La crisis causada por la insurrección -hasta ahora pacífica- de la Policía Federal, obligó al presidente Andrés Manuel López Obrador a hacer lo que no quería que sucediera: ver al retrovisor. El secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo, desdobló “la mano negra” detrás de la protesta, disparando en varias direcciones. La que visiblemente parecía más importante, es el viejo ajuste de cuentas de López Obrador con Felipe Calderón -el ex presidente que realmente odia- desde la elección presidencial de 2006, a quien Durazo prácticamente responsabilizó de toda la putrefacción de la Policía Federal, aunque en realidad fue quien la reconstruyó del desastre que dejó Vicente Fox, en cuyo gobierno trabajaron varios miembros del gabinete actual. Pero el retrovisor no tiene el alcance de 12 años, sino de cuatro. El dato puntual es la auditoría que se hará a la cuenta pública de 2018 en las áreas de seguridad, y al esclarecimiento de la compra de un sistema llamado “Rafael” en 2015.
Durazo no precisó el tipo de compra en ese año, al proporcionar información parcial. “Rafael” no es un sistema, sino es una empresa israelita, Rafael Advance Defense Systems Ltd., con sede en Tel Aviv, que de acuerdo con un perfil empresarial de la compañía, “desarrolla y comercializa tecnologías para mercados civiles de alto crecimiento basado en tecnologías de defensa”, que abarca los campos de soluciones de seguridad y ciberseguridad. El contrato al que se refirió Durazo registra la compra de un sistema de “Análisis, Diseño e Implementación del Sistema de Explotación de la Información de Inteligencia”, el 23 de diciembre de 2015, por el cual se pagaron poco más de 133 millones de dólares, equivalente a dos mil 458 millones de pesos a tipo de cambio de 20 unidades por dólar.
El contrato fue firmado por Damián Canales, en ese entonces jefe de Inteligencia de la Policía Federal, celebrado de manera plurianual, por el cual no presentaron justificación, de acuerdo con funcionarios federales, ante las secretarías de Hacienda y de la Función Pública. Un funcionario dijo que sin justificar la urgencia, riesgo o confidencialidad, y sin suficiencia presupuestal, se procedió a esa compra sin que los bienes se registraran en el inventario y en el patrimonio de la institución. El valor, agregó, tuvo un sobrecosto de su valor real.
Pero más allá de los detalles de ese contrato, es quiénes fueron los responsables de ello. En ese entonces, la estructura de la Comisión Nacional de Seguridad, que reemplazó a la Secretaría de Seguridad Pública Federal cuando fue absorbida por la Secretaría de Gobernación al iniciar el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la encabezaba Monte Alejandro Rubido, quien había sustituido en marzo de 2014 a Manuel Mondragón y Kalb, quien desarrolló el primer plan de seguridad, desde ese entonces, para Durazo, a petición de él, que fue el primer diagnóstico que tuvo en sus manos López Obrador.
Como comisionado general de la Policía Federal se encontraba Enrique Galindo, responsable de
la matanza en Tanhuato, Michoacán, en 2015, y que fue destituido después del fallido y
trágico operativo en Nochixtlán, Oaxaca en 2016. Pero la pieza crucial en el entramado de la seguridad pública en aquellos años estaba en Frida Martínez, que como se
en febrero pasado, “es muy cercana a uno de los hermanos del actual coordinador de la bancada del PRI en el Senado, y que había sido directora general de Recursos Materiales y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Hidalgo, cuando Osorio Chong era gobernador. Al iniciar el sexenio peñista, el secretario de Gobernación la nombró jefa de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano del CISEN, de donde la trasladó a la Policía Federal, como secretaria general. Desde ese cargo manejó un creciente presupuesto donde hay fuertes sumas de dinero que se desconocen por qué fueron manejados dentro del rubro de seguridad nacional, por lo que no tenían que rendir cuentas a nadie.
“Bajo su administración en la Policía Federal se canceló el pago de equipos y sensores de vigilancia en el penal de El Altiplano, aprovechado por Joaquín
El Chapo
Guzmán para fugarse en 2015, se dejaron de proporcionar uniformes a los federales, a quienes también los abandonaron muchas veces al no pagar su hospedaje cuando estaban de comisión, obligándolos a dormir en la intemperie. El problema de los contratos de alimentos se ubica sobre todo en el campo de las cárceles, que el gobierno de López Obrador está arrastrando porque actualmente no han podido pagar la alimentación en los penales”.
Las explicaciones de López Obrador sobre las razones para acabar con la Policía Federal y tener una Guardia Nacional manejada y controlada por militares, se expuso en esa columna, tienen nombre y apellido, el de Miguel Ángel Osorio Chong, el autor intelectual de la fusión de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en Gobernación, aunque el presidente no lo hubiera mencionado. Aún hoy, no han mencionado ningún nombre, López Obrador o Durazo, pero ya establecieron los años en los cuales están revisando posibles actos de corrupción. Son 2015 y 2018, donde van a revisar las cuentas de Gobernación. Osorio Chong dejó la titularidad de ese despacho en enero del año pasado, pero su sucesor, Alfonso Navarrete Prida no quedó satisfecho con la entrega-recepción de su antecesor. Había 20 millones de pesos que no se documentaron de la gestión anterior.
La rebelión de la Policía Federal obligó al gobierno a buscar responsables. Durazo se remontó 12 años a la destrucción de la Policía Federal, pero se ha publicado en este espacio desde noviembre de 2012, cómo fue el gobierno de Peña Nieto el que desmanteló lo que se había hecho y su incompetencia detonó la espiral de violencia que heredó a López Obrador. El presidente hace bien en buscar las fuentes del desastre que le dejaron para tratar de reconstruir lo destruido. Los oscuros manejos de dineros en la Policía Federal el sexenio anterior son un buen principio. Tienen a “Rafael” para desmontar lo que se tejió en seis años.
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