GABRIELA RIVERA | @gAbS_07
Los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortaron a los jueces mexicanas a tratar el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa como un delito de desaparición forzada.
“Vemos elementos que estructuran el delito de desaparición forzada y sobre esa base es que la insistencia permanente de que se haga caso a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de personas y se trabaje sobre la base de la convencionalidad para tratar estos temas como tal”, explicó Ángela Buitrago, una de las especialistas del grupo.
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En conferencia de prensa, los integrantes del grupo expusieron que al calificar el delito de esta manera, el caso adquiere una relevancia internacional porque entonces se convierte en un crimen de lesa humanidad y se establece una connotación distinta en comparación con el resto de los delitos.
“Los otros delitos son delitos especializados o comunes, pero no con las características de protección a la vida, a la integridad y sobre todo a la dignidad de la condición humana”, añadió Buitrago.
Francisco Cox dijo que al hablar con el licenciado de la Procuraduría General de la República (PGR) que lleva el caso, les aseguró que había intentado clasificar los hechos como desaparición forzada, pero el juez fue quien desestimo dicha clasificación.
“Nosotros, respetando la independencia del poder judicial, pedimos que los jueces juzguen estos hechos como desaparición forzada. Desde el punto de vista de la PGR, en ese aspecto concreto, tenemos una sincronía en cuanto a la calificación de desaparición forzada”, apuntó Cox.
En este tema, las autoridades se han contradicho. En un primer momento, el ex procurador Jesús Murillo Karam dijo que sólo se podía imputar este delito a los funcionarios públicos involucrados –los policías municipales y el ex alcalde Iguala, José Luis Abarca–, porque así lo establece el Código Penal.
En el caso de la esposa del presidente municipal, María de los Ángeles Pineda, y los otros particulares consignados, la legislación no permite acusarlos de este crimen.
Pero en un informe enviado a la Cámara de Diputados, a mediados de febrero pasado, rechazó que el caso de los normalistas pudiera ser calificado como desaparición forzada. El gobierno argumentó que hasta ahora no existe “ningún medio de prueba suficientemente sólido que justificara dicha afirmación”.
Sin embargo, en la reunión del Comité de Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas, celebrada en marzo pasado, el gobierno mexicano reconoció que el caso de los normalistas sí era desaparición forzada”.
A la fecha, no se ha dado a conocer si alguno de los detenidos ya fue consignado por este delito, pues ninguna ley mexicana está homologada con las convenciones internacionales que establecen el concepto de desaparición forzada como un delito.
[su_heading size="20" margin="10"]PIDEN ENTREVISTA CON EJÉRCITO[/su_heading]
Durante la presentación del primer informe de actividades, el grupo de expertos de la CIDH informó que ya solicitaron una entrevista con los miembros del 27º batallón de Iguala, a través de la Cancillería.
Ángela Buitrago explicó que ya hay declaraciones de algunos miembros del batallón, por lo que es necesario confrontarlas con la información que puedan dar otros miembros del ejército, que no han declarado porque estaban de vacaciones o se encontraban en otras actividades.
Además, los especialistas dijeron que se solicitó al gobierno mexicano no cerrar el caso y continuar con las investigaciones, pues a seis meses se desconoce el paradero de los estudiantes.
A pesar de que en enero pasado, Murillo Karam mostró un video con lo que había sucedido a los jóvenes y determino la verdad histórica, Carlos Beristaín comentó que se reunieron con la nueva procuradora, Arely Gómez para revisar el caso y ella les aseguró que todavía no estaba cerrado.
[su_pullquote]El grupo de expertos regresará a México el próximo 6 de abril para continuar con los trabajos. [/su_pullquote] El primer informe también contiene una serie de evaluaciones y recomendaciones a las actuaciones, entre las que destacan el resguardo de la evidencia recogida por la PGR y el registro del movimiento; brindar atención médica a los familiares de los desaparecidos; y realizar una evaluación neurológica urgente para Aldo Gutiérrez, que se encuentra en coma por las heridas de bala que recibió.
También solicitaron una copia digital de todo el expediente del caso, así como de las fotografías que tienen los satélites de otras naciones del basurero de Cocula y de los alrededores.
“Al final de nuestra misión, que son seis meses y que se pueden prolongar, va a ser cuando demos nuestra convicción jurídica y fáctica respecto de lo que ocurrió sobre este hecho, si es que logramos arribar a dichas conclusiones”, puntualizó Francisco Cox.
