Un reporte de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que las extorsiones del crimen organizado le cuestan hasta el 20 % de las ganancias a los propietarios de negocios en el país.
Los montos requeridos por las mafias van desde 500 pesos semanales hasta 50 mil pesos mensuales, una cuota que es exigida para poder trabajar y que garantiza su integridad física y su vida.
De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los delitos por extorsión han aumentado 7.8 % durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, un fenómeno que también está acompañado por un incremento en las cuotas que exige el crimen.
Conforme a las propias cifras del gobierno, de una media cercana a los 550 delitos de extorsión por mes en el último año de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, se ha pasado a una por encima de los 900 casos mensuales. En marzo se tuvo el peor registro de este delito en los últimos nueve meses, un repunte de 15.1 % tras haber caído en febrero a los 820 que se registraron en las estadísticas de las autoridades.
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La ANPEC acusa que esta práctica criminal inhibe los intentos por emprender de los mexicanos que se ven en la necesidad de buscar otras fuentes de ingresos.
“En el ámbito económico, abate la fuerza emprendedora de la ciudadanía, ya que ataca directamente en todos los giros de negocios a aquellos que día a día se esfuerzan por encontrar márgenes de utilidad aceptables y puntos de equilibrio que les permitan mantenerse abiertos al servicio de los consumidores”, señaló la Alianza en su informe.
Las extorsiones van desde las que se le hacen a los negocios exitosos, así como el cobro por derecho a piso, la extorsión en carretera, el cobro por derecho a tránsito dentro de las comunidades, acciones que atacan directamente a los comercios y empresas, pero también las hay, que regularmente son telefónicas, y afectan directamente al ciudadano para tener derecho a la seguridad familiar.
De acuerdo con un mapa elaborado por la ANPEC, los estados qué más sufren por este fenómeno antisocial son Chihuahua, Guanajuato, Chiapas, Puebla, Morelos, Tlaxcala y la Ciudad de México, aunque esa actividad se extiende a todo el país.
Los comercios han optado por cerrar a continuar apoyando este tipo de ilícito que daña el crecimiento económico del país.
500 pesos semanales exigen algunos extorsionadores a los empresarios mexicanos
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