Domingo por la noche, conferencia de prensa urgente en la PGR. Los principales responsables de la investigación en Iguala informan que además de todas las fuerzas federales que han sido incapaces de encontrar a 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre, se sumarán equipos caninos y buzos. En el salón de conferencias hubo silbidos ante tan insignificante anuncio. Lunes por la noche, trasciende en donde debe trascender para generar impacto inmediato, la televisión, que Amado Yáñez Osuna, principal accionista de Oceanografía, ha sido detenido. Sin información oficial, su estado legal quedó en el aire, generando interés finito durante el martes. La PGR ocupa los vacíos de información, pero fallidamente. La pregunta de dónde están los normalistas desaparecidos, permanece sin respuesta.
Algo no funciona en la comunicación del gobierno federal que tropieza día a día por el escándalo internacional de la violación de los derechos humanos en Guerrero y el descubrimiento gradual de otro narco estado en el país donde el discurso oficial decía que eso ya no sucedía. Los estrategas olvidan que para que los mensajes llenen duraderamente los vacíos de información, tiene que haber sustancia. A la propaganda de aire, se lo lleva el primer cuestionamiento. Abunda la parafernalia, pero escasea la sustancia. El contenido está en otro lado.
Reportes de testigos en Guerrero señalan que el Ejército no está ayudando en las tareas de búsqueda de los normalistas. Quizás porque el procurador Jesús Murillo Karam se excedió en los calificativos a los militares supuestamente involucrados en la matanza de Tlatlaya, el Ejército, discretamente, se lo está cobrando. La Policía Federal no puede utilizar los drones –dos idénticos a los que utilizó la CIA en la operación contra Osama bin Laden en Pakistán-, que están parados desde que inició la administración porque el entonces comisionado de Seguridad Pública, Manuel Mondragón, nunca les encontró utilidad alguna. A los municipios ocupados por las fuerzas federales, sólo enviaron 50 policías a cada uno, que por insuficientes, sólo jugarán el papel de apoyo de la policía estatal, lejos del estelar anunciado.
¿Sabrá el presidente Enrique Peña Nieto lo que sucede? Mucha escenografía para tan pocas acciones definitorias. Desde hace casi dos semanas, el Presidente sale a la arena pública a declarar sobre el caso de los normalistas desaparecidos. Todos los días, la ingobernabilidad crece y la sociedad más irritada, se articula. Los estudiantes del país ya se organizaron y hay movilizaciones nacionales. Los sindicatos construyen los apoyos y las guerrillas han formado un cuerpo común. ¿Habrá alguien en el gobierno que sepa interpretar lo que está sucediendo? Hace casi una década se desmanteló el área del CISEN dedicada a los movimientos armados, y los expertos están realizando tareas administrativas.
El Presidente parece no tener buenos brazos operativos. El país está traumatizado y se afectan las métricas que más le importan: distritos electorales y la economía. Tan solo en Guerrero, donde las corrientes de opinión sobre forzar o no al gobernador Ángel Heladio Aguirre para que pida licencia se dividen, el argumento que ello pondría en riesgo las elecciones de 2015, enfrentan la contra argumentación si en las condiciones actuales de ingobernabilidad, puede haber elecciones libres y competidas. En economía, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, reconoció que la violencia del narcotráfico está frenando las inversiones. Los especialistas del sector privado afirman que la inseguridad es el principal problema que enfrenta México.
Paradójicamente, este gobierno dijo que en el tema de la seguridad, era mejor que el Felipe Calderón, y que su estrategia bélica había sido equivocada. Dos años después, poco ha cambiado en niveles de violencia y de una guerra que hoy no se llama así, pero que sigue siendo guerra. La diferencia entre Peña Nieto y Calderón es que si antes había muertos y enfrentamientos, ahora hay muertos, enfrentamientos e ingobernabilidad abierta y tolerada por la clase política. Otra diferencia mayor es que las violaciones a los derechos humanos en el gobierno calderonista, por la que quieren enjuiciar en la Corte Internacional de La Haya al ex presidente, se han multiplicado, a decir de los organismos internacionales, en el del presidente Peña Nieto.
¿Tendrá conocimiento detallado el Presidente de lo que sucede en su entorno? ¿Le siguen depurando la información sobre la inseguridad en el país y el avance del crimen organizado como lo hicieron durante cuando menos los primeros 14 meses del gobierno para que no se alterara el rumbo que le marcaron? ¿Le estará doliendo al Presidente la gangrena de Guerrero que le está pudriendo el organismo institucional? ¿Le informarán al Presidente de la realidad, por más cruda y dolorosa que sea, o lo siguen manteniendo en una burbuja?
Algo debe saber o intuir Peña Nieto para que no deje de hablar sobre el tema que está asfixiando a su gobierno. Algo debe hacer también para que sus colaboradores dejen de actuar para satisfacer el expediente mediático de la coyuntura que no sirve para nada –además de que se está desgastando- y empiecen a dar resultados. El país se lo exige. Los 43 normalistas desaparecidos son una aberración para un país que proclama ser de leyes en los discursos. El Presidente debe estar consciente que quien pagará el costo político nacional e internacional por la incompetencia en su equipo será él, no sus colaboradores que, para efectos históricos, son irrelevantes.
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