›De haberse concretado la central hidroeléctrica, México hubiera tenido la capacidad de abastecer de electricidad incluso a Centroamérica

Luis Léon y María Idalia Gómez lleon@ejecentral.com.mx / mariaidaliags@ejecentral.com.mx

La Central Hidroeléctrica (CH) Chicoasén II era uno de los 23 proyectos estratégicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en esta administración. Tendría una inversión de 442 millones de dólares, sería la primera en México en utilizar turbinas tipo bulbo de la más alta tecnología, emplearía a dos mil personas en su construcción en 180 hectáreas en Chiapas y generaría energía limpia para iluminar, por lo menos, 1.6 veces la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Una gran obra de infraestructura que, sin embargo, no será. El proyecto prácticamente ha sido cancelado por la CFE. Aunque no se ha dado a conocer públicamente, documentos e información en poder de ejecentral revelan que se ha incrementado el costo, en por lo menos 208 millones de dólares adicionales al precio del contrato original, teniendo la obra un avance de tan sólo 17%, y como ya no es redituable invertirle más, se declarará como un proyecto inviable.

Esta decisión no se ha formalizado debido a que al interior de la Comisión Federal de Electricidad se discuten los montos que deberán pagarse a las empresas involucradas Omega Construcciones Industriales S.A. de C.V.; Sinohydro Costa Rica S.A.; Desarrollo y Construcciones Urbanas S.A. de C.V., y CAABSA Infraestructura S.A. de C.V., por daños y por lo que será la terminación anticipada del contrato.

En este momento se estima un pago que alcanza los 100 millones de dólares a las empresas, sólo por la terminación anticipada del contrato. A esta cifra habría que sumar el sobrecosto estimado por la propia CFE que es de casi 100 millones de dólares; el pago de daños a las compañías constructoras por el paro de la obra que alcanzaría los 50 millones de dólares; así como los casi cinco millones de dólares que se invirtieron para “atender problemas sociales” en la zona. Y por último falta pagar las subestaciones, transformadores y las turbinas, así como el costo por su almacenaje ya que no existen las condiciones para llevarlas a la obra; además de medir el impacto económico por la pérdida por lo que se dejará de producir en energía.

“El monto de inversión reportado en cartera es por 442 millones de dólares, que no puede incrementarse más de 20% para estar dentro de los parámetros de rentabilidad y mantener los números positivos. El proyecto ya tiene un sobrecosto que al último corte supera los 70 millones de dólares, que equivale a más de 15%, lo que prácticamente supera los parámetros de rentabilidad”, establece uno de los documentos consultados por este semanario.

Lo que por ahora es calificado en los pasillos de la CFE y de la Secretaría de Hacienda como uno de los más costosos fracasos de la empresa y que formaba parte de los proyectos de inversión estratégicos, tiene varios responsables, de acuerdo a los documentos y a las fuentes de primer nivel que verificaron la información: la dirección de la CFE y sus áreas especializadas, como el Grupo Técnico Especializado en Ejecución y Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión (GTE); la Secretaría de Gobernación y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), dependiente de la Confederación Nacional de Trabajadores (CTM).

Desde sus inicios la obra provocó conflictos sociales en el territorio chiapaneco que no fueron resueltos por los actores responsables. Se instaló una mesa de negociaciones en la Secretaría de Gobernación que no funcionó y no desactivó las disputas. Por parte de la directiva de la CFE durante 2016 y ante los problemas locales, no diseñó a tiempo una estrategia para aminorar el costo económico, y su falta de capacidad de negociación con SUTERM paralizó la obra, debido a que este organismo frenó la construcción por disputas con sindicatos en la entidad.

Hasta ahora, la construcción de la Hidroeléctrica Chicoasén II lleva 315 días en suspensión temporal y parcial. Esto significa que la obra civil está totalmente parada y se señala como parcial porque sólo se continuaba la construcción de los equipos esenciales para la obra: subestaciones, transformadores y turbinas, entre otros.

El retraso se ha traducido en sobrecostos y pérdidas para el erario público, porque una obra que debería tener en este momento más de 60% de avance y estar operando en 2018, en realidad lleva 17% de avance. Esta es la historia de una obra que la inoperancia política y las omisiones llevaron al fracaso.

La más moderna

Desde la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada y la Subdirección de Proyectos y Construcción de la Comisión Federal de Electricidad, se presentó en 2014 el proyecto hidroeléctrico Chicoasén II, que significaría una potencia instalable de 240 Megawatts y una inversión calculada en 5 mil 573 millones de pesos.

