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Para Alfonso Durazo Montaño los enemigos del país están en las calles, son los que delinquen y ejercen la violencia. Pero también están dentro de las instituciones. Su lucha, pues, tiene dos frentes.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana da cuenta de lo que descubrió al tomar el control de todas las áreas federales de seguridad e inteligencia civil: el desvío “sistemático” de recursos que, en lugar de garantizar la paz en el país, se utilizaron para intereses partidistas y hasta beneficios personales de los políticos en el poder de los últimos gobiernos.
El resultado: una violencia no vista desde la época revolucionaria y un crimen organizado que ha evolucionado “dramáticamente”.
Por todo esto, reveló a ejecentral, ya se presentaron denuncias penales ante la Fiscalía General de la República y hay investigaciones en la Secretaría de la Función Pública.
“Los recursos se mal utilizaron, se desviaron. Se fueron al confundir los intereses del partido en el poder, con los intereses del Estado e incluso con los intereses personales de los funcionarios públicos. Estas instancias (de seguridad e inteligencia), no obstante su capacidad tecnológica y en recursos humanos, terminaron siendo deficientes en virtud de que desvirtuaron su función”.
Su diagnóstico podría resumirse en que hubo un “proceso de descomposición” que se dejó crecer. Uno de esos signos fue que a los líderes criminales más importantes de México, Nemesio Oseguera
El Mencho
e Ismael
El Mayo
Zambada crecieron “al amparo y complicidad del gobierno”.
Durazo reconoció que en el despliegue de la Guardia Nacional hubo deficiencias por falta de infraestructura, pero asegura que este cuerpo de seguridad llegó para quedarse y será imprescindible para resolver la inseguridad en México.
Todo esto, aseveró, ya “se acabó de un plumazo” con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Llegó para quedarse
De lo que más le interesa hablar a Alfonso Durazo es la Guardia Nacional. Al fin y al cabo él es quien está dando forma a este cuerpo que se plantea será de élite, y que nació por instrucciones del presidente López Obrador.
En el despliegue inicial hubo deficiencias por la falta infraestructura, reconoció. Pero fue sólo el arranque, porque este cuerpo de seguridad, soltó en un tono de voz seco, “llegó para quedarse” y es imprescindible para resolver el problema de la inseguridad.
Pero la transición apenas comenzó, llevará 17 meses más. La Policía Federal formalmente ya desapareció, y toda su infraestructura, recursos humanos, equipo y tecnología los absorberá la Guardia para “optimizar” su misión. Pero este camino no ha sido terso. Durazo Montaño se topó con la rebeldía de un sector de policías que pelean por sus derechos laborales.
›Los obstáculos serán sorteados, porque aspira, como pionero de la estrategia de seguridad en la 4T, “dejar un país en paz y tranquilidad” en 2024.
Reconoció que recibieron “un país al borde del sálvese quien pueda”. ¿Nos definiría a detalle qué es lo que encontró en materia de seguridad, cómo recibió a la extinta Comisión Nacional de Seguridad?
—Lamentablemente fue un proceso de descomposición del ámbito de la seguridad, del ámbito económico y en muchos otros, particularmente en el de la falta de oportunidades para los jóvenes, que desembocaron en niveles de violencia lamentablemente altos, nunca vistos desde la época de la Revolución. Ya a nivel interno vienen cuestiones de carácter administrativo, ya denunciadas públicamente que están en el proceso correspondiente en la Secretaría de la Función Pública y también ante las autoridades de procuración de justicia.
Ha referido un desmantelamiento institucional, en el ámbito de la Policía Federal particularmente. ¿Qué encontró en esas áreas?
—Primeramente, con una visión de conjunto, hay que ver que las instituciones de seguridad eran altamente ineficaces.
