La confirmación que parte de los restos encontrados en el basurero de Cocula pertenecen a Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron secuestrados y asesinados por las policías municipales y la banda criminal Guerreros Unidos la noche del 26 de septiembre, obliga a que la justicia plena para encontrar a todos los culpables del asesinato masivo toque a la clase política. Está en la cárcel parte de los presuntos responsables criminales y la PGR va tras el resto. Siguen impunes, empero, aquellos que por omisión o comisión crearon las condiciones para este episodio calificado como “barbarie”. Estos no son clandestinos, ni están prófugos. Son cinco políticos, para empezar, miembros de las tres corrientes que controlan al PRD.
A lo largo de casi 70 días, las autoridades le han dado la vuelta a entrar a ajustar cuentas legales con ellos. Lo que han hecho es un encubrimiento y otorgar blindaje al gobernador con licencia, Ángel Eladio Aguirre, y a los líderes del PRD, quienes apoyaron, encumbraron y protegieron al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, que convirtió a las instituciones en Iguala en parte orgánica del crimen organizado, de la mano de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, miembro de una familia donde cuando menos 15 de sus familiares, dirigían una banda que operaba en Tierra Caliente, Guerrero y Morelos, dedicados al narcotráfico, secuestro y extorsión.
La imagen pública de la izquierda reformista, la aliada del gobierno en el Pacto por México, resultó lastimada por su respaldo a Abarca, pero al mismo tiempo se mantiene impune ante cualquier otra comisión de delitos. El presidente prometió que irían al fondo para esclarecer la barbarie de Ayotzinapa, y el procurador Jesús Murillo Karam, afirmó el domingo que la investigación seguirá abierta, “tope donde tope”. Parece un juego de palabras, porque jurídicamente está cerrada la investigación. Si se mantiene abierta es para capturar al resto de los responsables materiales y, por supuesto, saber quienes son los políticos que allanaron el camino para el crimen en Iguala.
Estos responsables políticos, tienen que rendir cuentas claras. Pero hay que ser cuidadosos. No por ser responsables del poder de Abarca, automáticamente son culpables de asesinato. Son cosas diferentes que deben dilucidarse. Se debe comenzar por investigarlos formalmente. El gobernador con licencia Aguirre es por donde habría que empezar y que deje ser visitante frecuente, como él mismo afirma, del despacho del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Murillo Karam. ¿Por qué Aguirre?
Por dos razones. La penal, porque sí se le puede imputar el crimen por omisión en sus responsabilidades, que él evade con la justificación que dio aviso de lo que sucedía. La política, porque fue quien encabezó en 2012 la mesa donde cinco miembros del PRD decidieron las candidaturas en Guerrero. No sólo fue la de Abarca en Iguala, sino de la de otros siete presidentes municipales que hoy están son investigados por la PGR por su presunta vinculación con Guerreros Unidos, Los Rojos y Los Caballeros Templarios. En esa mesa estaba Sebastián de la Rosa, el principal protector de Abarca, miembro de Los Chuchos y estrechamente relacionado con el ex líder del partido, Guadalupe Acosta Naranjo.
Asimismo el ex senador y primer secretario de Desarrollo Social de Aguirre, David Jiménez Rumbo, también participó en esa mesa. Jiménez Rumbo, líder del PRD en Guerrero, afirmó en una entrevista que Los Chuchos lo tienen vetado porque se opuso a la candidatura de Abarca. Sin embargo participó en la aprobación de las candidaturas, como representante de Alternativa Democrática Nacional, que dirige Héctor Bautista, actual secretario general del PRD, y nunca expresó antes del crimen, haber disentido por Abarca.
Otro participante de las decisiones fue Víctor Aguirre, sobrino del gobernador con licencia, como representante de Izquierda Democrática Nacional, que dirigen René Bejarano y su esposa, la senadora Dolores Padierna, quienes lo destaparon en marzo como su candidato al gobierno de Guerrero. El quinto en la mesa fue Jesús Evodio Velázquez Aguirre, secretario general del PRD en el estado, y líder de la corriente Nueva Mayoría, filial de Los Chuchos, quienes lo quieren como candidato a la alcaldía de Acapulco. En enero fue destapado en un evento donde la figura central fue el fundador de la corriente, Jesús Ortega.
La mesa de los cinco fue avalada por el entonces líder nacional del PRD, Jesús Zambrano. Zambrano ha buscado deslindarse de Abarca, al igual que el resto de los cinco que lo eligieron candidato. Sus jefes políticos, Los Chuchos, Bejarano y Bautista, hablan del tema como si no fueran culpables del encumbramiento del ex alcalde, pese a los antecedentes criminales de la familia de su esposa. Y salvo Aguirre, ninguno de ellos ha sido llamado a declarar en la PGR.
Apoyo político no es ser culpable del crimen, pero todos ellos tienen que aclarar porqué si eran públicas las relaciones criminales del matrimonio Abarca-Pineda Villa, lo respaldaron. Dentro de las cúpulas del PRD aseguran que como pago, Abarca les daba dinero, lo que de confirmarse, supondría que el gobernador y las corrientes que controlan al PRD, recibieron recursos del crimen organizado. Esto deberá ser trabajo del Ministerio Público Federal. Lo único claro por ahora, en su caso, es que Abarca era uno de los suyos, no sólo hasta el 26 de septiembre, sino inclusive después de haber sido la pieza central del crimen en Ayotzinapa.
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