El proyecto se ubicó en Chiapas, en el municipio de Chicoasén, a 43 kilómetros al norte de Tuxtla Gutiérrez. Desde su presentación se contempló la edificación de 142 obras asociadas: 77 obras sociales y 65 proyectos productivos, beneficiando aproximadamente a 20 mil habitantes en el estado de Chiapas, con una inversión de 105.8 millones de pesos, señalaba entonces el proyecto de inversión.

Como parte del Sistema del Alto Grijalva, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó a la Comisión Federal de Electricidad la construcción de la que sería la quinta presa hidroeléctrica en el estado de Chiapas. Lo que le permitiría a la CFE “reaprovechar” el caudal de lo que ahora denominaron Chicoasén I y el embalse de la presa Malpaso.

De acuerdo con el Manifiesto de Impacto Ambiental, se construiría una cortina de concreto con una altura de 30 metros que se ubicaría a 8.5 km aguas debajo de la presa Chicoasén I (que se puso en marcha en 1981), para aprovechar el cauce del río Grijalva, con la cual se daría pie a un embalse, área inundable “con mayor grado de perturbación”, y cercanía con la Central Hidroeléctrica Chicoasén, que inundaría en su nivel de aguas máximo ordinario un promedio de 188 hectáreas.

De acuerdo a lo programado, este proyecto podría haber generado cuatro mil empleos: dos mil directos y dos mil indirectos durante la construcción de la central. Al finalizar su edificación 35 empleos directos para su operación serían permanentes.

También se estimaba que tendría una derrama económica para Chiapas de mil 672 millones de pesos. Y se calculó la inversión potencial en el estado por 250 millones de pesos adicionales.

Se tenía programado tres años seis meses para su construcción y con fecha de entrega en diciembre de 2017. Los costos se dividirían en inversión de obra pública financiada en cuatro mil 944 millones de pesos y 629 millones de pesos más como inversión presupuestaria.

> El retraso se ha traducido en sobrecostos y pérdidas para el erario público, porque una obra que debería tener en este momento más de 60% de avance y estar operando en 2018, en realidad lleva 17% de avance.

La cortina de la presa se ubicaría en una zona que comprendería por sus márgenes al municipio Chicoasén y San Fernando, localizados en la región Central de Chiapas, en lugar denominado La Cuevita que, según la CFE, arrojó las mejores ventajas para el aprovechamiento del río Grijalva, en el tramo comprendido por la presa Chicoasén y la parte final del embalse de Malpaso.

Entre las obras adicionales a la cortina sobresale un canal a cielo abierto, mediante el cual sería desviada el agua. También la casa de máquinas que alojaría tres turbinas tipo Kaplan, un túnel carretero de 319 metros de longitud, con sección portal de ocho metros de base y siete de altura.

Este proyecto se encuentra incluido y denominado en la cartera de proyectos del Programa de Obras de Inversiones del Sector Eléctrico (POISE 2011-2025), como proyecto Copainalá, previendo iniciar operación en el año 2017, y serviría para contribuir a satisfacer la creciente demanda de la región oriente del país e incrementar el porcentaje de generación eléctrica en la CFE con energías renovables.

La central generaría 591 Gigawatts al año, electricidad suficiente para abastecer a 236 mil hogares; es decir, a más de 850 mil personas. Esto equivaldría a iluminar 1.6 veces a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Chicoasén II evitaría el consumo de 928 mil barriles de combustóleo o 998 mil barriles de diésel al año, con lo cual se dejarán de emitir a la atmósfera 294 mil toneladas de bióxido de carbono (CO2) al año.

Entre disputas y paros

En noviembre de 2013, los ejidatarios que verían afectadas sus tierras por la construcción de Chicoasén II aceptaron venderlas y eso permitió echar andar todos los trámites para la edificación de la hidroeléctrica. Para enero de 2015 la licitación ya había sido asignada y semanas más tarde, a principios de febrero, comenzarían los trabajos de construcción, que se había programado para prolongarse 42 meses.

Casi de inmediato comenzaron los conflictos. Primero con ejidatarios inconformes, que además de denunciar contaminación en la zona, aseguraron que no se les había cubierto el monto total pactado por sus tierras. Poco después apareció un conflicto mayor, los sindicatos locales.