Si hubiese sido lo contrario, nuestro país no estaría en una espiral de violencia que inició en 2006, cuando el presidente Calderón decide sacar al Ejército y a la Marina a las calles; habla de que las instancias civiles de seguridad no tienen en ese momento capacidad para enfrentar por sí solas al crimen organizado, en aquel tiempo se habló de que sería por un periodo de 10 años; lamentablemente pasaron los 10 años y eso no sucedió.
Añade: “Sucedieron dos cosas: por un lado, el recurso exclusivo de la fuerza policial y militar, pero contradictoriamente mientras más fuerza se aplicaba más violencia había en el país; y la otra, el crecimiento exponencial del presupuesto destinado a seguridad junto con el crecimiento exponencial de la incidencia criminal. ¿Qué significa? Que ni el recurso por sí solo, ni la fuerza policial por sí sola son capaces de resolver el problema de la violencia e inseguridad.
Sobre los recursos, adelantó la compra del sistema de inteligencia de “Rafael” Advanced Defense Systems. ¿Qué ocurrió con esos recursos en materia de inteligencia? ¿Se tiene la capacidad?
—Yo creo que esas instancias, incluido el ahora Centro Nacional de Inteligencia (antes Cisen) tienen los recursos humanos y tecnológicos suficientes para cumplir una responsabilidad de inteligencia, lo que sucede es que los recursos se utilizaron mal, se desviaron.
“Estos recursos se fueron en esa confusión de partido en el poder, gobierno, Estado. Llegaron incluso a confundirse los intereses personales de los funcionarios públicos con los del gobierno e incluso con los del Estado cuando en estricto rigor no tienen absolutamente nada que ver. Consecuentemente estas instancias, no obstante su capacidad tecnológica y en recursos humanos, terminaron siendo deficientes en virtud de que desvirtuaron su función.
¿En cuánto se calcula el desvío de esos recursos? ¿Hay una cifra aproximada del despilfarro?
—No sé la cifra en lo específico, pero esta desviación fue por años, es una desviación de carácter histórico.
¿Sistemática?
—¡Sí, por supuesto! No escapó absolutamente ningún gobierno a esta práctica, unos más que otros, pero todos comprometidos con ella. Y eso se acabó en el gobierno del presidente López Obrador, y se acabó de un plumazo. No hay absolutamente ninguna posibilidad tolerada o de una desviación tolerada de los servicios de inteligencia. La poca o mucha capacidad de todo tipo que se tiene en la materia está destinada a combatir la criminalidad exclusivamente.
¿Habrá sanciones por este desvío de recursos? ¿Llegarán sólo a nivel administrativo?
—Nosotros no vamos a ponerle ningún límite a ninguno de los procesos administrativos o legales que hemos iniciado. No corresponde a la Secretaría de Seguridad definir hasta dónde. Es hasta donde la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República estimen pertinente en función de los elementos que les hemos aportado.
Agrega: “Pero estimamos que hay elementos suficientes para sancionar más allá de una amonestación administrativa a quienes formaron parte del proceso de adquisición de este recurso de inteligencia llamado ‘Rafael’, que es un instrumento de inteligencia sumamente potente, que diversas investigaciones del mercado nos han llevado a concluir que fue comprado en 3.5 veces su valor de mercado: se pagaron 50 millones de dólares de esa adquisición y nos dejaron una deuda de 70 millones de dólares
¿Podrían ir a prisión quienes lo adquirieron?
—Las autoridades competentes lo establecerán. Nosotros estimamos que no era procedente pagar los 70 millones de dólares que todavía se adeudan y fuimos demandados por ese pago que no negamos a hacer, en contra partida nosotros presentamos una denuncia ante la Función Pública y ante la Fiscalía General de la República.
“Tres opciones nomás”
En palabras del encargado de la Seguridad Pública a nivel federal, la visión basada en el uso exclusivo de la fuerza fue cancelada, y se amplió a utilizar la fuerza pública como último recurso, ponderando la generación de oportunidades de empleo, educativas, acceso a la salud y de “sobrevivencia económica”, particularmente para los jóvenes, en quienes, sostuvo, se incubó un ejército de reserva para el crimen organizado ante la falta de oportunidades.
