Parafraseando al historiador Gastón García Cantú sobre lo que Anenecuilco en Morelos significó para la Historia de México, Ayotzinapa es una herida por donde sangra el país. La desaparición forzada de 43 jóvenes galvanizó agravios y protestas en el país, pero la expresión de descontento más grave, porque de sus decisiones y el nivel de confrontación que asuma contra el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se verán consecuencias para el país, es la que se vive con la elite empresarial. No la inició ese crimen, pero la crisis hizo pública la batalla entre esos sectores.
El Presidente dijo hace unos días que hay grupos interesados en desestabilizar a su gobierno. No los identificó, pero no se referiría en esos términos a la guerrilla que opera en el sur del país, o a la disidencia magisterial, que son dos grupos plenamente identificados y que no representan riesgo de ruptura nacional por sí solos. Tampoco puede pensar en los anarquistas, que no dejan de ser grupos sectarios y sin apoyo masivo. ¿A quién entonces se refirió el Presidente? A los únicos que, como históricamente se ha probado, si sus apoyos cambian de lado, a quien abandonan hunden.
Son algunos grupos empresariales, afirman en algunas oficinas en Los Pinos. El coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Arturo Escobar, dijo el viernes en una entrevista de radio, que quieren desestabilizar al gobierno, aunque hasta dentro de unos meses, anticipó, revelará sus nombres. Los peñistas no entienden cómo pudo crecer el conflicto sin una mano económica poderosa que meciera la cuna. Sin autocrítica alguna, ven al enemigo afuera, sin reflexionar cuánto la reforma fiscal y la entrega irregular de obra pública a grupos cercanos al Presidente que incurrió en conflictos de interés y corrupción, fueron los multiplicadores de la ingobernabilidad por la oposición abierta al gobierno.
El 3 de septiembre pasado se publicó en este espacio: “El Presidente… tiene que saber que la ola que habla de corrupción en su gobierno crece cada semana... La percepción que hay una sed insaciable en su administración por el dinero fácil y sucio, es la mayor en más de medio siglo… Comisiones de 25% para entrega de obras públicas y viviendas..; mal uso de fondos públicos para casos de emergencia... Grupos beneficiados en licitaciones... Presiones a inversionistas para que escojan como compañeros de aventuras empresariales a los amigos y a los cercanos”.
Coincidió esta creciente molestia empresarial con la publicidad en medios de la película La Dictadura Perfecta, producida por Televisa con el apoyo del EFICINE, el Estímulo Fiscal de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional, por 20 millones de pesos. Dirigida por el cineasta Luis Estrada, se convirtió en una de las películas más taquilleras. La película parece un sketch, y aunque llena de lugares comunes, al ser bien presentados en el guión y los parlamentos, causan risa.
Pero si uno piensa en los efectos de la inopinada propaganda subliminal, la idea incubada es poderosa: una empresa televisora pone y quita presidentes, les administra sus crisis y cuando sus clientes se convierten en lastre para sus intereses económicos, los desecha. Los personajes de carne y hueso detrás de la parodia son el vicepresidente de Televisa encargado de las relaciones políticas Bernardo Gómez, y Sergio Meyer –que interpreta supuestamente a Peña Nieto-, yerno de Jaime Camil, quien cayó de la gracia presidencial desde que buscó interceder por Oceanografía y recientemente frustrado competidor en la licitación del tren rápido México-Querétaro.
La Dictadura Perfecta motivó una amplia repulsión a los usos y costumbres de la política mexicana, sintetizados en la figura del Presidente, quien siguió recibiendo golpes. El más certero, por su alcance y repercusión fue la revelación de las majestuosas propiedades de su esposa, obtenidas mediante la gestión inmobiliaria de su amigo, empresario y financiero de la campaña presidencial en 2012, Juan Armando Hinojosa quien, por cierto, había ganado la licitación del tren rápido. En Los Pinos, las mente fáciles y lineales, están convencidas que todo está tramado por las élites contra el Presidente.
Pero la revelación sobre el conjunto de casas de la señora Angélica Rivera, que tanto los incendió y desubicó, difundida en Aristegui Noticias y Proceso, fue resultado de una investigación de seis meses de un equipo de periodistas con el apoyo de la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS y el Centro Internacional para Periodistas en Washington. No responde a conspiración alguna; la señora, con el aval de su esposo, mostró parte de las casas hace meses en la revista Hola, antes de que abriera Los Pinos para mostrar su glamour ante las cámara de Marie Claire.
La Presidencia vive los costos de sus errores, por sus abusos y arrogancias. ¿Hay razones para pensar que las élites empresariales actúan con perversidad contra el Presidente? La pregunta se contesta con otra pregunta: ¿por qué se tienen que soportar la soberbia, los conflictos de interés y la corrupción? Las élites se quebraron como reacción a las acciones de la cúpula en el poder, y su ruptura se inscribe, cierto, en el frenesí de la agitación nacional. Pero buscar en ellas al enemigo es un despropósito, y la ratificación que después de 60 días de crisis por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, aún no termina de comprender lo que, con sus acciones y omisiones, ha hecho en esta administración.
