El gobierno federal está jugando con fuego en Guerrero. Habrá elecciones, dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el subsecretario Luis Miranda ratificó que los maestros sólo están haciendo amagos. Los grupos antisistémicos que encuentran en la Coordinadora magisterial su síntesis, blofean porque al final sí habrá elecciones el 7 de junio próximo, es el mensaje oficial subyacente. La descalificación, mediante la sugerencia de que son mercenarios que se arreglarán con dinero con las autoridades y dejarán el camino libre para quien quiera ir a las urnas, lo haga sin problema, es una provocación que atiza el fuego en Guerrero.
Faltan tres meses para las elecciones para gobernador, los congresos local y federal, y en los 81 municipios guerrerenses. En un estado tan volátil, todo puede suceder mañana, la próxima semana o en junio. Lo que sí se puede afirmar hoy, es que si las elecciones fueran este domingo, es altamente probable que se anularan al no poderse instalar al menos el 20% de las casillas electorales. La numeralia es alarmante. En una cuarta parte del estado, el Instituto Nacional Electoral no pudo reclutar funcionarios de casilla en diciembre, y hasta la fecha, sólo en la mitad de ellas tiene personal completo para que las elecciones sean legales. Conflictos sociales, municipios controlados por criminales y descrédito de las instituciones, suman energía a quienes buscan descarrilar la elección.
Los números, por ahora, no favorecen a quienes con su discurso alineado desde hace dos semanas, confían que sí habrá elecciones. De acuerdo con Francisco Abundis, director asociado de Parametría, las casas encuestadoras que buscan medir las tendencias electorales en Guerrero no pueden hacer su trabajo en18 municipios, que representan el 17% del electorado, porque las condiciones de seguridad son precarias, tanto por la oposición belicosa de los grupos sociales que no les permiten entrar en los municipios, como por la presencia criminal donde su vida corría peligro.
Esos 18 municipios de encuentran fundamentalmente en la zona de Tierra Caliente: Ajuchitán del Progreso, Apaxtla, Arcelia, Coahuayutla, Cocula, Coyuca de Catalán, Cuetzala del Progreso, Cutzamala de Pinzón, General Canuto A. Neri, General Heliodoro Castillo, Iguala, Leonardo Bravo, Pungarabato, San Miguel Fotolapan, Teloloapan, Tlalchapa, Tlapehuala y Zirándaro. En estos municipios hay todo tipo de actividad antisistémica e ilegal.
En Iguala, Arcelia y Cocula, de fama mundial en los últimos meses, la actividad criminal no ha parado. En Cocula, donde la PGR sostiene incineraron a 43 normalistas de Ayotzinapa, el crimen es rampante a todas horas del día. Arcelia continúa siendo la cabecera criminal del secuestro en el sur del país. En zonas como Coyuca de Catalán, la presencia guerrillera, cuyo objetivo desde hace años es el aniquilamiento de todas las instituciones, se mantiene muy fuerte.
En la información recopilada por Abundis, hay otros 15 municipios de “riesgo moderado”, que suman otro 6% del electorado: Acatepec, Ahuacotzingo, Atlamajalcingo del Monte, Copanatoyac, Cualác, Huamuxtitlàn, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Malinaltepec, Metlatónoc, Olinalá, Pedro Ascencio Alquisiras, Tepecoacuilco de Trujano, Xalapatkáhuac, Xochihuehuetlán y Zapotitlán Tablas. Algunos de estos municipios, como Olinalá y Metlatónoc, se encuentran en la Región de la Montaña, donde convergen las fuerzas sociales más radicales y se mezclan los grupos sociales con la guerrilla, las policías comunitarias y organizaciones criminales. No son uno solo, pero existen vasos comunicantes donde confluyen en el objetivo táctico de tirar el proceso electoral de verano. No incluyen estos municipios a Tixtla, considerado por Abundis como de “bajo riesgo”, pero donde el INE no ha podido reclutar a nadie como funcionarios electorales, o uno de los distritos de Chilpancingo, tomado por los maestros disidentes. Entre estos dos añadiría 1.2% del electorado que no pudo votar.
Si en el peor escenario, a partir de estos número, no se pudieran instalar las casillas electorales el 7 de junio, impactaría el 25% de Guerrero, lo que obligaría a la cancelación de toda la jornada electoral, y metería no sólo al estado en una crisis política sino también al gobierno federal por no haber podido proveer las garantías para que se celebraran la elección. Este presupuesto tendría que ser analizado en el contexto de qué instrucciones tendrá la Marina, como responsable federal de proveer la seguridad en las elecciones, si tendrá órdenes de utilizar la fuerza en todos los municipios conflictivos para permitir la instalación de las urnas o no, y si dado el caso de acción militar, cuál sería la reacción de los grupos más radicales.
Los escenarios, a partir de la información actual, son ominosos en todos los sentidos. Esta semana los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron de Iguala en septiembre pasado, hablarán con los consejeros del INE para insistirles que se cancelen las elecciones porque no hay garantías de seguridad para la jornada y, la parte central del argumento, porque en las condiciones actuales, se estaría votando por candidatos vinculados a criminales. No se sabe que los padres tengan más que evidencia empírica de lo que acusan y temen, pero sus temores tienen sustento con información que tiene el gobierno federal sobre cuántos municipios tiene bajo su control la delincuencia organizada, lo que será motivo de otra columna.
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