Durazo pone de ejemplo la situación de Bavispe, en la sierra de Sonora, su pueblo natal, conformado por mil habitantes, en donde, dijo, sólo se aspira a tres opciones de vida para los jóvenes, y una de ellas es engrosar las filas del crimen organizado.
“Hay tres opciones nomás: la primera, la más exitosa es irte a trabajar a Estados Unidos como migrante; la segunda, menos exitosa, pero todavía aceptable, es irte a los cinturones de miseria de alguna ciudad cercana como Agua Prieta, Nogales o Hermosillo, donde vas a buscar y no encuentras lo que tampoco te da tu pueblo. Y la tercera es el crimen organizado. Pues así encontramos al país”.
Esta suma de factores deriva en esta “evolución criminal” de la que ha dado cuenta. ¿Podría ser más específico de cómo se da este fenómeno?
—El crimen organizado ha ido evolucionando de una manera dramática, alentado por las complicidades de funcionarios públicos. No hay en México y en el mundo crimen organizado que no haya avanzado de la mano de la protección policial, y al mismo tiempo no ha habido protección policial al crimen organizado que no haya estado patrocinada históricamente por un funcionario o por un alto funcionario o por un alto político. Eso se acabó.
El presidente López Obrador ha señalado que la gobernabilidad, lo político y el aspecto social son manejables, incluso se ha referido como ámbitos “papita”, pero a la inseguridad no la percibe igual. ¿Por qué se sigue fallando en esa cuestión, por qué es tan complejo de atender?
—Es tan complejo, en primer lugar, porque es un problema que viene de lejos, no es un problema que se construyó que se generó de la noche a la mañana. Es un problema que fue creciendo, que se dejó crecer a veces de manera involuntaria y otras por complicidades de tal manera que llegó a tener un impacto estructural, pero la creación de la Guardia Nacional representa para el Estado mexicano un instrumento que en su consolidación nos va a dar capacidad para enfrentar exitosamente a la criminalidad.
Legado. Alfonso Durazo aspira a que la Guardia Nacional tenga el nivel de profesionalización de las corporaciones europeas.
Enfatiza: “Hay quien dice que (la Guardia Nacional) es una quimera, lo mismo resolver el problema de la inseguridad. Pues no lo es, no es un sueño guajiro, es una posibilidad real, pero debemos de contar con los instrumentos y uno de ellos es la Guardia Nacional; la otra es una política social responsable de generar las oportunidades que históricamente le fueron negadas a la sociedad, particularmente a los jóvenes.
Derechos humanos
Para el exsecretario particular del entonces presidente, Vicente Fox, los otros puntos para atender el fenómeno de la inseguridad y la violencia tienen que ver con el combate eficaz a la corrupción en el cual, aseguró, se ha ido avanzando.
La capacitación y profesionalización de los elementos de seguridad, sumado con el trabajo para mejorar la condición socioeconómica de los policías en el país tanto federales como estatales y municipales son prioritarios, pues reconoció que “la Guardia Nacional aún en su eficacia, que la va a tener, será insuficiente si su trabajo no es complementado con un buen desempeño de las policías estatales y municipales”.
Con la guardia como piedra angular de esta nueva estrategia, ¿vislumbra algún riesgo con su puesta en marcha?
—En la puesta en marcha, absolutamente no. La verdad es que el proceso de creación de la Guardia Nacional ha sido histórico, porque el proceso legislativo duró dos meses, el proceso de creación presupuestal, administrativa, organizacional y operativa se llevó dos meses más.
“Pero, claro, inicia la Guardia con un despliegue de 70 mil hombres y hay lugares en el país donde todavía no tenemos un cuartel, pero eso no significa que no tengamos dónde ubicar a los elementos. No podemos detenernos a esperar a que haya cuarteles para la Guardia, pues un cuartel se puede llevar un año y, ¿qué pasa un año en términos de seguridad? Todo.