Otro actor en la generación de conflictos han sido el Comité Ejidal de ejidatarios Básicos del Ejido Chicoasén, que ha denunciado la falta de cumplimiento de acuerdos desde la década de los años 80, tras la construcción de la presa hidroeléctrica Manuel Moreno Torrez (Chicoasén I). Los propietarios de tierra aprovecharon esta nueva obra para exigir indemnizaciones por sus tierras, además de demandar servicios de electricidad y exigir que no sean inundados más terrenos de las hectáreas que comprenden el proyecto, porque argumentan que la CFE no tiene la capacidad para asegurarles que las aguas no subirán y afectaran sus parcelas.

El 21 de octubre, policías estatales aprehendieron a Arturo Ortega Luna, activista opositor a la construcción de la presa hidroeléctrica Chicoasén II y abogado de los ejidatarios que se consideran afectados, porque serían inundadas más de 180 hectáreas de tierras ejidales de uso agrícola de indígenas zoques. Aunque el acuerdo con la CFE es que se reubicarían alrededor de 143 viviendas.

Pero no son las únicas inconformidades que tiene que hacer frente el proyecto del Chicoasén II. Desde hace 10 meses, el SUTERM mantiene cerrados los accesos a la obra civil, argumentando que las empresas contratistas, entre ellas Omega Construcciones, han empleado a personal local que no pertenece al sindicato y con sueldos inferiores a los establecidos en el contrato colectivo, desplazando con ello a sus agremiados.

Esta demanda detonó el cierre de la obra en más de 20 ocasiones, de manera intermitente, lo que obligó a la Comisión Federal de Electricidad declarar el cierre temporal y parcial de la obra, ante el bloqueo permanente de los accesos desde junio de 2016.

La determinación de la CFE ocasionó el reclamo de otra parte de los agremiados a la CTM, en este caso los transportistas, entre ellos la Federación de Trabajadores y Empleados de Chiapas (Catem), quienes exigieron continuar con los contratos que les estaban otorgando. La confrontación llegó a tal punto que el 10 de febrero de este año se suscitaron enfrentamientos entre camioneros de la construcción y obreros que mantienen tomados los accesos a la construcción de la presa desde hace más de 10 meses. Las demandas de estos últimos es que sean reconocidos sus derechos laborales, así como la exigencia de más trabajo y aumento salarial, y acusan a la diputada local María de Jesús Olvera Mejía de estar detrás de los intentos de reventar las protestas. ejecentral buscó a la legisladora del PRI-Verde Ecologista, quien quedó de regresar la llamada para una entrevista, pero hasta el cierre de esta edición no lo hizo.

Para la dirección de la CFE, la debilidad en el liderazgo del SUTERM en Chiapas generó estos conflictos, por lo que se sugirió de manera insistente que fuera designado un sucesor, que permitiera que otros sindicatos participaran aunque con menor número de contratos y de esta forma continuar con la obra. Esto nunca fue atendido por el sindicato.

Aunque se instaló una mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación, ésta no logró destrabar hasta ahora alguno de los conflictos.

Una de las medidas que adoptó la empresa productiva del Estado fue interponer 17 denuncias penales en contra de los grupos que mantienen tomadas las instalaciones de la obra de la presa Chicoasén II, sin que tuvieran algún efecto para terminar con el paro.

La CFE gastó, de acuerdo a los documentos, 77 millones de pesos “para la atención de los conflictos sociales”. Este monto incluye la compra de las tierras ejidales, pero también el apoyo a programas comunitarios que facilitaran el convencimiento de los pobladores.

Las pérdidas

Hasta ahora, la construcción de la Hidroeléctrica Chicoasén II contabiliza 315 días cerrada, tras la declaración de suspensión temporal de los trabajos. Únicamente los trabajos de ingeniería de gabinete, entre estos la manufactura del equipamiento de la represa como son las turbinas, subestaciones y transformadores, continuaron y ya se tienen listos los equipos, pero no pueden ser entregados a la CFE, por el paro de la obra; el retraso en la recepción de estos equipos, ha generado un sobrecosto que aún no ha sido cuantificado, porque depende del tiempo de almacenaje en el que deberán permanecer y, en su caso, el deterioro que puedan sufrir.

El retraso causado por los conflictos sociales ha generado ya un sobrecosto que, de acuerdo a los documentos consultados por este semanario, podrían alcanzar los 100 millones de dólares.

