El secretario de Gobernación ofreció al presidente Enrique Peña Nieto su renuncia para que tuviera en sus manos el documento y dispusiera de ella en el momento que la coyuntura lo requiriera, a fin de darle un margen de maniobra política ante el desgaste sufrido en el último trimestre de 2014. El de Hacienda se tragó sus palabras que caída de los precios del petróleo no afectarían las finanzas públicas y presentó un ajuste al gasto público. Los dos pilares del presidente, brazos operativos de Peña Nieto en el gabinete, actúan como lo que son, subordinados. Importante recordarlo porque se piensa que no hay nadie más poderoso que ellos en el gabinete, con la sola excepción de Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes.
Viejo amigo del presidente, Ruiz Esparza parece tener licencia para hacer todo, inclusive daño sobre Peña Nieto, sin que su vida se altere. Lo contradice, afirma que las decisiones presidenciales van contra el interés de la nación, lo reta y, lo más reciente, sugiere con sus declaraciones que el presidente viola la ley. Lo último hecho por Ruiz Esparza contra Peña Nieto fue este martes, cuando ante la resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información de que la Presidencia tenía que dar a conocer el documento que da cuenta de la instrucción del Ejecutivo para cancelar la licitación del tren rápido México-Querétaro, la secretaría a su cargo dijo que no existe.
En un comunicado dado a conocer el martes, se informó que Ruiz Esparza propuso el 6 de noviembre al presidente Peña Nieto dejar sin efecto el fallo de la licitación que le otorgaba la obra de 60 mil millones de pesos a un consorcio que armó el viejo amigo de ambos, el empresario Juan José Hinojosa, donde la empresa fuerte, que iba a financiar sobre el 85% de la obra, era China Railways. Según el boletín de prensa, el presidente “manifestó su conformidad con la propuesta del secretario” y se procedió a cancelarla.
Lo que oficialmente señala la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es una atrocidad en cualquier sistema democrático. El presidente decidió, por así convenirlo con su secretario, según el dicho de Ruiz Esparza, cancelar una licitación? Fue una decisión cupular sin cobertura legal, por lo que, en palabras del secretario a través de ese comunicado, el gobierno se maneja al margen de la ley, bajo criterios de un régimen autoritario donde las decisiones son personales y las restricciones legales se manejan discrecionalmente. Si no existe el documento sobre la cancelación de la licitación, como informó la Presidencia al IFAI, es el secretario que embarró legal y políticamente al Presidente.
Si en el gobierno peñista existiera la convicción del cumplimiento con la ley, tendría que haber un documento de cancelación de la licitación, sustentado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que establece en su artículo 47 la posibilidad de que “si la dependencia o entidad no firmarse el contrato respectivo o cambia las condiciones de la convocatoria de la licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la dependencia o entidad, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que se hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición”.
Si el documento no existe, el presidente y su secretario están en un problema serio porque cancelaron una licitación sin sustento jurídico. Ruiz Esparza ha sido consistente en su reconocimiento que la ilegalidad es parte de su espacio natural desde hace más de dos meses. El 6 de noviembre, el secretario defendió con vehemencia en el Senado la obra y el proceso de licitación del tren rápido. “Nadie se inconformó”, dijo. “Al contrario, se tienen cartas de conformidad de tres de los principales oferentes”. Horas después, se presentó en El Noticiero de Televisa para anunciar que el presidente había revocado la licitación para “dar más transparencia y más claridad”. Al día siguiente, el secretario declaró en Radio Fórmula que cancelar la licitación “quizás no sea lo mejor para México… pero sí para que no haya cuestionamientos de ningún tipo”.
La realidad es diferente, y los cuestionamientos provocaron que frente a las denuncias sobre conflictos de interés y corrupción en su gobierno, el presidente designara a un secretario de la Función Pública, para que eche a andar acciones ejecutivas para instaurar declaraciones de intereses de funcionarios públicos, desarrollar mecanismos más amplios y profundos de transparencia, e investigar los posibles conflictos de interés en los que pudieran haber incurrido él o miembros del gobierno.
El nuevo secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, ya dijo que revisará la adjudicación de la obra pública, que recae en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para determinar si existen o no conflictos de interés. Si Andrade trabaja con integridad, tendrá en Ruiz Esparza el mejor caso dentro del gabinete para demostrar que el encargo del presidente va en serio. El desprecio del secretario de la ley es el punto de partida para determinar si sólo existe ceguera jurídica –no justifica que viole la ley-, o hay bases para determinar que las culpas que carga Peña Nieto son suyas. Desde principios del sexenio, el nepotismo empresarial del gobierno peñista ha sido una crítica sostenida, y se concentran en Comunicaciones y Transportes, el reino de quien hasta ahora es un secretario impasible.
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