Organismos civiles insisten en advertir que la Guardia Nacional podría en su actuación violar derechos humanos. ¿Usted empeña su palabra de que esto no sucederá?
—Tenemos siete meses en el gobierno y no hemos recibido absolutamente ninguna recomendación motivada por el actual gobierno. Hemos recibido recomendaciones de derechos humanos, pero por 2010, 2011, 2012, 2013. Yo no sé por qué razón las tuvieron ahí apiladas.
“Esas organizaciones civiles creo que tienen una preocupación infundada y están basando sus temores en desempeños de los cuerpos de seguridad en gobiernos anteriores, que no tienen nada que ver con nuestra vocación democrática, con nuestro compromiso con la legalidad y particularmente con nuestro compromiso con el respeto a los derechos humanos”.
“Los recursos (para seguridad e inteligencia) se utilizaron mal, se desviaron. Se fueron al confundir los intereses del partido en el poder, con los intereses del Estado e incluso con los intereses personales de los funcionarios públicos”.
El compromiso entonces es…
—Nosotros no vamos a utilizar los cuerpos de seguridad para reprimir, nosotros no vamos a desviar un solo quinto de la seguridad para cuestiones personales, para combatir a adversarios políticos, nada. Las tareas políticas le corresponden al partido, las tareas de gobierno le corresponden a la administración y cada quien su ámbito de competencia y en el marco de la legalidad habremos de cumplir con nuestra tarea.
¿Cuál sería su legado en materia de seguridad? ¿Qué quiere dejar asentado antes de irse?
—Primeramente, creo que la creación de la Guardia Nacional tiene un carácter histórico, creo que llegó para quedarse y aspiramos a dejar como legado, no personal, sino del gobierno de la Cuarta Transformación, un cuerpo de seguridad consolidado, con reconocimiento social en virtud de su eficacia, de su honestidad y del sentido del deber en su desempeño. Y con ello quiero decir un órgano de seguridad con los más altos estándares internacionales comparables a otros cuerpos de seguridad pública.
—¿Cómo cuáles cuerpos de seguridad?
—Estamos hablando de una organización de seguridad pública con capacidad y niveles de profesionalización, capacitación, disciplina, sentido del deber, valores en general comparables a las organizaciones policiales más destacadas en el mundo: la Guardia Civil española, que tiene una formación homologada a la militar, aunque algunos griten aquí en el país; la Guardia francesa, que dependió hasta hace algunos años del Ministerio de Defensa; los Carabinieri en Italia; los Carabineros en Chile, son organizaciones policiales que tienen un alto reconocimiento basado fundamental en sus niveles de capacitación, entrenamiento y disciplina. Ese es uno de los valores fundamentales de la Guardia Nacional.
—¿Esa es su aspiración?
—Aspiro a dejar igualmente consolidado un proceso de paz y tranquilidad en el país, aspiramos a que la gente regrese a sus actividades normales que había perdido o que ha dejado en virtud de su temor a la inseguridad, a la violencia. Esperamos tener resultados perceptibles, valorables por la ciudadanía a partir del 2021. Y aspiro a dejar un país en paz y tranquilidad en 2024. Una paz consolidada, es decir, que el próximo gobierno herede de este del presidente López Obrador un país que haya dejado atrás los tiempos más negros de la inseguridad.
Complicidad gubernamental
Al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, se le mostró una fotografía con las imágenes de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y de Ismael El Mayo Zambada, cabecilla del Cártel de Sinaloa. Se le pidió decir lo primero que se le viniera a la mente al ver los retratos. Esto fue lo que contestó:
“Bueno, pues que son líderes de organizaciones criminales que se han consolidado al amparo de la complicidad del gobierno y que están lastimando con los mayores niveles de violencia al país, a la sociedad mexicana y también, particularmente, son promotores de consumos de droga crecientes a nivel de jóvenes en nuestro país”.