La Subdirección de Proyectos y Construcción, a cargo de César Fernando Fuentes Estrada, ha señalado en distintos reportes, que ante el retraso, la puesta en marcha de la hidroeléctrica debería retrasar su apertura para 2019 o más tiempo, dependiendo del estado de la obra civil, que podrían llevar de uno a dos meses para iniciar trabajos de obra civil nuevamente a partir de la fecha de solución del conflicto. Esto a pesar de que en el sitio oficial web Proyectos México oportunidades de inversión, administrado por la SCHP y Bancomext, se mantiene como fecha de término de la obra el 7 de octubre de 2018.

Ante este escenario, se comenzó a alertar desde el año pasado al director general de CFE, Jaime Francisco Hernández, que el proyecto dejaría de ser rentable si no se reiniciaba la obra y se definían esquemas de recuperación económica. Este año, el tiempo se agotó, la hidroeléctrica ya no es rentable y se decidió al interior de la empresa productiva del Estado buscar esquemas que permitan subsanar las deudas, los costos contraídos y amortizar el posible daño causado a las finanzas de la Comisión, comentaron fuentes de primer nivel.

Una de las opciones que se ha analizado es la venta de los equipos como turbinas, generadores y transformadores.

En una de las sesiones celebradas el último cuatrimestre del año pasado por el GTE, grupo que reporta directamente a Jaime Francisco Hernández, se reconoció que la obra debía tener un avance de 45%, pero en realidad sólo era de 17%, este número no se ha modificado hasta la fecha.

Para entonces, las empresas contratistas reportaban pérdidas por 90 días de suspensión de actividades, las cuales calcularon en 34 millones de dólares.

La empresa productiva del Estado comenzó a revisar qué porcentaje de ese monto le correspondía y debía pagar a las contratistas. Hasta ahora, no existe un acuerdo de pago, porque el daño reportado por las compañías se duplicó y sigue creciendo, ante la continuación del bloqueo de las obras.

Otro de los gastos que este año se comenzó a revisar por el área jurídica de la CFE es el costo que se tendrá que pagar a las empresas por la terminación anticipada del contrato. El monto estimado hasta ahora alcanza 100 millones de dólares.

> 23 dependencias federales y órganos autónomos recibieron presupuestos para 2017 que están por debajo de lo que la CFE perderá por el cierre de Chicoasén.

• Las pérdidas servirían para cubrir al 100% los presupuestos de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Turismo para este año.
• El proyecto tendría capacidad para surtir energía eléctrica a cada vivienda de Tuxtla Gutiérrez, lo que significa que su cierre afectaría a una población de por lo menos 598 mil 710 habitantes.
• Para 2017, el gobierno federal asignó tres mil 600 millones de pesos para las obras de construcción del Túnel Emisor Oriente, las pérdidas en Chicoasén alcanzarían para cubrir tres veces ese monto.
• El monto perdido también alcanzaría para duplicar los recursos asignados para los fondos Regional, Metropolitano, para el Fortalecimiento Financiero y de Capitalidad, destinados para desarrollo regional de los estados.

Cargo al erario

El proyecto de Chicoasén II puede convertirse en un pasivo presupuestal para la hacienda pública, por el cambio de alcance de los proyectos y deberá ser remitido a la Unidad de Inversiones de la CFE, para que sea esta área la que determine la viabilidad de su pago.

La terminación anticipada del convenio de obra significaría su transformación en contratos de PIDIREGAS a presupuestales, suficiencia presupuestaria no contemplada en los ejercicios fiscales por lo que podría abrir boquetes en las finanzas públicas nacionales.

El 11 de mayo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la disposición específica “criterios para considerar que un incumplimiento o adeudo de una persona ocasiona daño grave a la CFE o a sus empresas productivas subsidiarias”, la cual establece en su fracción III, que por causas imputables en materia de obras y servicios, se retrase la terminación de cualquier obra o su aceptación provisional o la entrada en operación de un proyecto de la CFE, por más de treinta días naturales contados a partir de la fecha de terminación de la obra o de la entrada en operación del proyecto de que se trate, establecida en el contrato o en el respectivo convenio formalizado.

Es así que el proyecto de Chicoasén II estaría en falta por la acción u omisión de los funcionarios públicos que, de acuerdo a los documentos consultados por ejecentral, no diseñaron alternativas viables que solucionaran el conflicto social y permitiera la reapertura de la obra, que ya tiene 10 meses cerrada, representando pérdidas para la empresa productiva del Estado.