Desde hace más de una década, en el Departamento de Estado llaman a Honduras “el hoyo negro”, porque esa pequeña nación centroamericana es una exportadora masiva de criminales, con redes en México a través de Los Zetas, y las triadas chinas, que manejan parte de la inmigración indocumentada hacia Estados Unidos. Honduras siguió el camino que trazó la Mara Salvatrucha, la pandilla creada en los 80’s en Los Angeles con salvadoreños que huyeron de la guerra civil financiada por Estados Unidos. Con esas dos naciones penetradas por delincuentes, Guatemala, la primera puerta de entrada a Norteamérica, quedó infectada y se sumó, en la Mesoamérica, a los cárteles mexicanos con los que expandieron el crimen trasnacional.
Este fenómeno -abreviado en extremo-, explica la vieja preocupación de los gobiernos en Washington y la Ciudad de México para establecer un freno en el Suchiate mediante la construcción de una barrera de contención, equivalente a un buffer state. Las desconfianzas mutuas llevaron a que durante muchos años la cooperación regional entre los dos países estuviera limitada. Pero en la última parte del gobierno de Barack Obama, el entonces jefe de la Casa Blanca se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto y dieron las primeras pinceladas para un acuerdo macro, que ha tenido como su primera expresión la Alianza para la Prosperidad, impulsada por los países del Triángulo del Norte, que conforman Guatemala, El Salvador y Honduras.
La primera gran reunión de la Alianza para la Prosperidad en el gobierno del presidente Donald Trump comenzó este jueves en Miami, convocada por Estados Unidos y México, que están trabajando para establecer controles a la migración, utilizada por los cárteles de la droga mexicanos. Pero si bien el tema de la seguridad es dominante y lo que más atención genera en la opinión pública, el énfasis en el cual se están centrando los dos gobiernos, como una forma para enfrentarla bajo otros ángulos y estimular el desarrollo económico, es la parte fiscal.
Como nunca antes en el esquema de seguridad regional, hay un desdoblamiento en la estrategia para combatir el crimen trasnacional, como se vio en la sesión de este jueves con los secretarios del Tesoro, Steven Mnuchin, y de Hacienda, José Antonio Meade, que sacaron a las reformas fiscales del ángulo ciego en que se encontraban. Andrew Wainer, director de Investigación de Save the Children en Estados Unidos, sostiene que el impacto de la evasión de impuestos es particularmente alarmante en el Triángulo del Norte, donde se mezcla con la ausencia de un Estado de Derecho. De acuerdo con el Global Financial Integrity, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, los flujos financieros ilegales costaron mil billones de dólares en 2013 a las naciones en desarrollo, que “tienen un terrible impacto subversivo sobre los gobiernos, las víctimas de los crímenes y la sociedad”.
En su último reporte en marzo sobre este tema, el presidente de esta organización, Raymond Baker, afirmó: “La comunidad internacional ha puesto muy poca atención al combate del dinero en el crimen trasnacional, prefiriendo enfocarse sobre lo material o las manifestaciones de los crímenes. La lucha debe ser redirigida a combatir el dinero que el crimen genera. Esto significa cerrar el oscuro sistema financiero que facilita el movimiento del dinero y la secrecía de los recursos que se generan ilegalmente. Nada de esto es técnicamente difícil. Es un asunto de voluntad política”.
Este es el gran giro que se está viendo en Miami. “América Latina es la región más inequitativa en el Mundo, y el Triángulo del Norte es notoriamente pobre en recaudación de impuestos y equidad en el gasto”, dice Wainer. “Mientras que algunas naciones latinoamericanas emplearon una tasa impositiva progresiva para reducir la desigualdad en el ingreso, la política fiscal regresiva en Centroamérica exacerbó su de por sí severa desigualdad. En los últimos años, Guatemala tuvo el radio más bajo de impuestos comparado con el Producto Interno Bruto, con 12%, en comparación con Brasil donde la tasa fue de 36% o Dinamarca, donde fue de 48%”.
Wainer explica que junto con las estructuras fiscales regresivas, América Central está plagada por algunas de las tasas criminales más altas del mundo, como la extorsión, que la organización privada InSight Crime ubica como “el epicentro” global al Triángulo del Norte. Los salvadoreños pagan 400 millones de dólares anuales en extorsion, mientras los hondureños pagan 200 millones y los guatemaltecos 61, de acuerdo con la prensa local. “Los centroamericanos pobres están atrapados en medio de las estructuras fiscales formales y legales que privilegian a los ricos y a las prácticas ilegales que afectan a los pobres”, dice.
La intención de México y Estados Unidos es que reorienten su sistema fiscal para hacerlas menos vulnerables al crimen. No es una ruta fácil y está llena de contradicciones. Peña Nieto sigue pagando en las encuestas de aprobación la reforma fiscal de 2013, que fue progresiva y le generó derrotas electorales en el norte del país, mientras que la idea de Trump, reducir impuestos, se contrapone a lo que Mnuchin pide para Centroamérica, cuyos gobiernos siguen teniendo respaldo sólido de los grupos empresariales, que serían los más afectados por una reforma fiscal. Pero la disyuntiva es clara: ceder para ganar. Es decir, reducir utilidades a cambio de hacer viables esas naciones para inversión, desarrollo y mercado de consumidores, o dejar que sea el crimen trasnacional el que determine el futuro de la región.
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