Otra vez, decenas y quizá cientos de periodistas profesionales en el país se alertaron desde el 8 de febrero al enterarse del secuestro de la reportera de policia Anabel Flores Salazar en Orizaba, Veracruz. El nerviosismo creció desde el día siguiente cuando se encontró su cuerpo, con signos de violencia ensañada, en una población conlindante de Puebla.
Desde ese momento comenzaron a aparecer profusamente, como en caja de pandora, más datos de otras y otros colegas amenazados, agraviados en varias entidades. Nuevamente reapareció el miedo entre nosotros porque nada parece frenar el largo ciclo de agresiones, muertes y desapariciones.
Junto con las denuncias mediáticas de estos días también retumbaron dos preguntas: ¿No pueden o no quieren los gobernantes proteger a periodistas en ejercicio? ¿Qué podemos hacer para disminuir los riesgos?
De la primera cuestión, ya confirmamos la inutilidad de los gobernantes de todos los partidos frente a este fenómeno que inició en el 2000. De la segunda, en varias entidades se han iniciado procesos para vencer una de nuestras vulnerabilidades: la dispersión y la desorganización de periodistas. Pero la falta fuerza a ese proceso.
EL NUEVO CICLO El nuevo ciclo de agravios de 2016 no inició el 8 de febrero. Sabemos que desde el 20 de enero, el Foro de Periodistas de Morelos mostró serias preocupaciones por riesgos de al menos ocho colegas dse esa entidad debido a que el gobierno de Graco Ramírez es omiso deliberadamente en el mecanismo estatal de protección; el 21 supimos del asesinato de Marcos Hernández Bautista en Oaxaca; el 22 ocurrió el crimen contra Reinel Martínez Cerqueda en la misma entidad; el 25 se difundió que en Guanajuato –otrora tranquilo en el tema-- ya son 14 los agredidos por políticos; el día 26 el reportero Pedro Tamayo Rosas, de Tierra blanca Veracruz decidió desplazarse con todo y familia hacia Oaxaca luego de haberse salvado de un secuestro; el 27 del mes Ricardo Alemán informó en su columna haber recibido inumerables amenazas de muerte por sus textos que denuncian los vinculos con tráficantes de drogas de “el Campeón” (Julio César Chavéz).
El 8 de febrero se supo, por redes sociales y medios digitales de Veracruz del secuestro de la reportera Anabel Flores Salazar, El día 9 familiares y peritos de Veracruz y Puebla encontraeron su cuerpo. Fue un asesinato. El hecho suscitó reacciones de todos los organismos internacionales defensores de libertad de expresión y de derechos humanos y en México llegó otro clima de reclamos y exigencias para que se investigue el crimen y se conozcan las causas.
En ese ambiente, periodistas de diversas entidades enteraron a la Red de Periodistas de a Pie y a la Casa de los Derechos de Periodistas de otros agravios.
Estos son los datos que se recibieron: El mismo 8 de febrero, en Mérida Yucatán se encontró en su casa y sin vida al periodista de espectáculos, Gonzalo Manzanilla Escobedo; en Guerrero, el periodista Miguel Ángel Arrieta Martínez, editor de El Guerrerense, denunció amenazas; ese día Artículo 19 presentó un informe detallado de 23 periodistass desaparecidos en México desde 2003; el diario digital Chiapas Paralelo informó de manifestaciones y hasta huelgas de hambre del Frente de Editores de Medios de Comunicación y otros periodistas por discriminación y maltrato del gobierno del estado.
El 9 de febrero la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) de Veracruz informó que tenía 47 casos de periodistas amenazados, cuatro de este año; periodistas de Córdova y región central de Veracruz se atrevieron a firmar una carta con la exigencia de parar la masacre de informadores en el estado (17 asesinados) y demandaron a los funcionarios “que dejen la opacidad y realmente se pongan a trabajar... si no es demasiado pedir.”
Ese día en Nuevo León, el periodista Víctor Badillo, corresponsal de CNN, recibió mensajes donde se incluían amenazas hacia su persona y familia; en la Ciudad de México, el reportero del semanario Proceso, Álvaro Delgado Gómez, denunció amenazas de muerte.
El 10 de febrero, en Puebla, los editores del periódico digital, Lado B denunciaron las amenazas contra la reportera Aranzazú Ayala; en Chilpancingo Guerrero el corresponsal de Proceso, Ezequiel Flores Contreras, fue amenazado de muerte por el perredista ex alcalde de Acapetlahuaya, Roger Arellano Sotelo; en Tabasco, la Asociación de Periodistas condenó la agresión que recibió el reportero Pedro Sala García por un grupo que allanó su domicilio e intento matarlo; en Oaxaca, dos hombres armados amenazaron a la periodista Martha Izquierdo, corresponsal de SemMéxico en el Istmo de Tehuantepec, cuando se encontraba en la estación de radio que ella dirige...
Desde el mismo 10 de febrero comenzaron a manifestarse publicamente grupos pequeños de periodistas en algunas poblaciones pero en forma aislada; las protestas públicas siguieron 11 y 12: Orizaba, Cordova, Xalapa, Chilpancingo, Oaxaca, Mexicali, La región Lagunera, Colima e inusitadamente en 9 municipios grandes de Puebla. Pero no en muchos más. La falta de unidad y mala organización entre periodistas es uno de los cinco factores que nos vulnerabilizan.
Por todo ello, desde hace un años hemos propuesto a colegas del país crear redes de autoprotección entre periodistas, sin filias ni fobias. En la siguiente columna les propondremos medidas concretas para enlazarnos y disminuir un poco el miedo.
