El Congreso de Guatemala se encuentra bloqueado por cientos de manifestantes que exigen retirarle el fuero al presidente Otto Pérez Molina, quien enfrenta acusaciones de dirigir una estructura delincuencial dedicada a la defraudación aduanera.
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Pérez Molina se aferra; no dimitiré, dice Comisión investigadora ordena desaforar al presidente de Guatemala Procuraduría pide renuncia de Pérez Molina Este martes 158 diputados fueron citado esta tarde a una sesión ordinaria del Congreso en la que el único punto de agenda será abordar el informe de una Comisión Pesquisidora integrada la semana pasada para pronunciarse sobre una denuncia penal contra Pérez. Dicha comisión recomendó el sábado retirar la inmunidad al mandatario. La decisión está ahora en manos del pleno, que debe decidir con al menos dos terceras partes del total de diputados, equivalente a 105 votos.
El presidente del Congreso Luis Rabbé, convocó para este martes a los 158 diputados para analizar el informe efectuado por una comisión pesquisidora, en la que se recomienda el retiro de la inmunidad para Pérez Molina. El legislador, de la agrupación de oposición Libertad Democrática Renovada (Líder), dijo que el único punto de la sesión plenaria este martes será “el antejuicio al presidente”. Pérez Molina fue acusado el viernes 21 de agosto por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de dirigir una millonaria red de corrupción en el ente recaudador de impuestos.
La investigación de las autoridades señaló al mandatario de comandar la supuesta trama en complicidad con al menos 28 personas detenidas, incluida su ex vicepresidenta (2012-2015) , Roxana Baldetti, quien se encuentra en prisión.
El MP y la Cicig denunciaron a Pérez Molina el viernes 21 de agosto y la Corte Suprema de Justicia avaló la acusación, por lo que la trasladó al Congreso, quien a su vez creó una comisión pesquisidora para investigar el tema.
Los cinco miembros de la comisión –tres opositores y dos oficialistas– apoyaron unánimemente en su informe escrito el retiro de los privilegios para Pérez Molina, aunque la decisión final recaerá este martes en la votación de los 158 legisladores.
CIERRE EN CARRETERAS El cierre de los accesos al recinto legislativo se encuentra coordinado por la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP), una organización cuya cúpula enfrentó cargos por fraude y corrupción en años recientes. Aparentemente, con su acción buscan evitar que los diputados asistan a la sesión programada.
También se registran manifestaciones en accesos carreteros por parte del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), que piden la renuncia de Pérez, el voto nulo en los comicios del domingo y la convocatoria de un proceso de Asamblea Nacional Constituyente “popular y plurinacional”.
Estas acciones aumentaron la tensión, después de que el presidente Pérez ratificase el lunes su decisión de no renunciar al cargo, pese a multitudinarias manifestaciones de rechazo y a diversos llamados de organismos y sectores sociales y empresariales.
En un comunicado urgente, la cúpula empresarial guatemalteca aseguró haber presentado un recurso ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que se aperciba al presidente Pérez y a las fuerzas de seguridad para “garantizar el orden público y los derechos de la ciudadanía”.
El Comité Coordinador de las cámaras empresariales del país (CACIF) expresó su “rotunda” oposición a los bloqueos de carreteras y a “la manera intimidante con la que un grupo de personas intenta impedir el ingreso de los diputados al Congreso de la República”. “Estas son acciones que atentan contra derechos constitucionales que en nada contribuyen a la defensa de la legalidad y el bien común”, señaló.
