzala –contiguo a Cocula-, Feliciano Álvarez Mesino, por presuntos vínculos con el crimen organizado. Como el caso del destituido presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, a quien permitió escapar –por omisión o comisión- el gobernador Ángel Heladio Aguirre, tras las acciones criminales contra los normalistas, es perredista y como a todos ellos, Los Chuchos, la corriente política que desde 2008 controla la dirección del partido, apoyó para el cargo. Los Chuchos blindaron este sábado al gobernador Aguirre, para evitar que los más consecuentes en el PRD le retiraran el apoyo y lo forzaran a pedir licencia.
Guerrero es la estrella negra de la impunidad mexicana. En el Índice Global del Proyecto Mundial de Justicia, México ocupa el lugar 79 de un total de 99 naciones medidas. Pero en Justicia Criminal, que es uno de los ocho factores que evalúa, México ocupa el lugar 97, sólo arriba de Bolivia y Venezuela. En Justicia Civil está en el lugar 88, debajo de los cuestionados China y de Rusia. La vergüenza colectiva se sintetiza en la medición de Orden y Justicia, que define a la seguridad humana como una de las funciones fundamentales del Estado. México está en el lugar 96, arriba de Afganistán –que está en guerra-, Nigeria –infectado por violencia y corrupción- y Pakistán –contaminado por la guerra contra los talibanes, al tener en su territorio bases de operaciones militares y de inteligencia de Estados Unidos-.
La imagen de México, descrita y analizada por los mexicanos –que es la base del Índice Global-, y proyectada al mundo, fue galvanizada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que le recordó al mundo en imágenes y crónicas y horror, la realidad mexicana. El periódico más influyente del mundo, The New York Times, cuestionó este domingo en su primera plana la eficiencia del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El semanario inglés The Economist –con una circulación promedio de un millón y medio en sus plataformas impresa y digital, y 5.8 millones de seguidores en redes sociales-, afirmó que la matanza en Tlatlaya y la desaparición de los normalistas “son dos atrocidades que parecen lo suficientemente serias para cambiar el curso del gobierno”, que ha priorizado las reformas económicas, aseguró, y soslayado la ley y el orden como una forma de modernizar México, sin admitir que las dos son igualmente importantes.
“Las tres fuertes palabras que resumen el desafío que enfrenta ahora Peña Nieto y México como un todo, son impunidad, rendición de cuentas y gobernabilidad”, puntualizó The Economist. Estas tres “fuertes palabras” no existen en Guerrero. Para el Zóon politikon mexicano, su traducción es impotencia, confusión y protección. La clase gobernante protege sus intereses políticos y económicos, que significa mantener la ingobernabilidad en Guerrero y seguir incendiando el país. Quién sabe qué saben y qué cálculos tengan para estar seguros que con esa protección que desafía la dialéctica, pueden también salvaguardar la estabilidad y la paz social en el resto del país.
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